La concejal aseveró que mientras el
país se concentra en el debate político e internacional, sobre la invasión de
marines norteamericanos a nuestras costas, la crisis
económica avanza, deteriorando nuestra calidad de vida.
“Aplicación de captahuellas no solucionará
crisis alimentaria en el país y las largas colas en los supermercados de Ciudad
Guayana, ya que no resuelve el problema de fondo: La baja producción de
alimentos, producto de la falta de divisas para la compra de insumos y materias
de prima”, así lo dio conocer la concejal de Acción Democrática ante el Concejo
Municipal de Caroní, Aida Espinoza.
La concejal, señaló que aunque el
proyecto ha sido presentado como una panacea, para resolver el problemas de las
largas colas en los establecimientos comerciales y la sobreventa de alimentos a
sobreprecio, en la práctica se ha convertido en más de lo mismo, al no generar
soluciones concretas al problema e impedir la compra de productos en varios
supermercados de una misma localidad.
Aplicación infructuosa
“Desde San Cristóbal hasta Maracaibo,
en cada una de las poblaciones fronterizas donde se ha puesto a prueba el
captahuellas, las largas colas y el tráfico de alimentos de extracción continúa,
ante la mirada complaciente de algunos funcionarios militares y la falta de
integración entre las bases de datos”.
González, explicó que es imposible
que el nuevo sistema de ventas impida a un usuario comprar productos regulados
en dos establecimientos comerciales en una misma localidad, puesto que el
funcionamiento del dispositivo solo es viable en una red o cadena de
establecimientos comerciales, sin embargo teme que su uso prolongado se transforme
en una tarjeta de racionamiento electrónica.
“Si el uso del captahuellas en las
elecciones presidenciales y de gobernadores se limita solo al centro de
votación donde el elector ejerce su derecho al voto, debido a la lentitud con
que el sistema compara cada una de las huellas dactilares en el banco de datos,
es imposible que el nuevo sistema de ventas regule a una población como la del
municipio Caroní, que supera el millón de habitantes”.
La concejal, afirmó que la aplicación
del instrumento vulnera los artículos 117 y 305 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, que establece el derecho a elegir bienes y servicios
de calidad en plena libertad, así como la soberanía alimentaria.
“Si el Gobierno Nacional pretende
utilizar el captahuellas para llevar un registro y detectar quién comete un
ilícito, podría ser eficiente; pero como demócratas no podemos dejar de alertar
a la población sobre su uso prolongado, ya que en la práctica constituye una
libreta de racionamiento electrónica que limita la compra de alimentos a los
venezolanos, al establecer un patrón de consumo distinto al utilizado por el
usuario”.
Economía a la deriva
González, criticó la falta de una
política económica concreta en el país, que permita potenciar la economía y
elevar la producción, mediante mecanismos cambiarios que potencien el acceso a
divisas.
“Mientras el país se concentra en el
debate político e internacional, sobre la invasión de marines norteamericanos a
nuestras costas, la crisis económica avanza,
deteriorando nuestra calidad de vida”.
La concejal, aseveró que mientras la
oferta de dólares se contraiga y la demanda de productos, insumos y repuestos
continúe, la economía venezolana continuará a la deriva a la espera de
respuestas concretas que garanticen la tan ansiada soberanía alimentaria, que
tanto pregona el régimen.(Prensa AD).
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