El parlamentario explicó que tanto el vídeo presentado por el ministro Jorge Rodríguez como el que circuló por las redes sociales violan flagrantemente varios artículos del Código Orgánico Procesal Penal, especialmente el número 119 el cual no sólo prohíbe la tortura sino la presentación de un procesado ante los medios de comunicación social

El diputado Edgar Zambrano, presidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la AN, dijo que el vídeo que circuló este viernes 10 de agosto sobre el diputado Juan Requesens es una muestra indiscutible de tortura, tratos crueles y degradantes, medida que no se le aplica ni siquiera a un prisionero de guerra porque hasta en esas circunstancias existen protocolos que impiden maltratar y humillar a los reos.

“Con esa imagen buscan el quiebre moral de la ciudadanía, de la clase política opositora y de las voces jóvenes y altisonantes que abundan en el país, pero esta repetida estrategia del gobierno se convierte en una operación fallida. No tengo dudas que han quedado desnudos ante el mundo, que violan los DDHH y que hay presos políticos en Venezuela”, precisó Zambrano.

Sin justificación alguna 

Insistió el parlamentario que esto no tiene justificación alguna y que ha sido una violación pública de los DDHH de un parlamentario electo democráticamente por el pueblo del estado Táchira y que por ende goza de inmunidad parlamentaria.

“El país repudia este tipo de acciones y estoy seguro que la comunidad internacional hará contundentes pronunciamientos dada la gravedad de lo sucedido”, dijo.

Violación flagrante 

Zambrano explicó que tanto el vídeo presentado por el ministro Jorge Rodríguez como el que circuló por las redes sociales violan flagrantemente varios artículos del Código Orgánico Procesal Penal, especialmente el número 119 el cual no sólo prohíbe la tortura sino la presentación de un procesado ante los medios de comunicación social.

“El procedimiento aplicado al diputado Juan Requesens es de tal ilegalidad que se le muestra en un vídeo realizando una supuesta confesión que no se sabe bajo qué circunstancias se llevó a cabo, además una confesión que no contó con la presencia de fiscales del Ministerio Público y los abogados defensores del procesado. A todas luces eso no puede ser un elemento probatorio de absolutamente nada”.

Constitución de adorno

Destacó el diputado Zambrano que en este caso también se han violado varios artículos de la CRBV, especialmente el número 26, sobre el derecho a tener acceso a los órganos de justicia y el 49, referido al debido proceso

“En este caso se han cometido delitos penados en la Declaración Universal de los DDHH, el Convenio Europeo sobre DDHH y la Convencion contra la Tortura de la ONU, es decir, tratados internacionales suscritos por el Estado venezolano.

Dejar de mirarnos el ombligo

Al ser consultado sobre qué debe hacer el sector opositor en este caso, Zambrano señaló que frente a este dramático episodio todas las fuerzas políticas, sin ferias de banalidades, deben asumir el reto ineludible de trazar una estrategia que permita hacer realidad el cambio que todo el país espera.

“Debemos actuar de inmediato, antes que sea demasiado tarde, la guerra civil, el pueblo contra pueblo está a la vuelta de la esquina, seguramente este es un peine que el régimen nos está presentando ante el evidente fracaso de sus políticas y modelo”, advirtió el parlamentario no sin antes indicar que todos deben dejar de verse el ombligo y actuar conjuntamente por el bien del país.

  El parlamentario anunció que elevará en el seno de la AN un alerta para solicitar creación de una comisión especial que permitan la conformación de soluciones concretas al problema con la participación de todos los sectores de la sociedad, desde mineros hasta habitantes de la zona y empresarios vinculados al sector minero.

“El creciente control de los municipios del sur del estado Bolívar por grupos para policiales constituye un problema de seguridad de Estado, que conlleva a la suplantación del estado de derecho y el incumplimiento de la normativa legal vigente”, informó el diputado a la Asamblea Nacional por Acción Democrática, Freddy Valera.

Para el parlamentario la entrega de poder y territorio, por parte de los organismos de seguridad a grupos armados delincuenciales, es una muestra más del fracaso del Gobierno Nacional en materia de seguridad y un fiel reflejo de su politización.

“Un Estado que es incapaz de controlar los grupos armados y garantizar la seguridad interna de sus ciudadanos, es un Estado fracasado y flagrante violador de los Derechos Humanos, pues entre sus responsabilidades se encuentra el cumplimiento al derecho a la vida de todos sus ciudadanos”

Abandono de funciones

Valera destacó que en los últimos 16 años de revolución, los organismos de seguridad del Estado, entre ellos la Guardia Nacional y las policiales Estadales, han desvirtuado las funciones y el rol para el cual fueron creados, convirtiéndose solo en brazos armados del partido de gobierno, usado para amedrentar y perseguir a la disidencia.

“La creciente politización de los órganos de seguridad han conllevado a una total discrecionalidad en el cumplimiento de la normativa vigente, la cual queda de manifiesto en los denominados Territorios de Paz, cuyo único logro ha sido el incremento de la violencia y la reorganización de las bandas delictuales, las cuales han obtenido del cobro de vacunas su nuevas fuentes de ingresos”.

Batalla por el control

Este control potestatario es el que a juicio del parlamentario ha conllevado a los constantes enfrentamientos entre grupos armados en el sur del estado.

“Es común que estas bandas se disputen el control de áreas que generen mayores dividendos y en una zona con recursos casi inagotables en materia minera como el estado Bolívar, que cuenta con yacimientos auríferos valorado en más de 81,4 millones según el Ministerio de Petróleo y Minas, es común este tipo de acciones”.

Valera aseveró que este fenómeno no solo se extiende a la bandas organizadas, sino también a algunos funcionarios castrenses que haciendo caso omiso a su deber de proteger el ambiente y la soberanía incurren en irregularidades, como el abandono del puesto de comando ubicado meses atrás en puesto fronterizo con el territorio Esequibo , en la cual tres efectivos decidieron dedicarse a la extracción minera en una mina cercana, dejando completamente abandonado sus puestos de trabajo. 

“Estos episodios aunado a la denuncias de algunos mineros sobre el presunto cobro de vacuna por parte de algunos funcionarios castrenses, revelan una radiografía de la difícil y compleja situación que enfrenta nuestra región”.

Crisis de ingobernabilidad

A juicio del parlamentario la actual crisis de ingobernabilidad de la zona habría de obligar al Gobierno Nacional a decretar estado de alerta, elemento que hasta la fecha no se ha decretado.

“Como guayaneses creemos que al Gobierno Nacional, y especialmente al presidente Nicolás Maduro poco le importan los habitantes del estado Bolívar, ya que el actual clima de violencia que se registra en los municipios del Sur, requieren soluciones integrales y no simplemente pañitos de aguas calientes, representados en la militarización de la zona”.

En tal sentido,  el parlamentario anunció que elevará en el seno de la AN un alerta para solicitar creación de una comisión especial que permitan la conformación de soluciones concretas al problema con la participación de todos los sectores de la sociedad, desde mineros hasta habitantes de la zona y empresarios vinculados al sector minero.

“Como demócratas creemos que una posible salida a los problemas que enfrentan nuestros municipios del sur, es a través del trabajo integral de todos los factores que integran la sociedad, reduciendo la imposición y garantizando una salida integral a los problemas de fondo” (Prensa AD) 

En el país existen más de cien mil venezolanos que requieren tratamiento de enfermedades crónicas como el cáncer y el VIH, mientras el déficit de medicinas ronda el 70%

“El nuevo Sistema Integrado de Acceso a Medicamentos (Siamed), implementado por el Ministerio de Salud, no garantiza el suministro de medicamentos a los enfermos crónicos, sino por el contrario regula su venta,  constituyéndose en una nueva medida de racionamiento para la población venezolana”, así lo informó la diputada de Acción Democrática al Consejo Legislativo del Estado Bolívar (Cleb), Nelly Frederick.

Para la parlamentaria la nueva medida vulnera el derecho a la salud de los venezolanos, consagrado en el artículo 83 de le Constitución Nacional al impedir de manera abierta la compra de medicamentos por parte de los enfermos y obligarlos de manera tacita a inscribirse en un nuevo registro.

Recalcó que el texto constitucional es muy claro al señalar que la salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida; “el Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios”.

Frederick aseguró que el artículo también contempla que todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de conformidad con los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República.

“Siamed no es más que otra tarjeta de racionamiento que aumenta aun más el control que el Estado ejerce sobre los venezolanos, otorgando discrecionalidad y el sectarismo en la entrega de medicinas”.

La parlamentaria reveló que hasta ahora se desconoce ¿En qué forma se priorizarán las entregas de las medicinas?, ¿Cómo estás serán repuestas? y lo más grave aún como se realizará su suministro en caso de una emergencia. 

“Lo único que nos deja claro el Siamed es que pronto existirá un nuevo mercado negro de fármacos, ya que los controles y prohibiciones solo generan contrabando y escasez”.

Más de 100 mil pacientes afectados

Frederick informó que solo en el área de medicamento la escasez de insumos ronda el 70%, afectando de manera directa a más de cien mil venezolanos que requieren tratamiento de enfermedades crónicas como el cáncer y el VIH.

“Estos pacientes requieren dosis concretas de medicamentos específicos, que el Estado no está cumpliendo, ya que los enfermos no son prioridad para el   Presidente Nicolás Maduro, que prefiere invertir miles de millones de dólares en publicidad para revertir el concepto que el mundo entero posee de su gobierno autoritario que en la salud de los venezolanos”. 

La parlamentaria aseveró que cada día aumenta el número de pacientes que deben recurrir a programas de radio, páginas web y redes sociales en búsqueda de medicamentos que en el pasado se encontraban en los anaqueles de cualquier farmacia del país como el ácido fólico, Atamel, hasta tratamientos más complejos. 

"Desde las gasas hasta las inyectadoras, que incluso son vendidas por los comerciantes informales, en los centros de salud del Estado los pacientes ni siquiera se pueden efectuar exámenes de laboratorio porque los reactivos no llegan con regularidad”.

Lesa Humanidad

Frederick fue enfática al señalar que la salud no puede racionarse, pues de hacerse se colocaría en riesgo la vida de los pacientes, acción que constituiría un crimen de Lesa Humanidad.

“Si el Gobierno Nacional continua en su pretensiones de racionar los medicamentos, estaría incurriendo en el delito de homicidio culposo de miles de venezolanos, que pudiesen morir al no obtener sus medicamentos a tiempo. Más allá de criminalizar a los pacientes con enfermedades crónicas, es necesario resolver el déficit de producción de medicamentos en el país, para así garantizar el acceso a la salud oportuna de todos los venezolanos”.

La parlamentaria teme que la ola de violencia que se ha desatado en torno a la escasez de insumos y alimentos se traslade al área de la salud afectando de manera directa al sector.

“Bastante tenemos los venezolanos para hacerle frente a un nuevo control del régimen que lo único que busca es solapar la falta de divisas y su incapacidad para resolver el grave problema de escasez que enfrentan los venezolanos”.
En tal sentido, Frederick informó que solicitará en los próximos días ante el Cleb la revisión de la medida y la solicitud de su derogación, por vulnerar el derecho a la salud que poseen los venezolanos para accesar a sus medicamentos.  (Prensa AD). 

   El parlamentario aseguró que la tendencia de querer achacar los responsabilidades personales a los pueblo o a un tercero, es propia de los regímenes autoritarios, situación que afecta a todos los venezolanos.

“El presidente de la Corporación Venezolana de Guayana General Justo Noguera Pietri, debería renunciar a su cargo al frente del organismo y sus pretensiones a ser postulado gobernador del estado Bolívar, para explicarle al país y especialmente a los guayaneses el por qué su nombre aparece en la lista del Departamento de Estado Norteamericano por el presunto cargo de violación de Derechos Humanos y corrupción”, así lo dio a conocer el diputado a la Asamblea Nacional por Acción Democrática, Freddy Valera.

El parlamentario, desestimó las declaraciones efectuadas por el alto funcionario a un diario de circulación nacional, a través de las cuales pretendía evadir su presunta responsabilidad en los hechos de los cuales se le acusa y transferírsela a los venezolanos.

“General Justo Noguera Pietri, usted como militar más que nadie sabe que los crímenes de lesa humanidad son cometidos por funcionarios públicos en representación del Estado y no por los pueblos, que los hechos de corrupción son responsabilidad de las personas que lo cometen y no de sus allegados; como demócratas no entendemos por qué se escuda en el noble pueblo de Venezuela y en condecoraciones para ocultar su presunta participación en los hechos que se le acusa, dé la cara y refute con gallardía, pruebas en las manos todas las acusaciones que sobre usted pesan”.

Tendencia autoritaria

Valera, afirmó que esta tendencia de querer achacar los responsabilidades personales a los pueblo o a un tercero es propia de los regímenes autoritarios, situación que afecta a todos los venezolanos.

“Es irrisorio que luego de 16 años en el poder, la destrucción de nuestro aparato productivo, una inflación galopante, la merma progresiva de nuestro poder adquisitivo producto de la devaluación más grande de nuestra historia política, la muerte de 24 mil compatriotas anual, el Gobierno y sus funcionarios, continúen achancando la responsabilidad de sus acciones a terceros y especialmente al pueblo venezolano”.                

El parlamentario, recordó a Pietri que las violaciones de lesa Humanidad no prescriben, por lo que lo que más temprano que tarde deberá aclararle al país los motivos que condujeron a esta calificación por parte del Departamento de Estado Norteamericano.

“Ni Venezuela ni los venezolanos constituyen una amenaza para Estados Unidos u otras naciones del hemisferio; hay que ser realista, una cosa son las sanciones internacionales que el Departamento de Estado Norteamericano hace a un país y otra muy distintas las que realiza en contra de sus funcionarios, como ocurre en Venezuela, la cual está basada en los elevados niveles de corrupción y la constante violación de los derechos humanos”.     

Aislamiento internacional

El parlamentario, reveló que las sanciones implementadas contra los funcionarios venezolanos por la violación de los Derechos Humanos, no son recientes y obedecen al irrespeto y desacato constante que ha mantenido el Gobierno de Nicolás Maduro sobre los pronunciamientos de  instancias como la Organización de Naciones Unidas (ONU), que a través de su Comité contra la Tortura y el Grupo de Trabajo contra las Detenciones Arbitrarias, ha realizado para exigir la libertad de los presos políticos  como el alcalde Metropolitano Antonio Ledezma,  Leopoldo López, el alcalde, Daniel Ceballos, entre otros líderes políticos  encarcelados por el simple hecho de pensar distinto, evidencia irrefutable sobre la criminalización de la protesta en Venezuela.

“Todos y cada uno de los pronunciamientos emitidos por los organismos internacionales encargados de velar por el cumplimiento de los Derechos Humanos en el mundo ha sido desechado y descartado por el Gobierno de Nicolás Maduro, que ha colocado a Venezuela a espalda del sistema internacional de justicia, mediante el incumplimiento de los Convenios y Tratados válidamente suscritos por la República, el gobierno venezolano ha propiciado el lamentable escenario que hoy presenciamos.” (Prensa AD)

   El parlamentario calificó la solicitud del primer mandatario nacional como una muestra más del nerviosismo del régimen para enfrentar uno de los principales problemas del país, los elevados niveles de corrupción y la violación flagrante de los Derechos Humanos en el país     

“Nueva Ley Habilitante Antiimperialista por la paz, solicitada por el presidente Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional, solo busca ocultar  los hechos de corrupción cometidos por los altos personeros de su gobierno detrás de los símbolos patrios y nuestra soberanía”, así lo dio a conocer el diputado a la Asamblea Nacional, Freddy Valera.

Para el parlamentario más allá de garantizar la soberanía y  la protección de Venezuela ante posibles injerencias del imperio norteamericano, el nuevo instrumento legal, pretende conculcar los derechos de los venezolanos a disentir y pensar distinto. 

“La nueva Ley habilitante solo busca proteger las cuentas bancarias en el exterior y los recursos obtenidos de manera fraudulenta de los altos funcionarios del Gobierno, acusados de violación de Derechos Humanos en Venezuela, lo que para nosotros es una total inmoralidad, ya que la única Ley habilitante que requiere el Gobierno Nacional es una  la orientada a elevar la producción, reducir la inflación y garantizar la seguridad de todos los venezolanos”.

Valera, aseguró que ni Venezuela ni los venezolanos constituyen una amenaza para Estados Unidos u otras naciones del hemisferio, por lo que calificó la solicitud como una muestra más del culillismo del régimen para enfrentar uno de los principales problemas del país, los elevados niveles de corrupción.   

“Hay que ser realista, una cosa son las sanciones internacionales que Estados Unidos hace a un país y otras muy distintas las que realiza en contra de sus funcionarios, como ocurre en Venezuela”.

Aislamiento internacional

El parlamentario, reveló que las sanciones implementadas contra los funcionarios venezolanos por la violación de los Derechos Humanos, no son recientes y obedecen al irrespeto y desacato constante que ha mantenido el Gobierno de Nicolás Maduro sobre los pronunciamientos de  instancias como la Organización de Naciones Unidas (ONU), que a través de su Comité contra la Tortura y el Grupo de Trabajo contra las Detenciones Arbitrarias, ha realizado para exigir la libertad de los presos políticos  como el alcalde Metropolitano Antonio Ledezma, Leopoldo López, el alcalde, Daniel Ceballos, entre otros líderes políticos  encarcelados por el simple hecho de pensar distinto, evidencia irrefutable sobre la criminalización de la protesta en Venezuela.

“Todos y cada uno de los pronunciamientos emitidos por los organismos internacionales encargados de velar por el cumplimiento de los Derechos Humanos en el mundo ha sido desechado y descartado por el Gobierno de Nicolás Maduro, que ha colocado a Venezuela a espalda del sistema internacional de justicia, mediante el incumplimiento de los Convenios y Tratados válidamente suscritos por la República, el gobierno venezolano ha propiciado el lamentable escenario que hoy presenciamos.

Injerencia comprobada

A juicio de Valera la única injerencia comprobada que ha existido en Venezuela desde hace más de 16 años es la cubana, a través de la cual miles de isleños controlan áreas esenciales de nuestra economía, salud, deporte, seguridad y fuerzas armadas.  

“Esta es una lucha de los venezolanos por Venezuela, es por ello que como Acciondemocratista nos hubieses gustado ver a la mitad del parlamento que anoche elevó su mano para aprobar en primera discusión esta nueva Ley Habilitante, hacer lo propio para decirles a los cubanos que se vayan a su isla, ya que así como rechazamos la grosera injerencia cubana, no propiciamos ni aceptamos ninguna otra”. 

Para el parlamentario, el único responsable de coartar el derecho a los venezolanos, es el régimen de  Nicolás Maduro, que a través de sus políticas ineficientes y anacrónicas en materia económica han  hundido ala país en una de sus peores  crisis económicas y sociales de toda su historia.

“Maduro no necesita seis meses para enfrentar las sanciones aprobadas por EEUU contra funcionarios venezolanos, que han incurrido en actos de violación de DDHH, necesita es voluntad política para sacar al país del despeñadero al cual lo ha llevado, producto de su ineficacia y terquedad  para entender que la salida de a la crisis que enfrenta el país, está en el concurso de todos los venezolanos”. 

En tal sentido, Valera ratificó el compromiso de Acción de Democrática  a continuar luchando y trabajando en pro de la construcción de una mejor Venezuela con el concurso de todos los venezolanos.  

“Nuestra lucha es por la defensa de nuestra democracia a través del voto, junto a nuestro pueblo, elementos que estamos convencidos iniciaremos en las venideras elecciones parlamentarias”.(Prensa AD)

    Detención del Alcalde Metropolitano de Caracas, que se suma al arresto de más de 98 presos políticos, no acallará las voces de miles de venezolanos que exigen un cambio de rumbo en el país y el rescate del hilo constitucional

“La detención arbitraria del alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) es un golpe al estado de derecho por parte del Gobierno Nacional, para propiciar la insurrección popular para ocultar su inoperancia y no medirse en elecciones”, así lo dio a conocer el diputado a la Asamblea Nacional por Acción Democrática, Freddy Valera.

El parlamentario, señaló que la detención del alcalde Metropolitano es una muestra más de que el país escasea todo, menos la violación constante a la Constitución Nacional. 

“Hoy más que nunca los factores que integramos la alternativa democrática en el estado Bolívar estamos consolidados en un solo bloque a favor de la defensa de la democracia venezolana y en defensa de todos y cada uno de los presos políticos que inundan las cárceles del país, es por ello que nos solidarizamos en nombre de los miles de guayaneses que respaldarán la democracia venezolana como la familia del alcalde metropolitano”.

Casería de brujas

Valera, aseveró que no solo se trata de la detención de Leopoldo López, Daniel Ceballos, Enzo Scarrano y Antonio Ledezma, sino del incremento de la criminalización de la disidencia por parte del régimen.

“Ayer fue la detención de Ledezma hoy puede ser el arresto de Julio Borges, acusado de participar en décimo sexto intento de magnicidio contra el Presidente Nicolás Maduro, y mañana puede ser María Corina Machado, algún estudiante o cualquiera de nosotros, gracias a la nueva figura de patriota cooperante que establece la nueva reforma de la Ley de Inteligencia venezolana”.      

Para el líder blanco la detención de más de 98 presos políticos no acallará las voces de miles de venezolanos que exigen un cambio de rumbo en el país y el rescate del hilo constitucional.

“Ni apresando a todos los dirigentes opositores, ni allanándoles inmunidad a los diputados electos por el pueblo o iniciando una casería de brujas mediante la conformación de expedientes ficticios   podrán evitar su derrota en las elecciones parlamentarias”.

Calma y cordura 

Valera, instó a la ciudadanía a mantener la calma y no dejarse influenciar por las acciones realizadas por el oficialismo, ya que lo único que buscan es propiciar un clima de intolerancia y violencia que les permita instaurar un Estado de Excepción y con ello la consolidación de su modelo anacrónico de socialismo cubano.

“El régimen es el único beneficiado con la violencia, es por ello, que desde la alternativa democrática alertamos a la población a no caer en el peine del Gobierno que busca propiciar las guarimbas, con el fin de instaura de una vez y por todas de manera arada su tan ansiada revolución ante el creciente descontento de la población venezolana”.(Prensa AD)

       La parlamentaria señalo que desde la alcabala de La Romana en el municipio Piar hasta llegar a Tumeremo, municipio Sifontes, se deben enfrentar no menos de 5 puntos de control, igual ocurre en el caso del Alto Caura y La Paragua, lo que obliga a preguntarse cómo hacen los mineros para burlar el control militar y pasar dragas, bidones de gasolina, armas y sustancias psicotrópicas por estos puntos de control?

“La detención de militares por comunidades indígenas yekuanas del Alto Caura es una muestra más de la violencia desatada por grupos armados y componentes militares en los municipios auríferos del estado”, así lo dio a conocer la diputada al Consejo Legislativo del estado Bolívar por Acción Democrática, Nelly Frederick.

La parlamentaria reveló que la violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas por parte de funcionarios militares no es reciente, en el año 2013 se registró un hecho similar en el sector de Urimán del municipio Gran Sabana, cuando la comunidad pemón detuvo a 43 oficiales del Ejército por violación de los derechos humanos.

“Tras la liberación de los funcionarios se acordó la instalación de varias mesas de trabajo, donde se analizaría la situación de los indígenas y se les presentaría planes de trabajo alternos para su desmontaje, acciones que no se cumplieron al 100%”.

Fracaso Rotundo

Frederick, aseveró que estos incidentes aunado a la alta rentabilidad del negocio del oro en la entidad y el desorden con que fue aplicado el Plan Caura, conllevaron al fracaso de esta iniciativa gubernamental cuyo principal objetivo era la protección del ambiente.  

A juicio de la parlamentaria, estos elementos han facilitado el resurgimiento de la fiebre del oro en la región, conllevando a que cada día más jóvenes vean en la minería una fuente rentable para su sustento.

“Solo en la cuenca del alto Caura, existen más de tres mil mineros trabajando con maquinaria de tierra y de agua, sin contar los daños causados en el parque Canaima y en los pies del Salto Ángel lo cual constituye una total depredación del ambiente”.

Frederick, reveló que por cada minero detenido por los cuerpos de seguridad cinco asumen su tarea, ya que no se captura al financista, lo cual dificulta el accionar de los organismos de seguridad e impide el resguardo del medio ambiente.

“La proliferación de grupos armados que cobran su correspondiente vacuna en las comunidades indígenas, así como las actividades ilícitas asociadas al tema de la minería, como la prostitución de menores y el consumo de sustancias psicotrópicas, han de ser un tema de seguridad de Estado, más aun cuando un amplio número de habitantes de los municipios mineros denuncian la participación y la complicidad de funcionarios militares en estas acciones”

¿Complicidad?

La parlamentaria, aseguró que es imposible que las maquinarias mineras, dragas, mercurio y mangueras lleguen a los campamentos sin la anuencia de los funcionarios militares, pues ellos son quien controlan los caños de los río y las vías de acceso a los municipios de sur del estado.

“Desde la alcabala de La Romana en el municipio Piar hasta llegar a Tumeremo, municipio Sifontes uno debe enfrentar no menos de 5 puntos de control, igual ocurre en el caso del Alto Caura y La Paragua, lo que nos obliga a preguntarnos cómo hacen los mineros para burlar el control militar y pasar dragas, bidones de gasolina, armas y sustancias psicotrópicas por estos puntos de control?”.

Frederick, anunció que en los próximos días solicitarán ante la comisión de minas del parlamento regional, una investigación exhaustiva de estos hechos, con el fin de elevarla al Gobierno Nacional.

“Como demócrata y bolivarense debo velar por la preservación de nuestro medio ambiente, con el fin de resguardar nuestra flora y fauna para las generaciones futuras y eso pasa por controlar y paralizar la minería ilegal en nuestra región”. (Prensa AD)