La concejal señaló que mientras el hampa asalta establecimientos comerciales, clínicas, iglesias y panaderías, los funcionarios militares y policiales están custodiando los establecimientos comerciales, en búsqueda de productos regulados, situación que se ha convertido en un hecho normal, ante la crisis que enfrenta el país.

"El hampa tomó el control de Guayana bajo la anuencia del gobierno regional y municipal que no ha hecho caso omiso al clamor popular que exige un cese de la violencia en nuestras calles", así lo dio a conocer la concejal de Acción Democrática Aida González.

A juicio de la dirigente acciondemocratista está parsimonia con la que ha actuado los cuerpos policiales, es la que ha desencadenado que los ciudadanos no estén seguros en las clínicas, hoteles, supermercados o panaderías.

"Nadie, ni siquiera los seguidores del oficialismo pueden estar seguros cada vez que llevan a sus allegados a un centro de salud privado o a un hotel de la zona, ya que estos se han convertido en el blanco directo de organizaciones delictivas que ven en las actividades ilícitas la oportunidad de salir a la crisis político social que vive el país".

Problema de fondo

González fue enfática al señalar que el aumento de la inseguridad en el municipio esta correlacionada a la falta de oportunidades que posee la población activa de tener un empleo digno, que garantice el cumplimiento de las necesidades básicas del individuo en materia de alimentación y vivienda.

“Es injusto que en un municipio que cuenta con cuatro cuerpos de seguridad, Patrulleros de Caroní, Guardia Nacional Bolivariana, Policía del estado Bolívar y Policía Nacional, posee los elevados niveles de violencia, asesinatos y robo a mano armada del estado Bolívar como ocurre en Caroní, dónde ni siquiera en los cuadrantes del Plan Patria Segura o Patrullaje Inteligente operan a cabalidad”.

Destacó que ante este cumulo de violencia se hace necesario respuestas concretas en materia preventiva y de combate directo a la delincuencia, elemento que hasta ahora no se ha cumplido.

“Conforme se agudice la crisis alimentaria y la inflación en el país, continuará creciendo la violencia y la inseguridad, ante la pérdida del poder adquisitivo de la población y el impedimento de los venezolanos para satisfacer sus necesidades básicas”.

Violencia alimentaria

González, anunció que esta violencia ya se ha trasladado a los establecimientos comerciales que expenden productos regulados, donde banda de bachaqueros portan armas blancas y de fuego, agreden a mujeres, niños y adolescente, con el único objetivo de comprar a como dé lugar alimentos de primera necesidades o regulado para posteriormente venderlo con sobreprecio en el mercado negro.

Reveló que estas acciones han conllevado al cierre de los locales aledaños a donde operan los comercios, producto del miedo que padecen sus propietarios de ser saqueados o agredidos, por estos grupos que en la mayoría de los casos cuentan con el respaldo tácito de los organismos policiales que no hacen nada para combatirlos.

“La violencia en Ciudad Guayana esta desatada, ya no son solo las comunidades humildes que enfrentan los elevados niveles de violencia, son las clínicas, escuelas universidades, iglesias, comercios, que sufren los embates de una delincuencia, cada vez más osada ante la falta de voluntad de los organismo del Estado para ponerle coto a los delitos. Pese a los elevado niveles de violencia que enfrenta el municipio, hasta la fecha no se han presentado planes de acción por parte de los cuerpos policiales a las comunidades”.

La concejal indicó que llegó la hora de que los cuerpos policiales asuman su responsabilidad en el aumento del delito en Ciudad Guayana, y que las policías municipales y regionales sean intervenidas, con el fin de depurar estas instituciones y acabar de una vez con las mafias de seguridad que en ella operan.

“Durante los últimos años los cuerpos policiales de la región se han convertido en la guardia pretoriana de los establecimientos asiáticos, árabes, quienes son los únicos que cuentan las 24 horas del día con el Patrullaje Inteligente”. (Prensa AD)

   En poco más de 89 días 2015, en la entidad se han registrados más de 150 asesinatos, la mayoría de ellos a consecuencia del uso de armas de fuego, sin que hasta ahora las autoridades policiales establezcan los autores materiales de estos hechos 

Ciudad Guayana.- “Ciudad Guayana se ha convertido en una tierra sin Ley donde solo se imponen las balas, ante el fracaso de las políticas de seguridad y de prevención implementadas por los gobiernos nacional, regional y municipal”, así lo dio a conocer la concejal del Concejo Municipal de Caroní por Acción Democrática, Aida González.

Para la dirigente blanca en poco más de 89 días del año 2015, en la entidad se han registrados más de 150 asesinatos, la mayoría de ellos a consecuencia del uso de armas de fuego.

“Mientras los cuerpos policiales y especialmente la Policía del Estado Bolívar y Patrulleros de Caroní se encuentran cumpliendo funciones de Guardia Pretoriana en los establecimientos de comerciantes asiáticos y árabes, nuestros jóvenes, trabajadores y padres de familia son asesinados en las calles de Ciudad Guayana”.  

González aseguró que más del 70% de los módulos de seguridad del municipio se encuentran abandonados debido a la falta de personal y unidades, lo que deja a las comunidades totalmente desasistidas frente a los elevados niveles de criminalidad.

“Pese a la constantes solicitudes expuestas por los Consejos Comunales de Ciudad Guayana sobre la imperiosa necesidad de combatir la violencia y   delincuencia, y a pesar de que nuestra urbe ocupa el doceavo lugar como una de las ciudades más violentas del planeta, el asfaltado y las grandes concentraciones políticas continúan siendo las prioridades de los gobernantes de turno”.

Burla al pueblo              

La concejal calificó de burla la recolección de firmas en las comunidades por parte de las autoridades del Partido Socialista Unido de Venezuela, para promover a sus candidatos a las elecciones internas del partido de gobierno y en contra de la derogación del decreto de Obama, en el que califica a Venezuela como una amenaza potencial para su seguridad.

“Mientras el alcalde de Caroní, José Ramón López y el gobernador del Estado, Francisco Rangel Gómez, recolectan firmas en las comunidades de Cuidad Guayana, para defender los funcionarios del gobierno acusados de corrupción y violación de derechos humanos por
parte del Gobierno norteamericano, nuestros jóvenes y padres de familia son ultimados a manos del hampa, producto de su incompetencia para combatir el delito en la ciudad”.    

González aseveró que pese al relanzamiento en la entidad con bombos y platillos del Plan Patria Segura, dos dobles homicidios se registraron durante la madrugada del domingo de ramos, ante el casi nulo patrullaje desarrollado por los cuerpos policiales.

“Señores del Gobierno el hampa no discrimina, ataca por igual a la clase media, a trabajadores, alumnos y jóvenes se distinción de clases, ya que todos somos víctimas del hampa”.

La concejal afirmó que en los próximos días solicitará ante el Concejo Municipal de Caroní una revisión de las ordenanzas sobre el uso de motos en horas de la noche y la venta de licores ilegales, con el fin de incrementar las multas y sanciones.

“Si es cierto que estas acciones no representan la solución definitiva del problema de inseguridad que padece el municipio, constituyen un paliativo ante los elevados niveles de violencia que enfrenta nuestra ciudad”. (Prensa AD) 

Frente a la inoperancia del régimen para garantizarle a los jóvenes fuentes de empleo y seguridad la juventud acciondemocratista instó a los electores jóvenes del municipio a inscribirse en el REP para combatir con votos la inoperancia del régimen en resolvernos sus necesidades

Autoridades de la Juventud Acción Democratista del Municipio Caroní (JAD-Caroní) invitaron este lunes a toda la juventud guayanesa a inscribirse en el Registro Electoral Permanente, para impulsar los cambios políticos sociales que requiere el país a través del voto directo.

La solicitud de la juventud adeca busca impulsar la participación de los jóvenes en los próximos comicios electorales, que permitirán la elección de las nuevas autoridades parlamentarias a la Asamblea Nacional.

Ángel Rojas, Secretario Juvenil de Acción Democrática en el Municipio Caroní, aseveró que la participación de la juventud en los próximos comicios es importante para ejercer el voto castigo.

“Durante 16 años de revolución, los jóvenes venezolanos somos los que hemos llevado la peor parte, producto de las altas tasas de desempleo que enfrenta el país, tras el cierre de importantes empresas y el incremento progresivo de la violencia, que afecta directamente a nuestro jóvenes en las barriadas”.

Urbe violenta

Rojas, reveló que en materia de seguridad, Ciudad Guayana ocupa la décimo segunda plaza como unas de las ciudades más violentas del planeta y la tercera del país, sin que hasta ahora las autoridades municipales y regionales hagan algo para revertir este sombro panorama.

El secretario juvenil de AD, aseguró que de acuerdo a las estadísticas, la mayoría de las víctimas son jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y 25 años de edad, que deberían estar preparándose para trabajar por un mejor mañana.

“Señor alcalde, José Ramón López, y Gobernador, Francisco Rangel Gómez, a los jóvenes de Ciudad Guayana que integramos la tan cacareada Generación de Oro, los están matado como perros en las comunidades, sin que hasta ahora hagan algo para impedirlo”.

Rojas, destacó que la impunidad es uno de los principales flagelos que incrementa el número de hechos violentos en la ciudad, ya que la gran mayoría de los crímenes permanece impune. 

“Solo en el mes de febrero se registraron en la ciudad 45 asesinatos, de los cuales solo 2 de esos 45 acontecimientos se utilizaron arma blanca, evidenciando la facilidad que tienen los delincuentes en la calle para acceder a las armas de fuego y el fracaso de la Ley Desarme la cual tras más de tres años de su aprobación no ha logrado el desarme de la población civil”.

Votos contra la violencia

El dirigente juvenil acciondemocratista aseveró que el elevado número de hechos delictivos, evidencia la ineficacia de los cuerpos policiales para atacar el problema de la inseguridad en la ciudad.

“Este lunes hubo una importante balacera en el Centro Comercial Ciudad Altavista II y la policía estadal se presentó dos horas después de los hechos que milagrosamente no dejaron víctimas que lamentar. Como jóvenes demócratas exigimos que en el país haya más alimentos y menos balas, más oportunidades y menos balas, ya que el país se desangra día tras día ante la mirada indolente de sus autoridades”     

Secretario Juvenil de Acción Democrática en el Municipio Caroní, fue enfático al destacar que la revolución bolivariana no le da ningún tipo de garantías a la juventud Venezolana, ya que cada día que transcurre se incrementa el número de empresas que cierran sus puertas por faltas de insumos y materias primas.

“Frente a la inoperancia del régimen para garantizarnos a los jóvenes fuentes de empleo y seguridad la JAD Caroní insta a todos los electores jóvenes del municipio a inscribirse en el REP para combatir con votos la inoperancia del régimen en resolvernos nuestras necesidades”.

Rojas destacó para ello la importancia de contar con una Asamblea Nacional al servicio del pueblo y para el pueblo, en la que se legislen leyes en función de las necesidades de todos los venezolanos y no solo del régimen como ocurre en la actualidad, en la que la Asamblea Nacional se encuentra genuflexa a las necesidades del partido de gobierno y no del pueblo.

“Como demócrata impulsamos una Asamblea Nacional del pueblo y para el pueblo, que respete su rol legislador y autónomo con el fin de comenzar a construir la Venezuela de progreso y unidad, que requerimos todos los venezolanos”. (Prensa AD)  

   El parlamentario aseguró que la tendencia de querer achacar los responsabilidades personales a los pueblo o a un tercero, es propia de los regímenes autoritarios, situación que afecta a todos los venezolanos.

“El presidente de la Corporación Venezolana de Guayana General Justo Noguera Pietri, debería renunciar a su cargo al frente del organismo y sus pretensiones a ser postulado gobernador del estado Bolívar, para explicarle al país y especialmente a los guayaneses el por qué su nombre aparece en la lista del Departamento de Estado Norteamericano por el presunto cargo de violación de Derechos Humanos y corrupción”, así lo dio a conocer el diputado a la Asamblea Nacional por Acción Democrática, Freddy Valera.

El parlamentario, desestimó las declaraciones efectuadas por el alto funcionario a un diario de circulación nacional, a través de las cuales pretendía evadir su presunta responsabilidad en los hechos de los cuales se le acusa y transferírsela a los venezolanos.

“General Justo Noguera Pietri, usted como militar más que nadie sabe que los crímenes de lesa humanidad son cometidos por funcionarios públicos en representación del Estado y no por los pueblos, que los hechos de corrupción son responsabilidad de las personas que lo cometen y no de sus allegados; como demócratas no entendemos por qué se escuda en el noble pueblo de Venezuela y en condecoraciones para ocultar su presunta participación en los hechos que se le acusa, dé la cara y refute con gallardía, pruebas en las manos todas las acusaciones que sobre usted pesan”.

Tendencia autoritaria

Valera, afirmó que esta tendencia de querer achacar los responsabilidades personales a los pueblo o a un tercero es propia de los regímenes autoritarios, situación que afecta a todos los venezolanos.

“Es irrisorio que luego de 16 años en el poder, la destrucción de nuestro aparato productivo, una inflación galopante, la merma progresiva de nuestro poder adquisitivo producto de la devaluación más grande de nuestra historia política, la muerte de 24 mil compatriotas anual, el Gobierno y sus funcionarios, continúen achancando la responsabilidad de sus acciones a terceros y especialmente al pueblo venezolano”.                

El parlamentario, recordó a Pietri que las violaciones de lesa Humanidad no prescriben, por lo que lo que más temprano que tarde deberá aclararle al país los motivos que condujeron a esta calificación por parte del Departamento de Estado Norteamericano.

“Ni Venezuela ni los venezolanos constituyen una amenaza para Estados Unidos u otras naciones del hemisferio; hay que ser realista, una cosa son las sanciones internacionales que el Departamento de Estado Norteamericano hace a un país y otra muy distintas las que realiza en contra de sus funcionarios, como ocurre en Venezuela, la cual está basada en los elevados niveles de corrupción y la constante violación de los derechos humanos”.     

Aislamiento internacional

El parlamentario, reveló que las sanciones implementadas contra los funcionarios venezolanos por la violación de los Derechos Humanos, no son recientes y obedecen al irrespeto y desacato constante que ha mantenido el Gobierno de Nicolás Maduro sobre los pronunciamientos de  instancias como la Organización de Naciones Unidas (ONU), que a través de su Comité contra la Tortura y el Grupo de Trabajo contra las Detenciones Arbitrarias, ha realizado para exigir la libertad de los presos políticos  como el alcalde Metropolitano Antonio Ledezma,  Leopoldo López, el alcalde, Daniel Ceballos, entre otros líderes políticos  encarcelados por el simple hecho de pensar distinto, evidencia irrefutable sobre la criminalización de la protesta en Venezuela.

“Todos y cada uno de los pronunciamientos emitidos por los organismos internacionales encargados de velar por el cumplimiento de los Derechos Humanos en el mundo ha sido desechado y descartado por el Gobierno de Nicolás Maduro, que ha colocado a Venezuela a espalda del sistema internacional de justicia, mediante el incumplimiento de los Convenios y Tratados válidamente suscritos por la República, el gobierno venezolano ha propiciado el lamentable escenario que hoy presenciamos.” (Prensa AD)

    Para la parlamentaria es lamentable que a 26 años de los hechos del Caracazo, el gobierno de Nicolás Maduro continúe con la dicotomía revolucionaria de solicitar la investigación y el encarcelamiento de los culpables de la muertes y el uso excesivo de la fuerza de esos hechos y mande a los funcionarios policiales y militares pistola en mano a reprimir a nuestros jóvenes en universidades y casa de estudios.

“Es inaudito que un gobierno que se haga llamar humanista y que haya criticado el uso de armas de fuego durante los trágicos acontecimientos del 27 y 28 de febrero, conocidos como El Caracazo, hoy pretenda desconocer la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (Cidh), para auspiciar el uso de armas de fuego en manifestaciones públicas”, así lo dio conocer la diputada al Consejo Legislativo del Estado Bolívar por Acción Democrática, Nelly Frederick.

La diputada blanca señaló que la violación a la sentencia del organismo internacional pro defensa de los Derechos Humanos, que prohíbe al Gobierno Nacional el uso de armas de fuego durante manifestaciones y protestas públicas, solo busca atornillar al Presidente de la República en el poder, ante el creciente descontento popular por su incapacidad como mandatario.

“El único objetivo que busca el Gobierno Nacional tras la aplicación de la Resolución 8.610, que permite el uso de armas de fuego en manifestaciones públicas, es el de generar terror dentro de la población y evitar que nuevos venezolanos se sumen al descontento popular que se incrementa día tras días ante el fracaso continuado del régimen para resolver los problemas de todos los venezolanos”.

Cerco jurídico

Frederick, denunció que aunado al accionar violento de los funcionarios policiales de “disparar a discreción” contra manifestantes, el Gobierno Nacional pretende crear un cerco jurídico que permita reinterpretar la legislación a sus necesidades y coartar el legitimo derecho a la protesta y a la manifestación pacífica de todos los venezolanos.

“La aplicación de la resolución 8.610 aunada a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que proscribió las protestas espontáneas, solo busca coartar el derecho a manifestar de los venezolanos consagrado en el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece que los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establece la ley(…)Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.

 

Convictos y confesos

Para la parlamentaria la aplicación de políticas orientadas a incitar el odio y la violencia entre los venezolanos por parte del Gobierno Nacional no es nueva, mucho antes del ascenso del presidente Hugo Chávez al poder, los principales ministros del régimen fueron los que propiciaron el rompimiento del hilo constitucional en el país mediante dos intentonas golpistas.

“Nadie que empuñe un arma de fuego para matar compatriotas y hacerse del poder con la anuencia y el respaldo de un gobierno extranjero como el de Cuba puede hablar hoy en día de injerencia o magnicidio,   ya que sus manos siempre han estado manchadas de sangre”.

Frederick, aseveró que en el país no solo está en juego el estado de derecho, sino la continuidad del sistema democrático tan vapuleado durante 16 años de régimen revolucionario.            

“Es lamentable que a 26 años de los hechos del Caracazo, el gobierno de Nicolás Maduro continúe con la dicotomía revolucionaria de solicitar la investigación y el encarcelamiento de los culpables de la muertes y el uso excesivo de la fuerza de esos hechos y mande a los funcionarios policiales y militares pistola en mano a reprimir a nuestros jóvenes en universidades y casa de estudios”.

Salida electoral

La parlamentaria reveló que solo la tarde de este viernes cinco jóvenes fueron heridos de gravedad por acciones de protestas registradas en el núcleo Táchira de la Universidad de los Andes, que sumado a los deceso del joven de bachillerato evidencia el clima de violencia e ingobernabilidad que propicia el Gobierno Nacional.

“Como demócrata y madre de familia le exijo al estado la derogación de la resolución 8.610, para evitar que nuestros estudiantes y jóvenes continúen siendo asesinados a mansalva por los funcionarios policiales”.   

La parlamentaria cree que la salida a la crisis que enfrentan los venezolanos no está en la violencia sino en las urnas de votación, de allí la importancia de cada uno de los ciudadanos aplique el voto castigo en las próximas elecciones parlamentarias.

“Si la familia organizada no sale a votar masivamente en las próximas elecciones son pocos o avances que en materia democrática mantendremos los venezolanos, de allí la importancia de elegir hombres y mujeres comprometidos con el país que legislen por el pueblo y para el pueblo venezolanos” (Prensa AD)

  

     La concejal reveló que mientras cuerpos policiales reprimen a tiros a manif

estantes desarmados, hacen mutis ante el hampa, lo que evidencia la falta de compromiso y voluntad política para hacerle frente a la delincuencia, evidenciando el temor que mantienen frente a los delincuentes

“La falta de compromiso de las autoridades policiales y del propio alcalde de Caroní para combatir la inseguridad en la entidad, han permitido que en más de 6 años de gobierno revolucionario 5 mil guayaneses perdieran la vida a manos del hampa”, así lo dio a conocer la concejal de Acción Democrática ante el Concejo Municipal de Caroní, Aida González.

La concejal, reveló que estas cifras han convertido al municipio Caroní en la decimo segunda ciudad más violenta del mundo, obligando a los guayaneses a permanecer encerrados en sus hogares, por miedo a la violencia que se registra en las calles.   

“Solo el año pasado, se registraron en el municipio Caroní más de 530  asesinatos, los cuales en su mayoría permanecen impune; según fuentes policiales solo 48  homicidios fueron resueltos”.  

Falta de voluntad

González, aseguró que este elemento evidencia la falta de voluntad política por parte de las autoridades policiales y de gobierno para hacerle frente a uno de los principales problemas de la ciudadanía, la inseguridad. 

“Mientras los cuerpos policiales continúen siendo usados como guardias pretorianos de comerciantes asiáticos y árabes, para cuidarles sus negocios, el pueblo de a pie debe enfrentar completamente desasistido a los delincuentes que hacen de las suyas producto del halo de impunidad y la anuencia de funcionarios policiales y de seguridad”

La concejal, afirmó que en solo 55 días que han transcurrido del año 2015, se han registrado en el municipio 93 homicidios, promediando un asesinato cada 12  horas, cifra que es elevada, si se toma en cuenta el bajo nivel poblacional del municipio, unos 1.5 millones de habitantes.       

“De acuerdo a la Asociación Civil Mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, en la Guayana se registran 61,33 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo cual es comparable solo con regiones que enfrentan conflictos armados”.

Fracaso progresivo

“En aumento progresivo de homicidios y su correspondiente impunidad demuestran el fracaso de los 16 planes de seguridad implantados por el Gobierno Nacional entre ellos A Toda Vida Venezuela, Patria Segura, Patrullaje Inteligente”.

La concejal, aseveró que en más de 15 años de revolución el hampa se ha apoderado del estado Bolívar para imponer por la vía de la violencia su agenda de terror y muerte, ante la anuencia de los cuerpos policiales.   

“Mientras los cuerpos policiales reprimen a tiros a manifestantes desarmados, hacen mutis ante el hampa, ya sea por el temor que mantienen de hacerle frente o la complicidad que algunos funcionaros poseen con delincuentes”.

González, precisó que la construcción de una policía al servicio de los bolivarenses y que no esté al servicio del mejor postor, pasa por la recuperación del sistema democrático en el país, mediante el triunfo avasallador de a alternativa democrática en las elecciones de la Asamblea Nacional.

“Los cambios que requiere el país han de ser impulsado por vía democrática y para ellos es imperioso postular a los mejores hombres y mujeres, que legislen con el pueblo y para el pueblo y no al servicio de un modelo socialista en decadencia”.(Prensa AD).    

       La parlamentaria señalo que desde la alcabala de La Romana en el municipio Piar hasta llegar a Tumeremo, municipio Sifontes, se deben enfrentar no menos de 5 puntos de control, igual ocurre en el caso del Alto Caura y La Paragua, lo que obliga a preguntarse cómo hacen los mineros para burlar el control militar y pasar dragas, bidones de gasolina, armas y sustancias psicotrópicas por estos puntos de control?

“La detención de militares por comunidades indígenas yekuanas del Alto Caura es una muestra más de la violencia desatada por grupos armados y componentes militares en los municipios auríferos del estado”, así lo dio a conocer la diputada al Consejo Legislativo del estado Bolívar por Acción Democrática, Nelly Frederick.

La parlamentaria reveló que la violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas por parte de funcionarios militares no es reciente, en el año 2013 se registró un hecho similar en el sector de Urimán del municipio Gran Sabana, cuando la comunidad pemón detuvo a 43 oficiales del Ejército por violación de los derechos humanos.

“Tras la liberación de los funcionarios se acordó la instalación de varias mesas de trabajo, donde se analizaría la situación de los indígenas y se les presentaría planes de trabajo alternos para su desmontaje, acciones que no se cumplieron al 100%”.

Fracaso Rotundo

Frederick, aseveró que estos incidentes aunado a la alta rentabilidad del negocio del oro en la entidad y el desorden con que fue aplicado el Plan Caura, conllevaron al fracaso de esta iniciativa gubernamental cuyo principal objetivo era la protección del ambiente.  

A juicio de la parlamentaria, estos elementos han facilitado el resurgimiento de la fiebre del oro en la región, conllevando a que cada día más jóvenes vean en la minería una fuente rentable para su sustento.

“Solo en la cuenca del alto Caura, existen más de tres mil mineros trabajando con maquinaria de tierra y de agua, sin contar los daños causados en el parque Canaima y en los pies del Salto Ángel lo cual constituye una total depredación del ambiente”.

Frederick, reveló que por cada minero detenido por los cuerpos de seguridad cinco asumen su tarea, ya que no se captura al financista, lo cual dificulta el accionar de los organismos de seguridad e impide el resguardo del medio ambiente.

“La proliferación de grupos armados que cobran su correspondiente vacuna en las comunidades indígenas, así como las actividades ilícitas asociadas al tema de la minería, como la prostitución de menores y el consumo de sustancias psicotrópicas, han de ser un tema de seguridad de Estado, más aun cuando un amplio número de habitantes de los municipios mineros denuncian la participación y la complicidad de funcionarios militares en estas acciones”

¿Complicidad?

La parlamentaria, aseguró que es imposible que las maquinarias mineras, dragas, mercurio y mangueras lleguen a los campamentos sin la anuencia de los funcionarios militares, pues ellos son quien controlan los caños de los río y las vías de acceso a los municipios de sur del estado.

“Desde la alcabala de La Romana en el municipio Piar hasta llegar a Tumeremo, municipio Sifontes uno debe enfrentar no menos de 5 puntos de control, igual ocurre en el caso del Alto Caura y La Paragua, lo que nos obliga a preguntarnos cómo hacen los mineros para burlar el control militar y pasar dragas, bidones de gasolina, armas y sustancias psicotrópicas por estos puntos de control?”.

Frederick, anunció que en los próximos días solicitarán ante la comisión de minas del parlamento regional, una investigación exhaustiva de estos hechos, con el fin de elevarla al Gobierno Nacional.

“Como demócrata y bolivarense debo velar por la preservación de nuestro medio ambiente, con el fin de resguardar nuestra flora y fauna para las generaciones futuras y eso pasa por controlar y paralizar la minería ilegal en nuestra región”. (Prensa AD)                              

      Para el parlamentario esta nueva resolución evidencia el coraje y la gallardía que posee el titular del Ministerio de la Defensa para hacerle frente a la población civil y desarmada, así como su completa incapacidad y culillismo para enfrentar a la delincuencia organizada y grupos armados que mantienen en zozobra a los venezolanos.

“La reciente resolución 008610 del Ministerio de la Defensa, publicada en la Gaceta Oficial 40.589 que regula la actuación de las Fuerzas Armadas Bolivarianas durante manifestaciones, no es más que una patente de corso para masacrar a la población civil que disiente del régimen durante manifestaciones”, así lo dio conocer el diputado a la Asamblea Nacional por Acción Democrática, Freddy Valera.

Para el parlamentario el instrumento además de ser violatorio de la Constitución al desconocer el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en las manifestaciones pacíficas, le entrega la total discrecionalidad a los comandantes de operaciones de accionar su armas a discreción contra la población, lo cual constituye una violación flagrante a los Derechos Humanos. 

Adicionalmente la resolución viola el artículo 329, que delimita las funciones y responsabilidades de cada cuerpo de seguridad, al establecer que el Ejército, la Armada y la Aviación tienen como responsabilidad esencial la planificación, ejecución y control de las operaciones militares requeridas para asegurar la defensa de la Nación, mientras la Guardia Nacional cooperará en el desarrollo de dichas operaciones y tendrá como responsabilidad básica la conducción de las operaciones exigidas para el mantenimiento del orden interno del país, cuando la policía no esté en condiciones de hacerlo. 

“Los funcionarios militares del ejército, marina o aviación no están preparados para asumir el control de las manifestaciones públicas, pues su formación es para la guerra, por lo tanto sus actuaciones se no se ajustarán al cumplimiento y respeto de los derechos humanos”.

Objetivo la represión

Para el parlamentario esta nueva resolución evidencia el coraje y la gallardía que posee el titular del Ministerio de la Defensa para hacerle frente a la población civil desarmada y su completa incapacidad y culillismo para enfrentar a la delincuencia organizada y grupos armados que mantienen en zozobra a los venezolanos.

“Como demócrata nos preguntamos qué es más importante para el país, el control de las manifestaciones o la reducción de la inseguridad y la delincuencia que día tras día acaba con las vida de miles de venezolanos?, El titular de defensa lejos de presentarle al país una resolución violatoria de los Derechos Humanos debe presentar un programa para el desarme de los delincuentes y la reducción de violencia en las calles, con el fin de garantizar la seguridad de nuestro pueblo que es uno de los principales problemas del país”. 

A juicio del parlamentario, la resolución está legitimando la militarización del orden público y la creciente ola de criminalización y represión de las protestas.

“Solo el año pasado cuando se registraron más de 6.369 protestas contra el Presidente Nicolás Maduro, que desencadenaron la muerte de 43 venezolanos,  así como un sin número de violaciones a los Derechos Humanos cometidos por los excesos de los funcionarios castrenses, la mayoría de los cuales permanecen sin castigo”.    

Valera, recordó la fuerte golpiza que recibió hace casi un año Marvinia Jiménez, golpeada salvajemente por una funcionaria de la Guardia del Pueblo, la cual hasta la fecha permanece en libertad pese a que sus superiores conocen que contra ella pesa una medida de detención.

 “La nueva resolución 008610 del Ministerio de la Defensa no es más que un patente de corso otorgada a los militares para que defiendan lo indefendible, ante la incapacidad del régimen para resolver los problemas del país, como la escasez, inflación, inseguridad, pérdida del poder adquisitivo entre otros”. 

El dirigente político, aseguró solo los regímenes autoritarios y conscientes de su descalabro político frente al pueblo son capaces de accionar este tipo de resoluciones, que lo único que buscan es garantizara su permanencia en el Poder a toda costa.

“Frente a las balas y los gases lacrimógenos que ofrece el régimen, el pueblo lo que desea es alimentos para cocinar, empleos dignos y medicinas para salvar vidas”.

Inconstitucional

Valera, aseveró que la nueva resolución no posee fuerza de Ley por lo que su aplicación constituiría un delito, que sumado a la poca capacitación del componente militar para el control de orden público y materia de seguridad ciudadana, conforman el caldo de cultivo perfecto para la violación de los derechos humanos en el país y la masacre de ciudadanos.

“La sentencia de la Corte Interamericana en la demanda de las víctimas  Caracazo, un caso que es usado como bandera política por el propio oficialismo, limita a la fuerza militar en asumir funciones de seguridad ciudadana y el uso de armas de fuego en manifestaciones, lo que constituye una muestra de la dicotomía del régimen en sus actuaciones”.

El parlamentario, fue enfático al señalar que el uso indiscriminado de la armas de fuego en el país contra la manifestaciones pacificas, acarreara sanciones penales para los involucrados, pues su simple aplicación constituye una violación de los derechos humanos.(Prensa AD)