La secretaria de Educación de Acción Democrática en el estado Bolívar, instó al ciudadano Ministro de Educación a tomar consciencia sobre la situación económica que enfrentan los docentes venezolanos, la cual tiende a agravarse ante el inminente impacto inflacionario que traerá el incremento de la gasolina y que terminará por liquidar el salario de los educadores en el país.

“Es lamentable tener que vivir con el dolor que genera la destrucción de la plataforma educativa democrática, plural y de estabilidad para el profesional de la docencia que recibió este gobierno de las manos de 40 años de democratización de la enseñanza y la educación de calidad, promovida esencialmente por Acción Democrática en sus ejercicios de gobierno”, así lo expresó la secretaria de Educación de Acción Democrática en el estado Bolívar y  diputada al Consejo Legislativo del Estado Bolívar, Yaritza Viña.

A juicio de la profesora el llamado a paro realizado por las Federaciones educativas, producto de la indigencia que presenta el salario de los docentes ha sido subestimado por el Ministro de Educación, Héctor Rodríguez, quien sólo es capaz de mentir, al señalar que los docentes venezolanos no sólo están bien remunerados,  si no que poseen estabilidad gremial.

“Lamentablemente el Ministro está lejos de aceptar que los docentes venezolanos han pasado del bienestar que le brindaron los gobiernos precedentes a éste, a vivir en la pobreza crítica hecho al cual se suma la aberrante negación que hace el Gobierno Nacional al docente  venezolano de impedirle concursar para obtener la titularidad del cargo de acuerdo a lo normado en el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, documento aprobado en el año 91 bajo la Presidencia de Carlos Andrés Pérez”

Cinismo gubernamental

Para Viña esta acción vulnera el legítimo derecho del docente a contar con un sistema integral de ingreso, promoción, permanencia, egreso, jerarquía, categoría, remuneración y beneficios socioeconómicos, en correspondencia con lo estipulado en la Constitución y en la Ley de Educación y no a través de memos, decretos y circulares como ilegalmente se está haciendo. 

“Condenamos de manera absoluta que se pretenda desconocer a la Constitución cuando señala claramente que el salario del docente ha de estar adecuado a la elevada misión que realiza y ha de ser suficiente de manera que le permita vivir con dignidad  y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas, materiales, sociales e intelectuales”.

Aseguró que es responsabilidad del Estado garantizar un ajuste que tome como referencia el costo de la cesta básica, la cual; por cierto, alcanzaba para mes de enero de este año un monto de 31.843 bolívares, mientras que   la canasta alimentaria ya supera los 18.000 bolívares.

“Desde Acción Democrática como partido que durante sus gobiernos colocó al docente en un sitial de honor, que le permitió alcanzar un bienestar que jamás tuvo antes, nos preguntamos si los sueldos a los que se refiere el Ministro Rodríguez, son a los que devengan los integrantes del componente militar cuyos salarios oscilan entre 13.271 bolívares para el cargo de Teniente de Navío o su equivalente de Capitán  y 24.892 bolívares  para el cargo de General en Jefe o su equivalente Almirante en Jefe o al que perciben los enchufados de turno en la administración pública”.

Ínfimos salarios

La secretaria de Educación de AD en el estado Bolívar, reveló que los docentes I, II, y III ni siquiera superan el salario mínimo debido a que sus sueldos oscilan entre 5.557 y 5.958 Bs, mientras que los docentes IV, V y VI devengan salarios mensuales entre  6.193  y 8.235 Bs.

Informó, que en la actualidad ningún docente puede presumir de estabilidad laboral, ya que más de 150.000 maestros son interinos y esperan por su titularidad.

“Hoy más que nunca existen razones suficientes que avalan el paro activo realizado por los docentes, es por ello que desde Acción Democrática, institución política defensora a ultranza de la educación como piso de desarrollo que sostiene a un país, instamos al ciudadano Ministro  de Educación a tomar conciencia con relación a una de las áreas más sensibles de la sociedad como lo es la educación, a sabiendas que la crisis magisterial tenderá a agravarse ante el nuevo impacto inflacionario que traerá el incremento de la gasolina y que terminará por liquidar el salario de los educadores en el país”.

Viña, acotó que mientras el Ejecutivo Nacional no impulse los correctivos necesarios el déficit de docentes de calidad en el país continuará en ascenso, producto de la fuga de talento joven a otros países latinoamericanos. 

“Mientras los docentes continúen siendo mal pagados en Venezuela, la fuga de talentos continuará a Ecuador, Bolivia, Chile y Perú, donde devengan salarios superiores a los 4.000 dólares, hecho que está dejando vacías las aulas de las Universidades e Institutos Pedagógicos, condenando a las generaciones futuras al sometimiento ideológico auspiciado por el Gobierno Nacional” (Prensa AD) 

    Desde el mes de septiembre durante la realización de las jornadas de presupuesto participativo, el alcalde aprobó los recursos para el asfaltado de la comunidad durante el primer trimestre del año 2015; sin embargo hasta la fecha estos no se han iniciado

“El alcalde José Ramón López debe darle respuestas concretas a los habitantes de Colinas de Unare en materia de asfaltado” así lo dio a conocer la concejal de Acción Democrática ante Cámara Municipal de Caroní, Aida González.

La dirigente blanca, anunció que desde el mes de septiembre durante la realización de las jornadas de presupuesto participativo el alcalde aprobó los recursos para el asfaltado de la comunidad durante el primer trimestre del año 2015; sin embargo hasta la fecha estos no se han iniciado, dejando completamente incomunicados a más de 1500 familias que residen en 24 manzanas

“Más de 7 años de espera mantienen los habitantes de la comunidad Colinas de Unare, exigiendo la recuperación de sus calles, tras la colocación de una extensa red de tuberías de gas, por parte de la empresa Petróleos de Venezuela Gas, la cual todavía se encuentra inoperativa”.

González indicó que en este lapso de tiempo, siete empresas pasaron por la comunidad, entre ellas Construbolívar, las cuales dejaron las calles completamente destruidas y sin gas, ya que lo único que hicieron fue abrir zanjas y tapándolas medias.

Promesa inconclusa

Pese al anuncio realizado y al compromiso alcanzado, la concejal, señaló que hasta la fecha el alcalde no le ha dado respuesta los habitantes de la comunidad, dificultando el acceso a sus hogares, producto de que la mayoría de transporte público no ingresa en la comunidad debido al mal estado de sus calles.

“En Colinas de Unare no existe una calle por la cual se puede transitar, ya que todas están llenas de huecos, por lo que la mayoría de los habitantes permanecen aislados en materia de transporte público”.

González reveló que el mal estado de la calles, ha impedido que el servicio de aseo urbano ingrese a la comunidad con total normalidad, por lo que los pocos camiones que prestan el servicios de manera particular cobran sumas importantes para sacar la basura de los hogares.

“Mientras el tiempo pasa y el alcalde continua asfaltando las principales avenidas del municipio, los resientes de Colinas de Unare deben enfrentar los embates de una revolución que solo cree en los más necesitados en época electoral”.

En tal sentido, la concejal invito a todas las UBch, Salas de Batalla y consejos comunales que habitan la comunidad de Colinas de Unare a impulsar el proyecto de asfaltado de la comunidad con el ciudadano alcalde.

“Como demócratas estamos conscientes que solo en la unidad de los pueblos podemos impulsar los cambios que requiere el país, entre ellos el mejoramiento de la calidad de vida de nuestro pueblo de allí la importancia de que todas las organizaciones que hacen vida en esta comunidad se unan para impulsar los cambios que requieren”.          

Queja puntual

Margarito Arcia, integrante de la comunidad, reveló que junto al mal estado de las calles, la comunidad carece de un eficiente sistema de alumbrado público, ya que el actual, data desde hace más de 40 años, por lo que noche tras noche colapsa, dejando al sector en penumbras y facilitando el accionar de bandas delincuenciales.

“En nuestra comunidad, cada vez que cae la noche todo el mundo se encierra en sus casas, porque los robos están a la hora del día, ya que la policía ni se mete a patrullar, razón por la cual estamos completamente indefensos y a la voluntad de Dios”.  

Arcia aprovechó la ocasión para solicitarle a los entes gubernamentales, la culminación del proyecto deportivo de la comunidad, el cual incluye el mejoramiento y recuperación de la cancha deportiva de la zona.

“Queremos que el ciudadano alcalde construya la cancha en nuestra comunidad, con el fin de continuar sembrando el deporte y ayudar a tantos jóvenes a alejarse de las drogas”. (Prensa AD)

   El parlamentario aseguró que la tendencia de querer achacar los responsabilidades personales a los pueblo o a un tercero, es propia de los regímenes autoritarios, situación que afecta a todos los venezolanos.

“El presidente de la Corporación Venezolana de Guayana General Justo Noguera Pietri, debería renunciar a su cargo al frente del organismo y sus pretensiones a ser postulado gobernador del estado Bolívar, para explicarle al país y especialmente a los guayaneses el por qué su nombre aparece en la lista del Departamento de Estado Norteamericano por el presunto cargo de violación de Derechos Humanos y corrupción”, así lo dio a conocer el diputado a la Asamblea Nacional por Acción Democrática, Freddy Valera.

El parlamentario, desestimó las declaraciones efectuadas por el alto funcionario a un diario de circulación nacional, a través de las cuales pretendía evadir su presunta responsabilidad en los hechos de los cuales se le acusa y transferírsela a los venezolanos.

“General Justo Noguera Pietri, usted como militar más que nadie sabe que los crímenes de lesa humanidad son cometidos por funcionarios públicos en representación del Estado y no por los pueblos, que los hechos de corrupción son responsabilidad de las personas que lo cometen y no de sus allegados; como demócratas no entendemos por qué se escuda en el noble pueblo de Venezuela y en condecoraciones para ocultar su presunta participación en los hechos que se le acusa, dé la cara y refute con gallardía, pruebas en las manos todas las acusaciones que sobre usted pesan”.

Tendencia autoritaria

Valera, afirmó que esta tendencia de querer achacar los responsabilidades personales a los pueblo o a un tercero es propia de los regímenes autoritarios, situación que afecta a todos los venezolanos.

“Es irrisorio que luego de 16 años en el poder, la destrucción de nuestro aparato productivo, una inflación galopante, la merma progresiva de nuestro poder adquisitivo producto de la devaluación más grande de nuestra historia política, la muerte de 24 mil compatriotas anual, el Gobierno y sus funcionarios, continúen achancando la responsabilidad de sus acciones a terceros y especialmente al pueblo venezolano”.                

El parlamentario, recordó a Pietri que las violaciones de lesa Humanidad no prescriben, por lo que lo que más temprano que tarde deberá aclararle al país los motivos que condujeron a esta calificación por parte del Departamento de Estado Norteamericano.

“Ni Venezuela ni los venezolanos constituyen una amenaza para Estados Unidos u otras naciones del hemisferio; hay que ser realista, una cosa son las sanciones internacionales que el Departamento de Estado Norteamericano hace a un país y otra muy distintas las que realiza en contra de sus funcionarios, como ocurre en Venezuela, la cual está basada en los elevados niveles de corrupción y la constante violación de los derechos humanos”.     

Aislamiento internacional

El parlamentario, reveló que las sanciones implementadas contra los funcionarios venezolanos por la violación de los Derechos Humanos, no son recientes y obedecen al irrespeto y desacato constante que ha mantenido el Gobierno de Nicolás Maduro sobre los pronunciamientos de  instancias como la Organización de Naciones Unidas (ONU), que a través de su Comité contra la Tortura y el Grupo de Trabajo contra las Detenciones Arbitrarias, ha realizado para exigir la libertad de los presos políticos  como el alcalde Metropolitano Antonio Ledezma,  Leopoldo López, el alcalde, Daniel Ceballos, entre otros líderes políticos  encarcelados por el simple hecho de pensar distinto, evidencia irrefutable sobre la criminalización de la protesta en Venezuela.

“Todos y cada uno de los pronunciamientos emitidos por los organismos internacionales encargados de velar por el cumplimiento de los Derechos Humanos en el mundo ha sido desechado y descartado por el Gobierno de Nicolás Maduro, que ha colocado a Venezuela a espalda del sistema internacional de justicia, mediante el incumplimiento de los Convenios y Tratados válidamente suscritos por la República, el gobierno venezolano ha propiciado el lamentable escenario que hoy presenciamos.” (Prensa AD)

    La concejal aseveró que mientras el país se concentra en el debate político e internacional, sobre la invasión de marines norteamericanos a nuestras costas, la crisis económica avanza, deteriorando nuestra calidad de vida.

“Aplicación de captahuellas no solucionará crisis alimentaria en el país y las largas colas en los supermercados de Ciudad Guayana, ya que no resuelve el problema de fondo: La baja producción de alimentos, producto de la falta de divisas para la compra de insumos y materias de prima”, así lo dio conocer la concejal de Acción Democrática ante el Concejo Municipal de Caroní, Aida Espinoza.

La concejal, señaló que aunque el proyecto ha sido presentado como una panacea, para resolver el problemas de las largas colas en los establecimientos comerciales y la sobreventa de alimentos a sobreprecio, en la práctica se ha convertido en más de lo mismo, al no generar soluciones concretas al problema e impedir la compra de productos en varios supermercados de una misma localidad.

Aplicación infructuosa

“Desde San Cristóbal hasta Maracaibo, en cada una de las poblaciones fronterizas donde se ha puesto a prueba el captahuellas, las largas colas y el tráfico de alimentos de extracción continúa, ante la mirada complaciente de algunos funcionarios militares y la falta de integración entre las bases de datos”.

González, explicó que es imposible que el nuevo sistema de ventas impida a un usuario comprar productos regulados en dos establecimientos comerciales en una misma localidad, puesto que el funcionamiento del dispositivo solo es viable en una red o cadena de establecimientos comerciales, sin embargo teme que su uso prolongado se transforme en una tarjeta de racionamiento electrónica.

“Si el uso del captahuellas en las elecciones presidenciales y de gobernadores se limita solo al centro de votación donde el elector ejerce su derecho al voto, debido a la lentitud con que el sistema compara cada una de las huellas dactilares en el banco de datos, es imposible que el nuevo sistema de ventas regule a una población como la del municipio Caroní, que supera el millón de habitantes”.

La concejal, afirmó que la aplicación del instrumento vulnera los artículos 117 y 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece el derecho a elegir bienes y servicios de calidad en plena libertad, así como la soberanía alimentaria.

“Si el Gobierno Nacional pretende utilizar el captahuellas para llevar un registro y detectar quién comete un ilícito, podría ser eficiente; pero como demócratas no podemos dejar de alertar a la población sobre su uso prolongado, ya que en la práctica constituye una libreta de racionamiento electrónica que limita la compra de alimentos a los venezolanos, al establecer un patrón de consumo distinto al utilizado por el usuario”.  

Economía a la deriva          

González, criticó la falta de una política económica concreta en el país, que permita potenciar la economía y elevar la producción, mediante mecanismos cambiarios que potencien el acceso a divisas.

“Mientras el país se concentra en el debate político e internacional, sobre la invasión de marines norteamericanos a nuestras costas, la crisis económica avanza, deteriorando nuestra calidad de vida”.

La concejal, aseveró que mientras la oferta de dólares se contraiga y la demanda de productos, insumos y repuestos continúe, la economía venezolana continuará a la deriva a la espera de respuestas concretas que garanticen la tan ansiada soberanía alimentaria, que tanto pregona el régimen.(Prensa AD).

   El parlamentario calificó la solicitud del primer mandatario nacional como una muestra más del nerviosismo del régimen para enfrentar uno de los principales problemas del país, los elevados niveles de corrupción y la violación flagrante de los Derechos Humanos en el país     

“Nueva Ley Habilitante Antiimperialista por la paz, solicitada por el presidente Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional, solo busca ocultar  los hechos de corrupción cometidos por los altos personeros de su gobierno detrás de los símbolos patrios y nuestra soberanía”, así lo dio a conocer el diputado a la Asamblea Nacional, Freddy Valera.

Para el parlamentario más allá de garantizar la soberanía y  la protección de Venezuela ante posibles injerencias del imperio norteamericano, el nuevo instrumento legal, pretende conculcar los derechos de los venezolanos a disentir y pensar distinto. 

“La nueva Ley habilitante solo busca proteger las cuentas bancarias en el exterior y los recursos obtenidos de manera fraudulenta de los altos funcionarios del Gobierno, acusados de violación de Derechos Humanos en Venezuela, lo que para nosotros es una total inmoralidad, ya que la única Ley habilitante que requiere el Gobierno Nacional es una  la orientada a elevar la producción, reducir la inflación y garantizar la seguridad de todos los venezolanos”.

Valera, aseguró que ni Venezuela ni los venezolanos constituyen una amenaza para Estados Unidos u otras naciones del hemisferio, por lo que calificó la solicitud como una muestra más del culillismo del régimen para enfrentar uno de los principales problemas del país, los elevados niveles de corrupción.   

“Hay que ser realista, una cosa son las sanciones internacionales que Estados Unidos hace a un país y otras muy distintas las que realiza en contra de sus funcionarios, como ocurre en Venezuela”.

Aislamiento internacional

El parlamentario, reveló que las sanciones implementadas contra los funcionarios venezolanos por la violación de los Derechos Humanos, no son recientes y obedecen al irrespeto y desacato constante que ha mantenido el Gobierno de Nicolás Maduro sobre los pronunciamientos de  instancias como la Organización de Naciones Unidas (ONU), que a través de su Comité contra la Tortura y el Grupo de Trabajo contra las Detenciones Arbitrarias, ha realizado para exigir la libertad de los presos políticos  como el alcalde Metropolitano Antonio Ledezma, Leopoldo López, el alcalde, Daniel Ceballos, entre otros líderes políticos  encarcelados por el simple hecho de pensar distinto, evidencia irrefutable sobre la criminalización de la protesta en Venezuela.

“Todos y cada uno de los pronunciamientos emitidos por los organismos internacionales encargados de velar por el cumplimiento de los Derechos Humanos en el mundo ha sido desechado y descartado por el Gobierno de Nicolás Maduro, que ha colocado a Venezuela a espalda del sistema internacional de justicia, mediante el incumplimiento de los Convenios y Tratados válidamente suscritos por la República, el gobierno venezolano ha propiciado el lamentable escenario que hoy presenciamos.

Injerencia comprobada

A juicio de Valera la única injerencia comprobada que ha existido en Venezuela desde hace más de 16 años es la cubana, a través de la cual miles de isleños controlan áreas esenciales de nuestra economía, salud, deporte, seguridad y fuerzas armadas.  

“Esta es una lucha de los venezolanos por Venezuela, es por ello que como Acciondemocratista nos hubieses gustado ver a la mitad del parlamento que anoche elevó su mano para aprobar en primera discusión esta nueva Ley Habilitante, hacer lo propio para decirles a los cubanos que se vayan a su isla, ya que así como rechazamos la grosera injerencia cubana, no propiciamos ni aceptamos ninguna otra”. 

Para el parlamentario, el único responsable de coartar el derecho a los venezolanos, es el régimen de  Nicolás Maduro, que a través de sus políticas ineficientes y anacrónicas en materia económica han  hundido ala país en una de sus peores  crisis económicas y sociales de toda su historia.

“Maduro no necesita seis meses para enfrentar las sanciones aprobadas por EEUU contra funcionarios venezolanos, que han incurrido en actos de violación de DDHH, necesita es voluntad política para sacar al país del despeñadero al cual lo ha llevado, producto de su ineficacia y terquedad  para entender que la salida de a la crisis que enfrenta el país, está en el concurso de todos los venezolanos”. 

En tal sentido, Valera ratificó el compromiso de Acción de Democrática  a continuar luchando y trabajando en pro de la construcción de una mejor Venezuela con el concurso de todos los venezolanos.  

“Nuestra lucha es por la defensa de nuestra democracia a través del voto, junto a nuestro pueblo, elementos que estamos convencidos iniciaremos en las venideras elecciones parlamentarias”.(Prensa AD)

     El Secretario de Organización Juvenil AD Caroní, criticó que mientras el gobierno nacional despliega toda una red comunicacional y mediática sobre “Generación de Oro”, “Juventud Presente Perfecto” y “Juventud Bicentenaria”, los jóvenes viven en la zozobra sin saber si van a regresar a sus hogares.

Integrantes de la Juventud Acción Democrática del Municipio Caroní, (JAD-Caroní), instaron al Presidente de la República, Nicolás Maduro a parar el derramamiento de sangre de jóvenes en las barriadas del país.

La solicitud se sustenta en elevado número de jóvenes que todos los fines de semana pierden a vida a manos del hampa en el Municipio Caroní y en todo el estado, producto de la falta de planes de seguridad que prevengan el delito.

Moisés Márquez Secretario de Organización Juvenil AD Caroní, señaló que en los últimos anos el país ha sido víctima de la ola delictiva más grande de la historia, pese al despliegue de más de 17 planes de seguridad que sólo han servido para dilapidar una enorme cantidad de recursos en publicidad y propaganda, por qué en la práctica son un completo fracaso.  

“Desde la aplicación del Programa a Toda Vida Venezuela, pasando por el Plan Patria Segura y el Patrullaje Inteligente, esta revolución en 16 años ha sido incapaz de parar la delincuencia y frenar la ola de violencia que mantienen a los venezolanos tras las rejas de sus hogares”.

25 mil muertes

Márquez reveló que el año pasado más de 25 mil venezolanos perdieron la vida a manos del hampa, siendo los jóvenes el grupo etario más propenso a la violencia.

“Señor presidente su tan cacareara Generación de Oro, sucumbe ante la delincuencia desbordada que sacude el país, ya que nuestro país ocupa el tercer lugar como el país con la tasa de mortalidad juvenil más alta de Latinoamérica, Ciudad Guayana está entre la decimo segunda ciudad más violentas del planeta y la tercera de Venezuela”.

El dirigente juvenil denunció que las parroquias Unare, Vista al Sol y Simón Bolívar ocupan los primero lugares como las parroquias más violentas del municipio.

“Los jóvenes guayaneses debemos enfrentar todos los días estos problemas ya que diario somos víctimas del hampa en el barrio, urbanización, centro comercial, mercado y nuestras casas de estudios”.

Objetivo la universidad

Márquez aseguró que solo en el último mes centros de estudios como la Universidad Experimental Politécnico Antonio José de Sucre, (Unexpo) y la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho (Ugma) han sido víctimas de robo, siendo esta ultima paralizada por sus alumnos para exigir mayor seguridad.

“La Universidad Nacional Experimental de Guayana, (Uneg) fue robada en el mes de enero, al igual que el año pasado también vivió lo mismo, tanto es así que el día martes 3 de marzo de 2015 una estudiante esperando el transporte para ir a la universidad fue víctima de un robo, en el que resulto herida por un disparo y nos preguntamos qué está haciendo el alcalde José Ramón López y el gobernador Francisco Rangel Gómez para garantizar la vida de todo los guayaneses?”.

El Secretario de Organización Juvenil AD Caroní, criticó que mientras el gobierno nacional despliega toda una red comunicacional y mediática sobre “Generación de Oro”, “Juventud Presente Perfecto” y “Juventud Bicentenaria”, los jóvenes viven en la zozobra sin saber si van a regresar a sus hogares.

Dicotomía revolucionaria

“Presidente Maduro a su generación de Oro la están matando y usted no hace nada; mientras usted trata a la delincuencia con mano suave, los jóvenes venezolanos somos reprimidos y acribillados con armas de fuego, por el simple hecho de pensar distinto”.

En tal sentido, Márquez exigió la derogación inmediata de la resolución 008610 del Ministerio de la Defensa que autoriza el uso de armas de fuego a funcionarios policiales durante manifestaciones.

“Esta resolución representa una violación flagrante a la Constitución Nacional, ya que vulnera el artículo 68 de nuestra Carta Magna, que consagra el derecho a manifestar de manera pacífica que tienen todos los venezolanos. Esta es una resolución que otorga total discrecionalidad sobre el uso de las ramas de fuego a los funcionarios policiales, lo cual genera un completo limbo en materia de derechos humanos”.

Márquez, afirmó que de manera paralela, el documento vulnera la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que prohíbe al estado venezolano el uso de armas de fuego para la represión de civiles, tras los acontecimientos del Caracazo.

“Este es un gobierno sinvergüenza que por un lado exige el mayor peso de la Ley para los funcionarios que accionaros su armas de fuego durante el Caracazo y defiende a capa y espada su uso en contra de los jóvenes y disidentes, por el simple delito de pensar distinto”(Prensa AD)  

    Cientos de madres guayanesas deben enfrentar la incertidumbre de ver regresar con vida a sus hijos y seres queridos, producto de los elevados niveles de inseguridad que enfrenta el país y de los cuales no escapa el municipio Caroní; que ocupa el tercer lugar como una de las ciudades más violentas de Venezuela      

“En Venezuela no ha existido un gobierno que vilipendie y humille más a la mujer venezolana que la revolución bolivariana, la cual años tras año ha socavado las libertades de las féminas venezolanas”, así lo dio a conocer la concejal de Acción Democrática al Concejo Municipal de Caroní, Aida González.

Para la concejal acción democratista, la autoproclamación de gobierno feminista vociferada por altos personeros del régimen solo es una coraza para ocultar los constantes maltratos sicológicos y vejaciones a las que son sometidas las mujeres venezolanas en cada una de sus actividades diarias.

“Desde largas colas al frente de supermercados para comprar, azúcar, café, papel higiénico, jabón o cualquier otro producto de la cesta básicas, hasta las constantes vejaciones por partes de funcionarios policiales y de la Guardia Nacional, cada vez que elevamos nuestra voz de protesta para denunciar las arbitrariedades que se cometen en el país, las mujeres venezolanas y especialmente las guayanesas somos sometidas a una serie de descalificativos y agresiones que denigran nuestra condición de mujer y que elevan el llamado de atención  sobre  la vulneración de nuestros derechos”.

González, aseveró que la actual crisis económica que enfrenta el país y los elevados niveles de escasez, ha repercutido negativamente en la calidad de vida de la mujer venezolana, ya que además de realizar las labores del hogar, cientos de femeninas han tomado las calles para comprar el alimento para sus familias.

“Una simple compra que en el pasado se demorada solo unos minutos, ahora tarda no menos de ocho horas, incrementando el número de accidentes en los hogares, ya que muchas madres dejan a su hijos solos para poder hacer las colas a primeras horas de la mañana en los diferentes supermercados de la ciudad”.

La concejal, aseguró que ante las contantes denuncias sobre la grave crisis económica que enfrente el país, el Gobierno Nacional hace mutis, continuando con la regaladera de recursos a otras nacionales.

“Frente a la escasez de alimentos que vive el país, Nicolás Maduro continua entregando las riendas de la economía venezolana a su sequito de expertos económicos, cuyas únicas maestrías parecieran ser sacadas de Monopoly, ya que lejos de potenciar nuestro aparato productivo de la mano del empresariado privado, apuestan a la entrega de petróleo a precio regalado a los países de la Comunidad del Caribe, (Caricom) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América Alba (Alba) a cambio de arroz, granos, tubérculos y otros alimentos de los cuales hace 16 años Venezuela era exportador”.   

Espiral de violencia

González, aseveró que aunado a esta situación, cientos de madres guayanesas deben enfrentar la incertidumbre de ver regresar con vida a sus hijos y seres queridos, producto de los elevados niveles de inseguridad que enfrenta el país y de los cuales no escapa el municipio Caroní; que ocupa el tercer lugar como una de las ciudades más violentas de Venezuela      

 “La incertidumbre que noche tras noche enfrentamos las madres venezolanas, cada vez que un hijo sale de nuestro hogar no es comparable con ninguna otra, más aún cuando ni siquiera podemos confiar en los cuerpos policiales, ya que la mayoría de sus funcionarios están implicados en hechos de corrupción o en otras irregularidades”.

La concejal, indicó que esta situación se incrementa aún más, ante en el clima de conflictividad política que vive el país y la total discrecionalidad que otorga la resolución 8.610 sobre el uso de armas de fuego por parte de funcionarios policiales.

“El único objetivo de la resolución 8.610, que permite el uso de armas de fuego en manifestaciones públicas, es el de sembrar terror en la población que disiente del régimen de Nicolás Maduro y evitar que nuevos venezolanos se sumen al descontento popular que se incrementa día tras días ante el fracaso continuado del régimen para resolver los problemas de todos los venezolanos”.

González, aseguró que todas estas acciones evidencian la pérdida del estado de derecho y el deterioro progresivo de nuestro sistema democrático, el cual enfrenta una de sus peores crisis.

“Ante las pretensiones del régimen de acabar a toda costa con la disidencia venezolana, las mujeres de Acción Democrática elevamos nuestra voz de descontento e invitamos a todas las mujeres de Guayana a sumarse al cambio y la construcción de una mejor Venezuela con el concurso de todos los venezolanos”.

En tal sentido, la concejal destacó la necesidad de construir un nuevo parlamento al servicio del pueblo venezolano, por lo que invitó a toda la población a participar masivamente en las venideras elecciones parlamentarias. (Prensa AD)           

    La medida calificada como una nueva falacia del régimen, solo busca a toda costa impulsar la participación accionaria del Gobierno Chino en las empresas básicas, ante el fracaso eminente que constituyo el Control Obrero, en cada una de las factorías de la región.

“El reciente anuncio sobre el reimpulso del Plan Guayana Socialista realizada por el Presidente de la República, Nicolás Maduro durante el encuentro con la Clase Obrera de Guayana, realizado este miércoles no resuelve la crisis de las empresas básicas, entre otras razones porque no planeta una solución al problema de fondo, el cambio del modelo económico”, así lo dio a conocer el secretario de organización de Acción Democrática en el Municipio Caroní, Ramón Zacarías.

El dirigente político, calificó la medida como una nueva falacia del régimen que busca a toda costa impulsar la participación accionaria del Gobierno Chino en las empresas básicas, ante el fracaso eminente que constituyo el Control Obrero, en cada una de las factorías de la región.

“En 15 años de Gobierno Revolucionario las empresas Guayana han tenido no menos de tres planes de inversión, desde el Control Obrero hasta la primera aplicación del Plan Guayana Socialista cada uno de ellos solo ha servido para dilapidar un importante número de recursos y hacer más ricos a los enchufados del turno”.

Zacarías, vaticinó que a diferencia de años anteriores, el nuevo proyecto ejecutado por el Gobierno Nacional no es más que una privatización enmascarada.    

“Todas y cada una de las promesas sobre adecuación tecnológica de las líneas de producción de nuestras empresas básicas, han de contar con el visto bueno de la misión china que arribará al país en los próximos meses, por lo que su aplicación a corto plazo no es más que una gran utopía en el corto tiempo ”.  

Contraloría social

Zacarías, afirmó que en caso específico de Alcasa la empresa requiere no solo la adecuación de sus líneas de producción, producto de que la mayoría de sus celdas poseen cascos perforados, sino también por la construcción del área de carbón la cual se encuentra paralizada desde hace unos 10 años.

“Si la mitad de los recursos destinados por el Fondo Chino al Control Obrera se hubieran usado para el mejoramiento de las empresas básicas de Guayana y no se hubieran diluido en entrega de contratos sin licitación y compra de materias primas con sobreprecios, la mayoría de ellas no continuarán presentando números rojos”.

El secretario de organización de Acción Democrática en el Municipio Caroní, aseguró que en el caso específico de CVG Alcasa, la recién inaugurada planta de extrusora se encuentra paralizada por falta de insumos y repuestos.

“La falta de equipos e insumos no solo afecta al sector automotriz, las empresas básicas de Guayana también carecen de un importante número de piezas y equipos, esenciales para el buen funcionamiento de las máquinas, por lo que en algunos casos sus trabajadores han tenido que aplicar canibalismo mecánico”. 

Cuentas Claras

Zacarías, instó al presidente Nicolás Maduro a hablarle claro a la clase trabajadora, con el fin de evitar crear falsas expectativas sobre el mejoramiento de las industrias básicas.

“Si haya lago que sabemos los dirigentes políticos democráticos y dirigentes sindicales es leer entre líneas, y a lo largo de sus discurso la única referencia que hizo el mandatario nacional sobre las contrataciones colectivas es que estas deben adecuarse a los lineamientos del Plan Guayana Socialista, es decir que nuevamente los trabajadores veremos subyugados nuestros beneficios contractuales a lo que establezca el Ejecutivo Nacional”.

Para el dirigente político esta acción debe constituir un llamado alerta para la clase trabajadora, con el fin de evitar la pérdida de sus beneficios contractuales.

“Como demócratas creemos, que ningún plan auspiciado por el Gobierno Nacional para la reactivación de nuestras empresas básicas puede confiscar los beneficios contractuales de los trabajadores, de allí la importancia de que la clase trabajadora se mantenga alerta para no permitir que sus beneficios contractuales se subyuguen los intereses dl estado” (Prensa AD)