La concejal aseveró que mientras el país se concentra en el debate político e internacional, sobre la invasión de marines norteamericanos a nuestras costas, la crisis económica avanza, deteriorando nuestra calidad de vida.

“Aplicación de captahuellas no solucionará crisis alimentaria en el país y las largas colas en los supermercados de Ciudad Guayana, ya que no resuelve el problema de fondo: La baja producción de alimentos, producto de la falta de divisas para la compra de insumos y materias de prima”, así lo dio conocer la concejal de Acción Democrática ante el Concejo Municipal de Caroní, Aida Espinoza.

La concejal, señaló que aunque el proyecto ha sido presentado como una panacea, para resolver el problemas de las largas colas en los establecimientos comerciales y la sobreventa de alimentos a sobreprecio, en la práctica se ha convertido en más de lo mismo, al no generar soluciones concretas al problema e impedir la compra de productos en varios supermercados de una misma localidad.

Aplicación infructuosa

“Desde San Cristóbal hasta Maracaibo, en cada una de las poblaciones fronterizas donde se ha puesto a prueba el captahuellas, las largas colas y el tráfico de alimentos de extracción continúa, ante la mirada complaciente de algunos funcionarios militares y la falta de integración entre las bases de datos”.

González, explicó que es imposible que el nuevo sistema de ventas impida a un usuario comprar productos regulados en dos establecimientos comerciales en una misma localidad, puesto que el funcionamiento del dispositivo solo es viable en una red o cadena de establecimientos comerciales, sin embargo teme que su uso prolongado se transforme en una tarjeta de racionamiento electrónica.

“Si el uso del captahuellas en las elecciones presidenciales y de gobernadores se limita solo al centro de votación donde el elector ejerce su derecho al voto, debido a la lentitud con que el sistema compara cada una de las huellas dactilares en el banco de datos, es imposible que el nuevo sistema de ventas regule a una población como la del municipio Caroní, que supera el millón de habitantes”.

La concejal, afirmó que la aplicación del instrumento vulnera los artículos 117 y 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece el derecho a elegir bienes y servicios de calidad en plena libertad, así como la soberanía alimentaria.

“Si el Gobierno Nacional pretende utilizar el captahuellas para llevar un registro y detectar quién comete un ilícito, podría ser eficiente; pero como demócratas no podemos dejar de alertar a la población sobre su uso prolongado, ya que en la práctica constituye una libreta de racionamiento electrónica que limita la compra de alimentos a los venezolanos, al establecer un patrón de consumo distinto al utilizado por el usuario”.  

Economía a la deriva          

González, criticó la falta de una política económica concreta en el país, que permita potenciar la economía y elevar la producción, mediante mecanismos cambiarios que potencien el acceso a divisas.

“Mientras el país se concentra en el debate político e internacional, sobre la invasión de marines norteamericanos a nuestras costas, la crisis económica avanza, deteriorando nuestra calidad de vida”.

La concejal, aseveró que mientras la oferta de dólares se contraiga y la demanda de productos, insumos y repuestos continúe, la economía venezolana continuará a la deriva a la espera de respuestas concretas que garanticen la tan ansiada soberanía alimentaria, que tanto pregona el régimen.(Prensa AD).

    Cientos de madres guayanesas deben enfrentar la incertidumbre de ver regresar con vida a sus hijos y seres queridos, producto de los elevados niveles de inseguridad que enfrenta el país y de los cuales no escapa el municipio Caroní; que ocupa el tercer lugar como una de las ciudades más violentas de Venezuela      

“En Venezuela no ha existido un gobierno que vilipendie y humille más a la mujer venezolana que la revolución bolivariana, la cual años tras año ha socavado las libertades de las féminas venezolanas”, así lo dio a conocer la concejal de Acción Democrática al Concejo Municipal de Caroní, Aida González.

Para la concejal acción democratista, la autoproclamación de gobierno feminista vociferada por altos personeros del régimen solo es una coraza para ocultar los constantes maltratos sicológicos y vejaciones a las que son sometidas las mujeres venezolanas en cada una de sus actividades diarias.

“Desde largas colas al frente de supermercados para comprar, azúcar, café, papel higiénico, jabón o cualquier otro producto de la cesta básicas, hasta las constantes vejaciones por partes de funcionarios policiales y de la Guardia Nacional, cada vez que elevamos nuestra voz de protesta para denunciar las arbitrariedades que se cometen en el país, las mujeres venezolanas y especialmente las guayanesas somos sometidas a una serie de descalificativos y agresiones que denigran nuestra condición de mujer y que elevan el llamado de atención  sobre  la vulneración de nuestros derechos”.

González, aseveró que la actual crisis económica que enfrenta el país y los elevados niveles de escasez, ha repercutido negativamente en la calidad de vida de la mujer venezolana, ya que además de realizar las labores del hogar, cientos de femeninas han tomado las calles para comprar el alimento para sus familias.

“Una simple compra que en el pasado se demorada solo unos minutos, ahora tarda no menos de ocho horas, incrementando el número de accidentes en los hogares, ya que muchas madres dejan a su hijos solos para poder hacer las colas a primeras horas de la mañana en los diferentes supermercados de la ciudad”.

La concejal, aseguró que ante las contantes denuncias sobre la grave crisis económica que enfrente el país, el Gobierno Nacional hace mutis, continuando con la regaladera de recursos a otras nacionales.

“Frente a la escasez de alimentos que vive el país, Nicolás Maduro continua entregando las riendas de la economía venezolana a su sequito de expertos económicos, cuyas únicas maestrías parecieran ser sacadas de Monopoly, ya que lejos de potenciar nuestro aparato productivo de la mano del empresariado privado, apuestan a la entrega de petróleo a precio regalado a los países de la Comunidad del Caribe, (Caricom) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América Alba (Alba) a cambio de arroz, granos, tubérculos y otros alimentos de los cuales hace 16 años Venezuela era exportador”.   

Espiral de violencia

González, aseveró que aunado a esta situación, cientos de madres guayanesas deben enfrentar la incertidumbre de ver regresar con vida a sus hijos y seres queridos, producto de los elevados niveles de inseguridad que enfrenta el país y de los cuales no escapa el municipio Caroní; que ocupa el tercer lugar como una de las ciudades más violentas de Venezuela      

 “La incertidumbre que noche tras noche enfrentamos las madres venezolanas, cada vez que un hijo sale de nuestro hogar no es comparable con ninguna otra, más aún cuando ni siquiera podemos confiar en los cuerpos policiales, ya que la mayoría de sus funcionarios están implicados en hechos de corrupción o en otras irregularidades”.

La concejal, indicó que esta situación se incrementa aún más, ante en el clima de conflictividad política que vive el país y la total discrecionalidad que otorga la resolución 8.610 sobre el uso de armas de fuego por parte de funcionarios policiales.

“El único objetivo de la resolución 8.610, que permite el uso de armas de fuego en manifestaciones públicas, es el de sembrar terror en la población que disiente del régimen de Nicolás Maduro y evitar que nuevos venezolanos se sumen al descontento popular que se incrementa día tras días ante el fracaso continuado del régimen para resolver los problemas de todos los venezolanos”.

González, aseguró que todas estas acciones evidencian la pérdida del estado de derecho y el deterioro progresivo de nuestro sistema democrático, el cual enfrenta una de sus peores crisis.

“Ante las pretensiones del régimen de acabar a toda costa con la disidencia venezolana, las mujeres de Acción Democrática elevamos nuestra voz de descontento e invitamos a todas las mujeres de Guayana a sumarse al cambio y la construcción de una mejor Venezuela con el concurso de todos los venezolanos”.

En tal sentido, la concejal destacó la necesidad de construir un nuevo parlamento al servicio del pueblo venezolano, por lo que invitó a toda la población a participar masivamente en las venideras elecciones parlamentarias. (Prensa AD)           

    Para la parlamentaria es lamentable que a 26 años de los hechos del Caracazo, el gobierno de Nicolás Maduro continúe con la dicotomía revolucionaria de solicitar la investigación y el encarcelamiento de los culpables de la muertes y el uso excesivo de la fuerza de esos hechos y mande a los funcionarios policiales y militares pistola en mano a reprimir a nuestros jóvenes en universidades y casa de estudios.

“Es inaudito que un gobierno que se haga llamar humanista y que haya criticado el uso de armas de fuego durante los trágicos acontecimientos del 27 y 28 de febrero, conocidos como El Caracazo, hoy pretenda desconocer la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (Cidh), para auspiciar el uso de armas de fuego en manifestaciones públicas”, así lo dio conocer la diputada al Consejo Legislativo del Estado Bolívar por Acción Democrática, Nelly Frederick.

La diputada blanca señaló que la violación a la sentencia del organismo internacional pro defensa de los Derechos Humanos, que prohíbe al Gobierno Nacional el uso de armas de fuego durante manifestaciones y protestas públicas, solo busca atornillar al Presidente de la República en el poder, ante el creciente descontento popular por su incapacidad como mandatario.

“El único objetivo que busca el Gobierno Nacional tras la aplicación de la Resolución 8.610, que permite el uso de armas de fuego en manifestaciones públicas, es el de generar terror dentro de la población y evitar que nuevos venezolanos se sumen al descontento popular que se incrementa día tras días ante el fracaso continuado del régimen para resolver los problemas de todos los venezolanos”.

Cerco jurídico

Frederick, denunció que aunado al accionar violento de los funcionarios policiales de “disparar a discreción” contra manifestantes, el Gobierno Nacional pretende crear un cerco jurídico que permita reinterpretar la legislación a sus necesidades y coartar el legitimo derecho a la protesta y a la manifestación pacífica de todos los venezolanos.

“La aplicación de la resolución 8.610 aunada a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que proscribió las protestas espontáneas, solo busca coartar el derecho a manifestar de los venezolanos consagrado en el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece que los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establece la ley(…)Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.

 

Convictos y confesos

Para la parlamentaria la aplicación de políticas orientadas a incitar el odio y la violencia entre los venezolanos por parte del Gobierno Nacional no es nueva, mucho antes del ascenso del presidente Hugo Chávez al poder, los principales ministros del régimen fueron los que propiciaron el rompimiento del hilo constitucional en el país mediante dos intentonas golpistas.

“Nadie que empuñe un arma de fuego para matar compatriotas y hacerse del poder con la anuencia y el respaldo de un gobierno extranjero como el de Cuba puede hablar hoy en día de injerencia o magnicidio,   ya que sus manos siempre han estado manchadas de sangre”.

Frederick, aseveró que en el país no solo está en juego el estado de derecho, sino la continuidad del sistema democrático tan vapuleado durante 16 años de régimen revolucionario.            

“Es lamentable que a 26 años de los hechos del Caracazo, el gobierno de Nicolás Maduro continúe con la dicotomía revolucionaria de solicitar la investigación y el encarcelamiento de los culpables de la muertes y el uso excesivo de la fuerza de esos hechos y mande a los funcionarios policiales y militares pistola en mano a reprimir a nuestros jóvenes en universidades y casa de estudios”.

Salida electoral

La parlamentaria reveló que solo la tarde de este viernes cinco jóvenes fueron heridos de gravedad por acciones de protestas registradas en el núcleo Táchira de la Universidad de los Andes, que sumado a los deceso del joven de bachillerato evidencia el clima de violencia e ingobernabilidad que propicia el Gobierno Nacional.

“Como demócrata y madre de familia le exijo al estado la derogación de la resolución 8.610, para evitar que nuestros estudiantes y jóvenes continúen siendo asesinados a mansalva por los funcionarios policiales”.   

La parlamentaria cree que la salida a la crisis que enfrentan los venezolanos no está en la violencia sino en las urnas de votación, de allí la importancia de cada uno de los ciudadanos aplique el voto castigo en las próximas elecciones parlamentarias.

“Si la familia organizada no sale a votar masivamente en las próximas elecciones son pocos o avances que en materia democrática mantendremos los venezolanos, de allí la importancia de elegir hombres y mujeres comprometidos con el país que legislen por el pueblo y para el pueblo venezolanos” (Prensa AD)