Frederick, reveló que solo entre los municipios Caroní y Heres en lo que va de año se han registrado más de 700 asesinatos, superando ampliamente los mil fallecidos si se toma en cuenta al resto de los municipios del estado.

“El estado Bolívar paso de ser considerado una joya y potencia turística a imperio de la delincuencia, producto del ineficiente combate a la delincuencia que desde la gobernación del estado Bolívar se viene gestando contra las bandas armadas que operan en la región”, así lo dio a conocer la diputada al Consejo Legislativo del Estado Bolívar, Nelly Frederick.

La parlamentaria, reveló que solo entre los municipios Caroní y Heres en lo que va de año se han registrado más de 700 asesinatos, superando ampliamente los mil fallecidos si se toma en cuenta al resto de los municipios del estado.

“Solo el municipio Caroní concentra el 61% de de delitos en la entidad, de hecho el año pasado 45 menores de edad fueron asesinados en Ciudad Guayana, lo cual ubica al municipio Caroní como uno de los más violentos del país y número 17 del mundo debido a la serie de delitos que se cometen en la región, elementos que nos obligan como demócratas a denunciar la necesidad de reestructurar nuestros programas de seguridad”.

Fracaso total  

Frederick aseveró que en más de 16 años de revolución se han aplicado 23 programas de seguridad, los cuales han fracasado ante la falta de coherencia y continuidad en las políticas sociales y de seguridad.

“La delincuencia no puede continuar siendo vista como un problema netamente policial pues responde a diferentes factores que van desde los valores sociales y morales del individuo hasta su nivel educativo, razón por la cual requiere políticas integrales para su combate”.

La parlamentaria, aseguró que los 146 cuadrantes que integran el Patrullaje Inteligente en los 11 municipios y 46 parroquias del estado Bolívar, no han reducido la violencia y la criminalidad en la región, pues el tiempo de repuesta a las víctimas continua siendo lento y el procedimiento para la solicitud engorroso.  

“Las principales trabas para reducir la violencia, continua siendo la falta de funcionarios policiales, información sobre los cuadrantes y por supuesto los elevado niveles de corrupción de los cuerpos policiales”.

Suplicio vacacional

Frederick afirmó que un estado que pretende ser considerado destino turístico, no puede tener los niveles de inseguridad que presenta nuestra región, menos aún las restricciones de movilidad que posee la entidad, tras la implementación de férreos controles de gasolina.

A juicio de la parlamentaria, el ejemplo más palpable de esta realidad lo constituye la reciente paralización de las operadoras turísticas del Parque Nacional Canaima, las cuales decidieron suspender actividades ante el recorte y suspensión del suministro de combustible.

“Solo en socialismo una actividad productiva tan importante como el turismo está supeditada a actividades ilícitas como la delincuencia y la minería ilegal”.

En tal sentido, Frederick, exhortó al gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez; al ministro de Turismo, Andrés Izarra; el comandante de la REDI Guayana, el mayor general Marcelino Pérez Díaz a trabajar de manera integral en el fortalecimiento de la entidad como potencia turística de Venezuela.

“Es necesario fortalecer la seguridad en la entidad, combatir de manera frontal la minería ilegal y todas las actividades ilícitas vinculadas a esta si se desea impulsar las bondades turísticas de nuestro estado y hacer de Bolívar la potencia turista de Venezuela”.

  El parlamentario aseveró que el incremento en los precios, no se ha traducido en una mayor presencia de productos en los anaqueles de los diferentes supermercados, menos aún en una reducción de la escasez, entre otras razones por qué la mayoría de ellos requiere de dólares para la compra de materias primas, esenciales para la producción final.

 “La única Guerra Económica que libra el Gobierno Nacional es la orientada a destruir el poder adquisitivo de los venezolanos, al aumentar en menos de una semana ocho productos del aseo personal”, así lo dio a conocer el  diputado a la Asamblea Nacional por Acción Democrática Freddy Valera.   Para el dirigente de la tolda blanca, el incremento de los productos de limpieza y aseo personal, no se traducirá en una mayor producción, sino en un deterioro abrupto del poder adquisitivo de los venezolanos, quienes deberán destinar mayor cantidad de dinero para la compra de estos productos.“Desde el aumento en el precio de los pañales y el shampoo el pasado martes, pasando por el incremento en los precios del cloro, lavaplatos y detergentes el día jueves, hasta el aumento de las afeitadoras, toallas sanitarias y desodorantes, cada una de las medidas implantadas por el Gobierno Nacional para el combate de su Guerra Económica, no resuelve las causas de la escasez: La falta de producción”.  Valera, aseveró que el incremento en los precios, no se ha traducido en una mayor presencia de productos en los anaqueles de los diferentes supermercados, menos aún en una reducción de la escasez, entre otras razones por qué la mayoría de ellos requiere de dólares para la compra de materias primas, esenciales para la producción final.      “El único perjudicado con el aumento de los productos es el pueblo que ahora deberá estirar aún más sus quincenas para comprar menos productos, ya que las colas para la compra de alimentos se mantienen en todo el país”   

Propuesta reiterativa
A juicio del parlamentario, ni el aumento de los precios, ni la conformación de  la nueva corporación de alimentos, Corpo-pdv-mercal, anunciada este fin de semana por el Presidente de la República, Nicolás Maduro conllevarán al aumento de la producción, sino se articulan políticas públicas con el empresariado venezolano.Valera, reveló que el ejemplo más palpable de esta realidad, esta en el cemento y cabillas, productos que a pesar de ser elaborados por el gobierno nacional no se encuentran a disposición del pueblo.     “La conformación de un Conglomerado de Empresas Productivas del Campo Venezolano, el desembolso de 2.4 millones de bolívares para el plan de producción Zamora 2014, así como el sistema único de emisión de guías de movilización de animales y vegetales, productos y subproductos de ambos orígenes a cargo de Sada que incluye la autorización previa de salud agrícola integral, entre otros anuncios para el combate la escasez no son medidas novedosas, sino la reafirmación del fracaso del modelo socialista ”.A juicio de Valera ni la conformación de guías únicas para el traslado de alimentos ni las inversiones millonarias en empresas socialistas han impedido el contrabando de alimentos, ni el aumento de la producción.“Desde el año 2008 el gobierno nacional implanto el Sistema Integral de Control Agroalimentario, (SICA), y desde el 2012 el Sistema Integral de Control de Medicamentos, (SICM) los cuales obligan a portar guías de movilización para transportar alimentos, productos agropecuarios o medicamentos, rubros que a pesar de estos controles son los más difíciles de obtener para el consumidor venezolano”  (Prensa AD) 

Miembros del Comité Ejecutivo del Municipio Heres denunciaron la reciente implementación del Sistema Biométrico, posee un amplio vacío legal y violenta los artículos 117 y 305 de la Constitución Nacional, por lo que llaman al gobierno a asumir su responsabilidad en el fracaso de las medidas económicas y entienda que buscar solucionar la crisis originada por el excesivo intervencionismo estatal, implementando más controles, es como querer apagar el fuego regándolo con gasolina.

Representantes de Acción Democrática en el municipio Heres denunciaron la elevada escasez de alimentos y alta inflación que afecta el bolsillo de los venezolanos, producto de los desmedidos controles gubernamentales que solo buscan la sumisión del pueblo.

A juicio de los dirigentes de la tolda blanca el presidente Nicolás Maduro, intenta solo corregir las consecuencias de los problemas ignorando las causas que los originan.

Luis Silva, Secretario General de Acción  Democrática en el municipio Heres, en compañía de los miembros del Comité Ejecutivo Seccional de AD,  Saira Aguinagalde, Mily Hernández, Valentín Fuenmayor, Sixto Linarez, Frank Rojas, Ada Alvarez, Juan Montañéz, Sobella Tablante, Euclides Bravo, Ylmar Fajardo y Bladimir Galindo,  señaló que esta omisión o desconocimiento de la realidad que enfrenta el país  ha conllevado al deterioro progresivo de la calidad de vida de los venezolanos, incrementado consigo los problemas que enfrentan los ciudadanos de a pie.

“Ante la grave crisis que atraviesa el sector productivo y nuestra economía en general, la respuesta oficial ha sido incrementar los mecanismos de control, como el Sistema Biométrico de Alimentos; cuando son precisamente los excesivos controles los que entraban y reducen la producción de bienes y servicios en el país, generándose escasez, inflación y especulación.”

Controles ineficientes
Silva, reveló que al igual que muchos programas gubernamentales violenta los artículos 117 y 305 de la Constitución Nacional, y no resuelve el problema de fondo que no es otro que la baja producción de alimentos y productos que posee el país.

“En 2003 se estableció el control de precios, en 2004 el Indecu, en 2008 la Ley de Seguridad Alimentaria, en 2010 Indepabis, en 2011 la Ley de Costos y Precios Justos, todas con carácter restrictivo y punitivo, haciendo ver que los responsables de la escasez y la inflación eran los empresarios, sin embargo los problemas lejos de solucionarse se agudizaron”.

El Secretario General de AD en el municipio Heres, recordó que sumado a estos controles desde el año 2008 está vigente el SICA (Sistema Integral de Control Agroalimentario) y desde el 2012 el SICM (Sistema Integral de Control de Medicamentos) los cuales obligan a portar guías de movilización para transportar alimentos, productos agropecuarios o medicamentos, rubros que a pesar de estos controles son los más difíciles de obtener para el consumidor venezolano.

“Ni la colocación chips de control para la compra de combustible y alimentos en los estados fronterizos, ni las guías de movilización de alimentos, ni el cierre nocturno de la frontera con Colombia, han logrado reducir la escasez, ni la inflación que padecen los venezolanos”.

Sin responsabilidad

Silva, anunció que ahora el gobierno nacional pretende acusar a los consumidores de ser los responsables de los bajos inventarios y de los altos precios, razón por la cual anunció la implementación del capta huellas para controlar la compra de productos de la cesta alimentaria, no solo en los establecimientos públicos como Mercal Y Pdval, sino también en los supermercados privados y no solo en los estados fronterizos sino en todo el territorio nacional.

Ante esta imposición del gobierno nacional, el representante del Comité Ejecutivo del Municipio Heres denunció la violentando de los artículos 117 y 305 de la Constitución Nacional.

“El  artículo 117 de Carta Magna establece el derecho a las personas de disponer de bienes y servicios de calidad, así como la libertad de elección y a un trato equitativo y digno; mientras que el artículo 305 corresponde a la obligatoriedad del Estado a promover la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral, y en consecuencia garantizará la seguridad alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público consumidor, elementos que no se cumplen”.

El representante del Comité Ejecutivo del Municipio Heres, instó al Gobierno a asumir su responsabilidad en el fracaso de las medidas económicas aplicadas y solucionar la crisis originada por el excesivo intervencionismo estatal.

“Como demócratas le exigimos al gobierno nacional una mayor inversión en las áreas de producción de alimentos, menos importación y controles, ya que su exacerbada aplicación conlleva a las distorsiones económicas que hoy padecemos los venezolanos. La aplicación de controles e importaciones es como querer apagar el fuego regándolo con gasolina”.

Silva, sugirió de manera paralela el desmontaje gradual y paulatino de los mecanismos de control antes mencionados, respetando las leyes de mercado y estimulando la participación del capital privado. (Prensa AD)

    El parlamentario reveló que mientras la escasez de alimentos ronda el 90% y la inflación anualizada el 60%, la única repuesta del ejecutivo nacional es la implementación del nuevo sistema biométrico, que no garantiza ni impide el tráfico de alimentos a otros países, pues quienes hoy controlan las fronteras para impedir el contrabando, son los mismos que la custodiaban desde hace quince años, convirtiendo el combate al contrabando en una gran falacia.

 

“Considerar que el nuevo sistema de biométrico para la compra de alimentos en el país impedirá el contrabando de alimentos, es afirmar que el usos de las captahuellas por parte del Consejo Nacional Electoral impide el fraude electoral y eso no es cierto”, así lo dio a conocer el diputado a la Asamblea Nacional por Acción Democrática, Freddy Valera.

Para el parlamentario, la implementación del nuevo sistema vulnera de manare flagrante el derecho a la alimentación de todos los venezolanos, al limitar el poder de comprar e impedir el libre acceso a los alimentos e insumos.

“En un país dónde la frase cotidiana más común es no hay?, es imposible que los alimentos y productos lleguen a los anaqueles por obra divina, tras la simple utilización del sistema biométrico, ya que en los estados donde ha sido aplicado no ha reducido las colas o ni los enfrentamientos por alimentos.”

Al borde del abismo

Valera, indicó que mientras los niveles de producción no se incrementen y los productos no lleguen mensualmente a los anaqueles, y no cada seis meses como ocurre en la actualidad, la situación alimentaria y de medicamentos en el país será una bomba de tiempo y el caldo de cultivo propicio para un estallido social.

“Mientras la escasez de alimentos, medicina, repuestos y electrodomésticos se agudizan en el país, y nuestros hermanos mueren de mengua en los hospitales ante la falta de insumos; el gobierno no termina de anunciar medidas económicas concretas para superar la crisis”.

El parlamentario, aseveró que hasta ahora ninguno de los venezolanos sabe con certeza si hemos llegado al fondo del precipicio o estamos en el umbral del abismo, lo cierto es que la situación actual ha incrementado la conflictividad social.

“Pelearse en las colas, madrugar a las 2 de la mañana para estar entre los primeros de la fila, dejarse marcar el número en el brazo como si fuera ganado o revender el puesto para los que no quieren perder 4 ó 6 horas en la cola esperando bajo un sol inclemente o solicitar un día de permiso en el trabajo para comprar dos alimentos por personas, se han vuelto en elementos cotidianos en las diferentes colas de los supermercados”.  

Valera, afirmó que mientras la escasez de alimentos ronda el 90%, la única repuesta del Ejecutivo Nacional es la implementación del nuevo sistema biométrico, que no garantiza ni impide el tráfico de alimentos a otros países, pues quienes hoy controlan las fronteras para impedir el contrabando, son los mismos que la custodiaban desde hace quince años, convirtiendo el combate al contrabando en una gran falacia.     

Realidad social

Para Valera el nuevo sistema biométrico no es más que una vil copia electrónica de la tarjeta de racionamiento cubana, la cual lleva años aplicándose desde hace años en la isla caribeña para el control de la población.

“Este mecanismo no sólo busca impedir la salida de alimentos de nuestro país sino el control y sumisión de la población, mediante la comida, ya que a través de estas captahuellas permiten conocer y restringir lo que los ciudadanos compran y dónde compran sus alimentos, permitiendo mantener un estrecho control social de la población ya que estos datos son los mismos que el CNE usa durante las elecciones para conocer para verificar la identidad de los electores en las mesas de votación”.

El parlamentario, aseguró que la salida a la crisis económica que enfrenta el país está en el incremento de la producción nacional mediante el incentivo y la apertura del capital privado.  

“La estatización de nuestra industria y campo han conllevado a una caída dramática en las actividades productivas entre un 45 y 60%, incrementado los niveles de desempleo que superan el 10%, con informalidad de más del 50% y los niveles de pobreza en sus zonas rurales son los mayores del país con más del 60%”.

Valera, reveló que la mayoría de las empresas estatizadas se encuentran produciendo por debajo del 50% de su capacidad instalada pese a que la inversión realizada por el Gobierno Nacional es tres veces mayor a la del sector privado.

“El 80% de los alimentos que no se importan en el país son producidos por el sector privado, que a pesar de las trabas, la falta de insumos y dólares para la compra de materia prima han logrado mantenerse operativas”.

A juicio del parlamentario, es a través de este trabajo coordinado del sector privado que se puede lograr el combate efectivo de la escasez y garantizar la alimentación de los venezolanos. (Prensa AD)