La
parlamentaria señalo que desde la alcabala de La Romana en el municipio Piar
hasta llegar a Tumeremo, municipio Sifontes, se deben enfrentar no menos de 5
puntos de control, igual ocurre en el caso del Alto Caura y La Paragua, lo que
obliga a preguntarse cómo hacen los mineros para burlar el control militar y
pasar dragas, bidones de gasolina, armas y sustancias psicotrópicas por estos
puntos de control?
“La detención de
militares por comunidades indígenas yekuanas del Alto Caura es una muestra más
de la violencia desatada por grupos armados y componentes militares en los
municipios auríferos del estado”, así lo dio a conocer la diputada al Consejo
Legislativo del estado Bolívar por Acción Democrática, Nelly Frederick.
La parlamentaria
reveló que la violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas por
parte de funcionarios militares no es reciente, en el año 2013 se registró un
hecho similar en el sector de Urimán del municipio Gran Sabana, cuando la
comunidad pemón detuvo a 43 oficiales del Ejército por violación de los
derechos humanos.
“Tras la liberación
de los funcionarios se acordó la instalación de varias mesas de trabajo, donde
se analizaría la situación de los indígenas y se les presentaría planes de
trabajo alternos para su desmontaje, acciones que no se cumplieron al 100%”.
Fracaso Rotundo
Frederick, aseveró
que estos incidentes aunado a la alta rentabilidad del negocio del oro en la
entidad y el desorden con que fue aplicado el Plan Caura, conllevaron al
fracaso de esta iniciativa gubernamental cuyo principal objetivo era la
protección del ambiente.
A juicio de la
parlamentaria, estos elementos han facilitado el resurgimiento de la fiebre del
oro en la región, conllevando a que cada día más jóvenes vean en la minería una
fuente rentable para su sustento.
“Solo en la cuenca
del alto Caura, existen más de tres mil mineros trabajando con maquinaria de
tierra y de agua, sin contar los
daños causados en el parque Canaima y en los pies del Salto Ángel lo cual
constituye una total depredación del ambiente”.
Frederick, reveló
que por cada minero detenido por los cuerpos de seguridad cinco asumen su
tarea, ya que no se captura al financista, lo cual dificulta el accionar de los
organismos de seguridad e impide el resguardo del medio ambiente.
“La proliferación de
grupos armados que cobran su correspondiente vacuna en las comunidades
indígenas, así como las actividades ilícitas asociadas al tema de la minería,
como la prostitución de menores y el consumo de sustancias psicotrópicas, han
de ser un tema de seguridad de Estado, más aun cuando un amplio número de
habitantes de los municipios mineros denuncian la participación y la
complicidad de funcionarios militares en estas acciones”
¿Complicidad?
La parlamentaria,
aseguró que es imposible que las maquinarias mineras, dragas, mercurio y mangueras
lleguen a los campamentos sin la anuencia de los funcionarios militares, pues
ellos son quien controlan los caños de los río y las vías de acceso a los
municipios de sur del estado.
“Desde la alcabala
de La Romana en el municipio Piar hasta llegar a Tumeremo, municipio Sifontes
uno debe enfrentar no menos de 5 puntos de control, igual ocurre en el caso del
Alto Caura y La Paragua, lo que nos obliga a preguntarnos cómo hacen los
mineros para burlar el control militar y pasar dragas, bidones de gasolina,
armas y sustancias psicotrópicas por estos puntos de control?”.
Frederick, anunció que
en los próximos días solicitarán ante la comisión de minas del parlamento
regional, una investigación exhaustiva de estos hechos, con el fin de elevarla
al Gobierno Nacional.
“Como demócrata y
bolivarense debo velar por la preservación de nuestro medio ambiente, con el
fin de resguardar nuestra flora y fauna para las generaciones futuras y eso
pasa por controlar y paralizar la minería ilegal en nuestra región”. (Prensa AD)
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