Durante los últimos años el Gobierno Nacional ha ejecutado nos menos de cinco planes auríferos, de los cuales las ideas solo han quedado plasmadas en el papel y los recursos en las arcas de los enchufados de turno elemento que ha contribuido al desastre ambiental y social que ha generado la fiebre del oro en Guayana.     

“La anarquía y la violencia que se registra en las minas al sur del estado Bolívar no se resuelve con la construcción de una nueva subsede del Banco Central de Venezuela en Guayana, sino a través del cumplimiento de las leyes y disposiciones legales que regulan la materia”, así lo dio a conocer el diputado a la Asamblea Nacional por Acción Democrática, Freddy Valera.

Para el dirigente político los elevados niveles de corrupción de los funcionaros militares desplegados en la zona, como lo evidenció el programa de investigación realizado por una televisora española y la participación activa de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), complican la ecuación.

“El tráfico de armas y drogas desde Colombia hacia Guayana para sostener la industria del oro, no es una escena de ficción es una realidad que le ha permitido a los grupos organizados contar con armas de guerra como R-15, Fusiles de Asalto Liviano, entre otras con que hacerle frente a un incursión militar”.

Valera, aseveró que en los recientes enfrentamientos entre bandas rivales por el control de las minas los organismos policiales y militares no han intervenido, porque el control está en manos de los grupos parapoliciales que allí operan.

“No se trata de ser anarquistas sino de hacer cumplir las leyes, pues solo por concepto de venta de oro (unas dos toneladas anuales), el país pierde miles de millones de dólares, que podrían ser invertidos en nuevos centros de salud, escuelas, de allí la importancia de un programa integral para el manejo de los recursos auríferos y mineros".

“Lobo cuidando ovejas”

Aunque coincidió con el planteamiento del directivo del Banco Central de Venezuela José Salamat Khan, en cuanto a la necesidad de automatizar la industria y hacer el manejo más transparente, el parlamentario considera que en la práctica esto no sea así, debido a los elevados niveles de corrupción que vive el país.

“Los guayaneses y especialmente los venezolanos no podemos confiar la entrega de nuestras reservas minerales y auríferas a una personas que estuvo bajo investigación cuando era Ministro de Industrias Básicas (Mibam) por presunto desvió de 500 millones de dólares banco ruso Gazprombank, investigación de la cual se desconocen los resultados”.

Valera, reveló que el estado venezolano ha sido el único responsable de la anarquía aurífera que se vive al sur del estado mediante la serie de expropiaciones y los elevados niveles de corrupción que se registraron en la estatal minera Minerven.

Durante los últimos años el Gobierno Nacional ha ejecutado nos menos de cinco planes auríferos, de los cuales las ideas solo han quedado plasmadas en el papel y los recursos en las arcas de los enchufados de turno elemento que ha contribuido al desastre ambiental y social que ha generado la fiebre del oro en Guayana.   

“La mayoría de los programas de automatización aprobados y ejecutados en CVG Minerven, conllevaron sobreprecio en su ejecución y algunos quedaron sin ejecutarse, lo cual llevó al cierre progresivo de la planta, razón por la cual desde Acción Democrática estaremos alertas par que los recursos que sean aprobados por el Ejecutivo Nacional, sean utilizados en el mejoramiento de la industria aurífera y no para engrosar las arcas de los enchufados de turno en los paraíso fiscales”.(Prensa AD).

       La parlamentaria señalo que desde la alcabala de La Romana en el municipio Piar hasta llegar a Tumeremo, municipio Sifontes, se deben enfrentar no menos de 5 puntos de control, igual ocurre en el caso del Alto Caura y La Paragua, lo que obliga a preguntarse cómo hacen los mineros para burlar el control militar y pasar dragas, bidones de gasolina, armas y sustancias psicotrópicas por estos puntos de control?

“La detención de militares por comunidades indígenas yekuanas del Alto Caura es una muestra más de la violencia desatada por grupos armados y componentes militares en los municipios auríferos del estado”, así lo dio a conocer la diputada al Consejo Legislativo del estado Bolívar por Acción Democrática, Nelly Frederick.

La parlamentaria reveló que la violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas por parte de funcionarios militares no es reciente, en el año 2013 se registró un hecho similar en el sector de Urimán del municipio Gran Sabana, cuando la comunidad pemón detuvo a 43 oficiales del Ejército por violación de los derechos humanos.

“Tras la liberación de los funcionarios se acordó la instalación de varias mesas de trabajo, donde se analizaría la situación de los indígenas y se les presentaría planes de trabajo alternos para su desmontaje, acciones que no se cumplieron al 100%”.

Fracaso Rotundo

Frederick, aseveró que estos incidentes aunado a la alta rentabilidad del negocio del oro en la entidad y el desorden con que fue aplicado el Plan Caura, conllevaron al fracaso de esta iniciativa gubernamental cuyo principal objetivo era la protección del ambiente.  

A juicio de la parlamentaria, estos elementos han facilitado el resurgimiento de la fiebre del oro en la región, conllevando a que cada día más jóvenes vean en la minería una fuente rentable para su sustento.

“Solo en la cuenca del alto Caura, existen más de tres mil mineros trabajando con maquinaria de tierra y de agua, sin contar los daños causados en el parque Canaima y en los pies del Salto Ángel lo cual constituye una total depredación del ambiente”.

Frederick, reveló que por cada minero detenido por los cuerpos de seguridad cinco asumen su tarea, ya que no se captura al financista, lo cual dificulta el accionar de los organismos de seguridad e impide el resguardo del medio ambiente.

“La proliferación de grupos armados que cobran su correspondiente vacuna en las comunidades indígenas, así como las actividades ilícitas asociadas al tema de la minería, como la prostitución de menores y el consumo de sustancias psicotrópicas, han de ser un tema de seguridad de Estado, más aun cuando un amplio número de habitantes de los municipios mineros denuncian la participación y la complicidad de funcionarios militares en estas acciones”

¿Complicidad?

La parlamentaria, aseguró que es imposible que las maquinarias mineras, dragas, mercurio y mangueras lleguen a los campamentos sin la anuencia de los funcionarios militares, pues ellos son quien controlan los caños de los río y las vías de acceso a los municipios de sur del estado.

“Desde la alcabala de La Romana en el municipio Piar hasta llegar a Tumeremo, municipio Sifontes uno debe enfrentar no menos de 5 puntos de control, igual ocurre en el caso del Alto Caura y La Paragua, lo que nos obliga a preguntarnos cómo hacen los mineros para burlar el control militar y pasar dragas, bidones de gasolina, armas y sustancias psicotrópicas por estos puntos de control?”.

Frederick, anunció que en los próximos días solicitarán ante la comisión de minas del parlamento regional, una investigación exhaustiva de estos hechos, con el fin de elevarla al Gobierno Nacional.

“Como demócrata y bolivarense debo velar por la preservación de nuestro medio ambiente, con el fin de resguardar nuestra flora y fauna para las generaciones futuras y eso pasa por controlar y paralizar la minería ilegal en nuestra región”. (Prensa AD)