El parlamentario calificó la solicitud del primer mandatario nacional como una muestra más del nerviosismo del régimen para enfrentar uno de los principales problemas del país, los elevados niveles de corrupción y la violación flagrante de los Derechos Humanos en el país     

“Nueva Ley Habilitante Antiimperialista por la paz, solicitada por el presidente Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional, solo busca ocultar  los hechos de corrupción cometidos por los altos personeros de su gobierno detrás de los símbolos patrios y nuestra soberanía”, así lo dio a conocer el diputado a la Asamblea Nacional, Freddy Valera.

Para el parlamentario más allá de garantizar la soberanía y  la protección de Venezuela ante posibles injerencias del imperio norteamericano, el nuevo instrumento legal, pretende conculcar los derechos de los venezolanos a disentir y pensar distinto. 

“La nueva Ley habilitante solo busca proteger las cuentas bancarias en el exterior y los recursos obtenidos de manera fraudulenta de los altos funcionarios del Gobierno, acusados de violación de Derechos Humanos en Venezuela, lo que para nosotros es una total inmoralidad, ya que la única Ley habilitante que requiere el Gobierno Nacional es una  la orientada a elevar la producción, reducir la inflación y garantizar la seguridad de todos los venezolanos”.

Valera, aseguró que ni Venezuela ni los venezolanos constituyen una amenaza para Estados Unidos u otras naciones del hemisferio, por lo que calificó la solicitud como una muestra más del culillismo del régimen para enfrentar uno de los principales problemas del país, los elevados niveles de corrupción.   

“Hay que ser realista, una cosa son las sanciones internacionales que Estados Unidos hace a un país y otras muy distintas las que realiza en contra de sus funcionarios, como ocurre en Venezuela”.

Aislamiento internacional

El parlamentario, reveló que las sanciones implementadas contra los funcionarios venezolanos por la violación de los Derechos Humanos, no son recientes y obedecen al irrespeto y desacato constante que ha mantenido el Gobierno de Nicolás Maduro sobre los pronunciamientos de  instancias como la Organización de Naciones Unidas (ONU), que a través de su Comité contra la Tortura y el Grupo de Trabajo contra las Detenciones Arbitrarias, ha realizado para exigir la libertad de los presos políticos  como el alcalde Metropolitano Antonio Ledezma, Leopoldo López, el alcalde, Daniel Ceballos, entre otros líderes políticos  encarcelados por el simple hecho de pensar distinto, evidencia irrefutable sobre la criminalización de la protesta en Venezuela.

“Todos y cada uno de los pronunciamientos emitidos por los organismos internacionales encargados de velar por el cumplimiento de los Derechos Humanos en el mundo ha sido desechado y descartado por el Gobierno de Nicolás Maduro, que ha colocado a Venezuela a espalda del sistema internacional de justicia, mediante el incumplimiento de los Convenios y Tratados válidamente suscritos por la República, el gobierno venezolano ha propiciado el lamentable escenario que hoy presenciamos.

Injerencia comprobada

A juicio de Valera la única injerencia comprobada que ha existido en Venezuela desde hace más de 16 años es la cubana, a través de la cual miles de isleños controlan áreas esenciales de nuestra economía, salud, deporte, seguridad y fuerzas armadas.  

“Esta es una lucha de los venezolanos por Venezuela, es por ello que como Acciondemocratista nos hubieses gustado ver a la mitad del parlamento que anoche elevó su mano para aprobar en primera discusión esta nueva Ley Habilitante, hacer lo propio para decirles a los cubanos que se vayan a su isla, ya que así como rechazamos la grosera injerencia cubana, no propiciamos ni aceptamos ninguna otra”. 

Para el parlamentario, el único responsable de coartar el derecho a los venezolanos, es el régimen de  Nicolás Maduro, que a través de sus políticas ineficientes y anacrónicas en materia económica han  hundido ala país en una de sus peores  crisis económicas y sociales de toda su historia.

“Maduro no necesita seis meses para enfrentar las sanciones aprobadas por EEUU contra funcionarios venezolanos, que han incurrido en actos de violación de DDHH, necesita es voluntad política para sacar al país del despeñadero al cual lo ha llevado, producto de su ineficacia y terquedad  para entender que la salida de a la crisis que enfrenta el país, está en el concurso de todos los venezolanos”. 

En tal sentido, Valera ratificó el compromiso de Acción de Democrática  a continuar luchando y trabajando en pro de la construcción de una mejor Venezuela con el concurso de todos los venezolanos.  

“Nuestra lucha es por la defensa de nuestra democracia a través del voto, junto a nuestro pueblo, elementos que estamos convencidos iniciaremos en las venideras elecciones parlamentarias”.(Prensa AD)

     El Secretario de Organización Juvenil AD Caroní, criticó que mientras el gobierno nacional despliega toda una red comunicacional y mediática sobre “Generación de Oro”, “Juventud Presente Perfecto” y “Juventud Bicentenaria”, los jóvenes viven en la zozobra sin saber si van a regresar a sus hogares.

Integrantes de la Juventud Acción Democrática del Municipio Caroní, (JAD-Caroní), instaron al Presidente de la República, Nicolás Maduro a parar el derramamiento de sangre de jóvenes en las barriadas del país.

La solicitud se sustenta en elevado número de jóvenes que todos los fines de semana pierden a vida a manos del hampa en el Municipio Caroní y en todo el estado, producto de la falta de planes de seguridad que prevengan el delito.

Moisés Márquez Secretario de Organización Juvenil AD Caroní, señaló que en los últimos anos el país ha sido víctima de la ola delictiva más grande de la historia, pese al despliegue de más de 17 planes de seguridad que sólo han servido para dilapidar una enorme cantidad de recursos en publicidad y propaganda, por qué en la práctica son un completo fracaso.  

“Desde la aplicación del Programa a Toda Vida Venezuela, pasando por el Plan Patria Segura y el Patrullaje Inteligente, esta revolución en 16 años ha sido incapaz de parar la delincuencia y frenar la ola de violencia que mantienen a los venezolanos tras las rejas de sus hogares”.

25 mil muertes

Márquez reveló que el año pasado más de 25 mil venezolanos perdieron la vida a manos del hampa, siendo los jóvenes el grupo etario más propenso a la violencia.

“Señor presidente su tan cacareara Generación de Oro, sucumbe ante la delincuencia desbordada que sacude el país, ya que nuestro país ocupa el tercer lugar como el país con la tasa de mortalidad juvenil más alta de Latinoamérica, Ciudad Guayana está entre la decimo segunda ciudad más violentas del planeta y la tercera de Venezuela”.

El dirigente juvenil denunció que las parroquias Unare, Vista al Sol y Simón Bolívar ocupan los primero lugares como las parroquias más violentas del municipio.

“Los jóvenes guayaneses debemos enfrentar todos los días estos problemas ya que diario somos víctimas del hampa en el barrio, urbanización, centro comercial, mercado y nuestras casas de estudios”.

Objetivo la universidad

Márquez aseguró que solo en el último mes centros de estudios como la Universidad Experimental Politécnico Antonio José de Sucre, (Unexpo) y la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho (Ugma) han sido víctimas de robo, siendo esta ultima paralizada por sus alumnos para exigir mayor seguridad.

“La Universidad Nacional Experimental de Guayana, (Uneg) fue robada en el mes de enero, al igual que el año pasado también vivió lo mismo, tanto es así que el día martes 3 de marzo de 2015 una estudiante esperando el transporte para ir a la universidad fue víctima de un robo, en el que resulto herida por un disparo y nos preguntamos qué está haciendo el alcalde José Ramón López y el gobernador Francisco Rangel Gómez para garantizar la vida de todo los guayaneses?”.

El Secretario de Organización Juvenil AD Caroní, criticó que mientras el gobierno nacional despliega toda una red comunicacional y mediática sobre “Generación de Oro”, “Juventud Presente Perfecto” y “Juventud Bicentenaria”, los jóvenes viven en la zozobra sin saber si van a regresar a sus hogares.

Dicotomía revolucionaria

“Presidente Maduro a su generación de Oro la están matando y usted no hace nada; mientras usted trata a la delincuencia con mano suave, los jóvenes venezolanos somos reprimidos y acribillados con armas de fuego, por el simple hecho de pensar distinto”.

En tal sentido, Márquez exigió la derogación inmediata de la resolución 008610 del Ministerio de la Defensa que autoriza el uso de armas de fuego a funcionarios policiales durante manifestaciones.

“Esta resolución representa una violación flagrante a la Constitución Nacional, ya que vulnera el artículo 68 de nuestra Carta Magna, que consagra el derecho a manifestar de manera pacífica que tienen todos los venezolanos. Esta es una resolución que otorga total discrecionalidad sobre el uso de las ramas de fuego a los funcionarios policiales, lo cual genera un completo limbo en materia de derechos humanos”.

Márquez, afirmó que de manera paralela, el documento vulnera la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que prohíbe al estado venezolano el uso de armas de fuego para la represión de civiles, tras los acontecimientos del Caracazo.

“Este es un gobierno sinvergüenza que por un lado exige el mayor peso de la Ley para los funcionarios que accionaros su armas de fuego durante el Caracazo y defiende a capa y espada su uso en contra de los jóvenes y disidentes, por el simple delito de pensar distinto”(Prensa AD)  

    Cientos de madres guayanesas deben enfrentar la incertidumbre de ver regresar con vida a sus hijos y seres queridos, producto de los elevados niveles de inseguridad que enfrenta el país y de los cuales no escapa el municipio Caroní; que ocupa el tercer lugar como una de las ciudades más violentas de Venezuela      

“En Venezuela no ha existido un gobierno que vilipendie y humille más a la mujer venezolana que la revolución bolivariana, la cual años tras año ha socavado las libertades de las féminas venezolanas”, así lo dio a conocer la concejal de Acción Democrática al Concejo Municipal de Caroní, Aida González.

Para la concejal acción democratista, la autoproclamación de gobierno feminista vociferada por altos personeros del régimen solo es una coraza para ocultar los constantes maltratos sicológicos y vejaciones a las que son sometidas las mujeres venezolanas en cada una de sus actividades diarias.

“Desde largas colas al frente de supermercados para comprar, azúcar, café, papel higiénico, jabón o cualquier otro producto de la cesta básicas, hasta las constantes vejaciones por partes de funcionarios policiales y de la Guardia Nacional, cada vez que elevamos nuestra voz de protesta para denunciar las arbitrariedades que se cometen en el país, las mujeres venezolanas y especialmente las guayanesas somos sometidas a una serie de descalificativos y agresiones que denigran nuestra condición de mujer y que elevan el llamado de atención  sobre  la vulneración de nuestros derechos”.

González, aseveró que la actual crisis económica que enfrenta el país y los elevados niveles de escasez, ha repercutido negativamente en la calidad de vida de la mujer venezolana, ya que además de realizar las labores del hogar, cientos de femeninas han tomado las calles para comprar el alimento para sus familias.

“Una simple compra que en el pasado se demorada solo unos minutos, ahora tarda no menos de ocho horas, incrementando el número de accidentes en los hogares, ya que muchas madres dejan a su hijos solos para poder hacer las colas a primeras horas de la mañana en los diferentes supermercados de la ciudad”.

La concejal, aseguró que ante las contantes denuncias sobre la grave crisis económica que enfrente el país, el Gobierno Nacional hace mutis, continuando con la regaladera de recursos a otras nacionales.

“Frente a la escasez de alimentos que vive el país, Nicolás Maduro continua entregando las riendas de la economía venezolana a su sequito de expertos económicos, cuyas únicas maestrías parecieran ser sacadas de Monopoly, ya que lejos de potenciar nuestro aparato productivo de la mano del empresariado privado, apuestan a la entrega de petróleo a precio regalado a los países de la Comunidad del Caribe, (Caricom) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América Alba (Alba) a cambio de arroz, granos, tubérculos y otros alimentos de los cuales hace 16 años Venezuela era exportador”.   

Espiral de violencia

González, aseveró que aunado a esta situación, cientos de madres guayanesas deben enfrentar la incertidumbre de ver regresar con vida a sus hijos y seres queridos, producto de los elevados niveles de inseguridad que enfrenta el país y de los cuales no escapa el municipio Caroní; que ocupa el tercer lugar como una de las ciudades más violentas de Venezuela      

 “La incertidumbre que noche tras noche enfrentamos las madres venezolanas, cada vez que un hijo sale de nuestro hogar no es comparable con ninguna otra, más aún cuando ni siquiera podemos confiar en los cuerpos policiales, ya que la mayoría de sus funcionarios están implicados en hechos de corrupción o en otras irregularidades”.

La concejal, indicó que esta situación se incrementa aún más, ante en el clima de conflictividad política que vive el país y la total discrecionalidad que otorga la resolución 8.610 sobre el uso de armas de fuego por parte de funcionarios policiales.

“El único objetivo de la resolución 8.610, que permite el uso de armas de fuego en manifestaciones públicas, es el de sembrar terror en la población que disiente del régimen de Nicolás Maduro y evitar que nuevos venezolanos se sumen al descontento popular que se incrementa día tras días ante el fracaso continuado del régimen para resolver los problemas de todos los venezolanos”.

González, aseguró que todas estas acciones evidencian la pérdida del estado de derecho y el deterioro progresivo de nuestro sistema democrático, el cual enfrenta una de sus peores crisis.

“Ante las pretensiones del régimen de acabar a toda costa con la disidencia venezolana, las mujeres de Acción Democrática elevamos nuestra voz de descontento e invitamos a todas las mujeres de Guayana a sumarse al cambio y la construcción de una mejor Venezuela con el concurso de todos los venezolanos”.

En tal sentido, la concejal destacó la necesidad de construir un nuevo parlamento al servicio del pueblo venezolano, por lo que invitó a toda la población a participar masivamente en las venideras elecciones parlamentarias. (Prensa AD)           

    La medida calificada como una nueva falacia del régimen, solo busca a toda costa impulsar la participación accionaria del Gobierno Chino en las empresas básicas, ante el fracaso eminente que constituyo el Control Obrero, en cada una de las factorías de la región.

“El reciente anuncio sobre el reimpulso del Plan Guayana Socialista realizada por el Presidente de la República, Nicolás Maduro durante el encuentro con la Clase Obrera de Guayana, realizado este miércoles no resuelve la crisis de las empresas básicas, entre otras razones porque no planeta una solución al problema de fondo, el cambio del modelo económico”, así lo dio a conocer el secretario de organización de Acción Democrática en el Municipio Caroní, Ramón Zacarías.

El dirigente político, calificó la medida como una nueva falacia del régimen que busca a toda costa impulsar la participación accionaria del Gobierno Chino en las empresas básicas, ante el fracaso eminente que constituyo el Control Obrero, en cada una de las factorías de la región.

“En 15 años de Gobierno Revolucionario las empresas Guayana han tenido no menos de tres planes de inversión, desde el Control Obrero hasta la primera aplicación del Plan Guayana Socialista cada uno de ellos solo ha servido para dilapidar un importante número de recursos y hacer más ricos a los enchufados del turno”.

Zacarías, vaticinó que a diferencia de años anteriores, el nuevo proyecto ejecutado por el Gobierno Nacional no es más que una privatización enmascarada.    

“Todas y cada una de las promesas sobre adecuación tecnológica de las líneas de producción de nuestras empresas básicas, han de contar con el visto bueno de la misión china que arribará al país en los próximos meses, por lo que su aplicación a corto plazo no es más que una gran utopía en el corto tiempo ”.  

Contraloría social

Zacarías, afirmó que en caso específico de Alcasa la empresa requiere no solo la adecuación de sus líneas de producción, producto de que la mayoría de sus celdas poseen cascos perforados, sino también por la construcción del área de carbón la cual se encuentra paralizada desde hace unos 10 años.

“Si la mitad de los recursos destinados por el Fondo Chino al Control Obrera se hubieran usado para el mejoramiento de las empresas básicas de Guayana y no se hubieran diluido en entrega de contratos sin licitación y compra de materias primas con sobreprecios, la mayoría de ellas no continuarán presentando números rojos”.

El secretario de organización de Acción Democrática en el Municipio Caroní, aseguró que en el caso específico de CVG Alcasa, la recién inaugurada planta de extrusora se encuentra paralizada por falta de insumos y repuestos.

“La falta de equipos e insumos no solo afecta al sector automotriz, las empresas básicas de Guayana también carecen de un importante número de piezas y equipos, esenciales para el buen funcionamiento de las máquinas, por lo que en algunos casos sus trabajadores han tenido que aplicar canibalismo mecánico”. 

Cuentas Claras

Zacarías, instó al presidente Nicolás Maduro a hablarle claro a la clase trabajadora, con el fin de evitar crear falsas expectativas sobre el mejoramiento de las industrias básicas.

“Si haya lago que sabemos los dirigentes políticos democráticos y dirigentes sindicales es leer entre líneas, y a lo largo de sus discurso la única referencia que hizo el mandatario nacional sobre las contrataciones colectivas es que estas deben adecuarse a los lineamientos del Plan Guayana Socialista, es decir que nuevamente los trabajadores veremos subyugados nuestros beneficios contractuales a lo que establezca el Ejecutivo Nacional”.

Para el dirigente político esta acción debe constituir un llamado alerta para la clase trabajadora, con el fin de evitar la pérdida de sus beneficios contractuales.

“Como demócratas creemos, que ningún plan auspiciado por el Gobierno Nacional para la reactivación de nuestras empresas básicas puede confiscar los beneficios contractuales de los trabajadores, de allí la importancia de que la clase trabajadora se mantenga alerta para no permitir que sus beneficios contractuales se subyuguen los intereses dl estado” (Prensa AD)

    Para la parlamentaria es lamentable que a 26 años de los hechos del Caracazo, el gobierno de Nicolás Maduro continúe con la dicotomía revolucionaria de solicitar la investigación y el encarcelamiento de los culpables de la muertes y el uso excesivo de la fuerza de esos hechos y mande a los funcionarios policiales y militares pistola en mano a reprimir a nuestros jóvenes en universidades y casa de estudios.

“Es inaudito que un gobierno que se haga llamar humanista y que haya criticado el uso de armas de fuego durante los trágicos acontecimientos del 27 y 28 de febrero, conocidos como El Caracazo, hoy pretenda desconocer la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (Cidh), para auspiciar el uso de armas de fuego en manifestaciones públicas”, así lo dio conocer la diputada al Consejo Legislativo del Estado Bolívar por Acción Democrática, Nelly Frederick.

La diputada blanca señaló que la violación a la sentencia del organismo internacional pro defensa de los Derechos Humanos, que prohíbe al Gobierno Nacional el uso de armas de fuego durante manifestaciones y protestas públicas, solo busca atornillar al Presidente de la República en el poder, ante el creciente descontento popular por su incapacidad como mandatario.

“El único objetivo que busca el Gobierno Nacional tras la aplicación de la Resolución 8.610, que permite el uso de armas de fuego en manifestaciones públicas, es el de generar terror dentro de la población y evitar que nuevos venezolanos se sumen al descontento popular que se incrementa día tras días ante el fracaso continuado del régimen para resolver los problemas de todos los venezolanos”.

Cerco jurídico

Frederick, denunció que aunado al accionar violento de los funcionarios policiales de “disparar a discreción” contra manifestantes, el Gobierno Nacional pretende crear un cerco jurídico que permita reinterpretar la legislación a sus necesidades y coartar el legitimo derecho a la protesta y a la manifestación pacífica de todos los venezolanos.

“La aplicación de la resolución 8.610 aunada a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que proscribió las protestas espontáneas, solo busca coartar el derecho a manifestar de los venezolanos consagrado en el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece que los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establece la ley(…)Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.

 

Convictos y confesos

Para la parlamentaria la aplicación de políticas orientadas a incitar el odio y la violencia entre los venezolanos por parte del Gobierno Nacional no es nueva, mucho antes del ascenso del presidente Hugo Chávez al poder, los principales ministros del régimen fueron los que propiciaron el rompimiento del hilo constitucional en el país mediante dos intentonas golpistas.

“Nadie que empuñe un arma de fuego para matar compatriotas y hacerse del poder con la anuencia y el respaldo de un gobierno extranjero como el de Cuba puede hablar hoy en día de injerencia o magnicidio,   ya que sus manos siempre han estado manchadas de sangre”.

Frederick, aseveró que en el país no solo está en juego el estado de derecho, sino la continuidad del sistema democrático tan vapuleado durante 16 años de régimen revolucionario.            

“Es lamentable que a 26 años de los hechos del Caracazo, el gobierno de Nicolás Maduro continúe con la dicotomía revolucionaria de solicitar la investigación y el encarcelamiento de los culpables de la muertes y el uso excesivo de la fuerza de esos hechos y mande a los funcionarios policiales y militares pistola en mano a reprimir a nuestros jóvenes en universidades y casa de estudios”.

Salida electoral

La parlamentaria reveló que solo la tarde de este viernes cinco jóvenes fueron heridos de gravedad por acciones de protestas registradas en el núcleo Táchira de la Universidad de los Andes, que sumado a los deceso del joven de bachillerato evidencia el clima de violencia e ingobernabilidad que propicia el Gobierno Nacional.

“Como demócrata y madre de familia le exijo al estado la derogación de la resolución 8.610, para evitar que nuestros estudiantes y jóvenes continúen siendo asesinados a mansalva por los funcionarios policiales”.   

La parlamentaria cree que la salida a la crisis que enfrentan los venezolanos no está en la violencia sino en las urnas de votación, de allí la importancia de cada uno de los ciudadanos aplique el voto castigo en las próximas elecciones parlamentarias.

“Si la familia organizada no sale a votar masivamente en las próximas elecciones son pocos o avances que en materia democrática mantendremos los venezolanos, de allí la importancia de elegir hombres y mujeres comprometidos con el país que legislen por el pueblo y para el pueblo venezolanos” (Prensa AD)

  

     La concejal reveló que mientras cuerpos policiales reprimen a tiros a manif

estantes desarmados, hacen mutis ante el hampa, lo que evidencia la falta de compromiso y voluntad política para hacerle frente a la delincuencia, evidenciando el temor que mantienen frente a los delincuentes

“La falta de compromiso de las autoridades policiales y del propio alcalde de Caroní para combatir la inseguridad en la entidad, han permitido que en más de 6 años de gobierno revolucionario 5 mil guayaneses perdieran la vida a manos del hampa”, así lo dio a conocer la concejal de Acción Democrática ante el Concejo Municipal de Caroní, Aida González.

La concejal, reveló que estas cifras han convertido al municipio Caroní en la decimo segunda ciudad más violenta del mundo, obligando a los guayaneses a permanecer encerrados en sus hogares, por miedo a la violencia que se registra en las calles.   

“Solo el año pasado, se registraron en el municipio Caroní más de 530  asesinatos, los cuales en su mayoría permanecen impune; según fuentes policiales solo 48  homicidios fueron resueltos”.  

Falta de voluntad

González, aseguró que este elemento evidencia la falta de voluntad política por parte de las autoridades policiales y de gobierno para hacerle frente a uno de los principales problemas de la ciudadanía, la inseguridad. 

“Mientras los cuerpos policiales continúen siendo usados como guardias pretorianos de comerciantes asiáticos y árabes, para cuidarles sus negocios, el pueblo de a pie debe enfrentar completamente desasistido a los delincuentes que hacen de las suyas producto del halo de impunidad y la anuencia de funcionarios policiales y de seguridad”

La concejal, afirmó que en solo 55 días que han transcurrido del año 2015, se han registrado en el municipio 93 homicidios, promediando un asesinato cada 12  horas, cifra que es elevada, si se toma en cuenta el bajo nivel poblacional del municipio, unos 1.5 millones de habitantes.       

“De acuerdo a la Asociación Civil Mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, en la Guayana se registran 61,33 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo cual es comparable solo con regiones que enfrentan conflictos armados”.

Fracaso progresivo

“En aumento progresivo de homicidios y su correspondiente impunidad demuestran el fracaso de los 16 planes de seguridad implantados por el Gobierno Nacional entre ellos A Toda Vida Venezuela, Patria Segura, Patrullaje Inteligente”.

La concejal, aseveró que en más de 15 años de revolución el hampa se ha apoderado del estado Bolívar para imponer por la vía de la violencia su agenda de terror y muerte, ante la anuencia de los cuerpos policiales.   

“Mientras los cuerpos policiales reprimen a tiros a manifestantes desarmados, hacen mutis ante el hampa, ya sea por el temor que mantienen de hacerle frente o la complicidad que algunos funcionaros poseen con delincuentes”.

González, precisó que la construcción de una policía al servicio de los bolivarenses y que no esté al servicio del mejor postor, pasa por la recuperación del sistema democrático en el país, mediante el triunfo avasallador de a alternativa democrática en las elecciones de la Asamblea Nacional.

“Los cambios que requiere el país han de ser impulsado por vía democrática y para ellos es imperioso postular a los mejores hombres y mujeres, que legislen con el pueblo y para el pueblo y no al servicio de un modelo socialista en decadencia”.(Prensa AD).    

    Detención del Alcalde Metropolitano de Caracas, que se suma al arresto de más de 98 presos políticos, no acallará las voces de miles de venezolanos que exigen un cambio de rumbo en el país y el rescate del hilo constitucional

“La detención arbitraria del alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) es un golpe al estado de derecho por parte del Gobierno Nacional, para propiciar la insurrección popular para ocultar su inoperancia y no medirse en elecciones”, así lo dio a conocer el diputado a la Asamblea Nacional por Acción Democrática, Freddy Valera.

El parlamentario, señaló que la detención del alcalde Metropolitano es una muestra más de que el país escasea todo, menos la violación constante a la Constitución Nacional. 

“Hoy más que nunca los factores que integramos la alternativa democrática en el estado Bolívar estamos consolidados en un solo bloque a favor de la defensa de la democracia venezolana y en defensa de todos y cada uno de los presos políticos que inundan las cárceles del país, es por ello que nos solidarizamos en nombre de los miles de guayaneses que respaldarán la democracia venezolana como la familia del alcalde metropolitano”.

Casería de brujas

Valera, aseveró que no solo se trata de la detención de Leopoldo López, Daniel Ceballos, Enzo Scarrano y Antonio Ledezma, sino del incremento de la criminalización de la disidencia por parte del régimen.

“Ayer fue la detención de Ledezma hoy puede ser el arresto de Julio Borges, acusado de participar en décimo sexto intento de magnicidio contra el Presidente Nicolás Maduro, y mañana puede ser María Corina Machado, algún estudiante o cualquiera de nosotros, gracias a la nueva figura de patriota cooperante que establece la nueva reforma de la Ley de Inteligencia venezolana”.      

Para el líder blanco la detención de más de 98 presos políticos no acallará las voces de miles de venezolanos que exigen un cambio de rumbo en el país y el rescate del hilo constitucional.

“Ni apresando a todos los dirigentes opositores, ni allanándoles inmunidad a los diputados electos por el pueblo o iniciando una casería de brujas mediante la conformación de expedientes ficticios   podrán evitar su derrota en las elecciones parlamentarias”.

Calma y cordura 

Valera, instó a la ciudadanía a mantener la calma y no dejarse influenciar por las acciones realizadas por el oficialismo, ya que lo único que buscan es propiciar un clima de intolerancia y violencia que les permita instaurar un Estado de Excepción y con ello la consolidación de su modelo anacrónico de socialismo cubano.

“El régimen es el único beneficiado con la violencia, es por ello, que desde la alternativa democrática alertamos a la población a no caer en el peine del Gobierno que busca propiciar las guarimbas, con el fin de instaura de una vez y por todas de manera arada su tan ansiada revolución ante el creciente descontento de la población venezolana”.(Prensa AD)

       La parlamentaria señalo que desde la alcabala de La Romana en el municipio Piar hasta llegar a Tumeremo, municipio Sifontes, se deben enfrentar no menos de 5 puntos de control, igual ocurre en el caso del Alto Caura y La Paragua, lo que obliga a preguntarse cómo hacen los mineros para burlar el control militar y pasar dragas, bidones de gasolina, armas y sustancias psicotrópicas por estos puntos de control?

“La detención de militares por comunidades indígenas yekuanas del Alto Caura es una muestra más de la violencia desatada por grupos armados y componentes militares en los municipios auríferos del estado”, así lo dio a conocer la diputada al Consejo Legislativo del estado Bolívar por Acción Democrática, Nelly Frederick.

La parlamentaria reveló que la violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas por parte de funcionarios militares no es reciente, en el año 2013 se registró un hecho similar en el sector de Urimán del municipio Gran Sabana, cuando la comunidad pemón detuvo a 43 oficiales del Ejército por violación de los derechos humanos.

“Tras la liberación de los funcionarios se acordó la instalación de varias mesas de trabajo, donde se analizaría la situación de los indígenas y se les presentaría planes de trabajo alternos para su desmontaje, acciones que no se cumplieron al 100%”.

Fracaso Rotundo

Frederick, aseveró que estos incidentes aunado a la alta rentabilidad del negocio del oro en la entidad y el desorden con que fue aplicado el Plan Caura, conllevaron al fracaso de esta iniciativa gubernamental cuyo principal objetivo era la protección del ambiente.  

A juicio de la parlamentaria, estos elementos han facilitado el resurgimiento de la fiebre del oro en la región, conllevando a que cada día más jóvenes vean en la minería una fuente rentable para su sustento.

“Solo en la cuenca del alto Caura, existen más de tres mil mineros trabajando con maquinaria de tierra y de agua, sin contar los daños causados en el parque Canaima y en los pies del Salto Ángel lo cual constituye una total depredación del ambiente”.

Frederick, reveló que por cada minero detenido por los cuerpos de seguridad cinco asumen su tarea, ya que no se captura al financista, lo cual dificulta el accionar de los organismos de seguridad e impide el resguardo del medio ambiente.

“La proliferación de grupos armados que cobran su correspondiente vacuna en las comunidades indígenas, así como las actividades ilícitas asociadas al tema de la minería, como la prostitución de menores y el consumo de sustancias psicotrópicas, han de ser un tema de seguridad de Estado, más aun cuando un amplio número de habitantes de los municipios mineros denuncian la participación y la complicidad de funcionarios militares en estas acciones”

¿Complicidad?

La parlamentaria, aseguró que es imposible que las maquinarias mineras, dragas, mercurio y mangueras lleguen a los campamentos sin la anuencia de los funcionarios militares, pues ellos son quien controlan los caños de los río y las vías de acceso a los municipios de sur del estado.

“Desde la alcabala de La Romana en el municipio Piar hasta llegar a Tumeremo, municipio Sifontes uno debe enfrentar no menos de 5 puntos de control, igual ocurre en el caso del Alto Caura y La Paragua, lo que nos obliga a preguntarnos cómo hacen los mineros para burlar el control militar y pasar dragas, bidones de gasolina, armas y sustancias psicotrópicas por estos puntos de control?”.

Frederick, anunció que en los próximos días solicitarán ante la comisión de minas del parlamento regional, una investigación exhaustiva de estos hechos, con el fin de elevarla al Gobierno Nacional.

“Como demócrata y bolivarense debo velar por la preservación de nuestro medio ambiente, con el fin de resguardar nuestra flora y fauna para las generaciones futuras y eso pasa por controlar y paralizar la minería ilegal en nuestra región”. (Prensa AD)