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Miembros del Comité Ejecutivo del Municipio Heres
denunciaron la reciente implementación del Sistema Biométrico, posee un amplio
vacío legal y violenta los artículos 117 y 305 de la Constitución Nacional, por
lo que llaman al gobierno a asumir su responsabilidad en el fracaso de las
medidas económicas y entienda que buscar solucionar la crisis originada por el excesivo
intervencionismo estatal, implementando más controles, es como querer apagar el
fuego regándolo con gasolina.
Representantes
de Acción Democrática en el municipio Heres denunciaron la elevada escasez de
alimentos y alta inflación que afecta el bolsillo de los venezolanos, producto
de los desmedidos controles gubernamentales que solo buscan la sumisión del
pueblo.
A juicio de los
dirigentes de la tolda blanca el presidente
Nicolás Maduro, intenta solo corregir las consecuencias de los problemas
ignorando las causas que los originan.
Luis Silva,
Secretario General de Acción Democrática
en el municipio Heres, en compañía de los miembros del Comité Ejecutivo
Seccional de AD, Saira Aguinagalde, Mily
Hernández, Valentín Fuenmayor, Sixto Linarez, Frank Rojas, Ada Alvarez, Juan
Montañéz, Sobella Tablante, Euclides Bravo, Ylmar Fajardo y Bladimir
Galindo, señaló que esta omisión o
desconocimiento de la realidad que enfrenta el país ha conllevado al deterioro progresivo de la
calidad de vida de los venezolanos, incrementado consigo los problemas que
enfrentan los ciudadanos de a pie.
“Ante la grave
crisis que atraviesa el sector productivo y nuestra economía en general, la
respuesta oficial ha sido incrementar los mecanismos de control, como el
Sistema Biométrico de Alimentos; cuando son precisamente los excesivos
controles los que entraban y reducen la producción de bienes y servicios en el
país, generándose escasez, inflación y especulación.”
Controles ineficientes
Silva, reveló que al igual que muchos programas gubernamentales violenta los artículos 117 y 305 de la Constitución Nacional, y no resuelve el problema de fondo que no es otro que la baja producción de alimentos y productos que posee el país.
Silva, reveló que al igual que muchos programas gubernamentales violenta los artículos 117 y 305 de la Constitución Nacional, y no resuelve el problema de fondo que no es otro que la baja producción de alimentos y productos que posee el país.
“En 2003 se
estableció el control de precios, en 2004 el Indecu, en 2008 la Ley de
Seguridad Alimentaria, en 2010 Indepabis, en 2011 la Ley de Costos y Precios
Justos, todas con carácter restrictivo y punitivo, haciendo ver que los
responsables de la escasez y la inflación eran los empresarios, sin embargo los
problemas lejos de solucionarse se agudizaron”.
El Secretario
General de AD en el municipio Heres, recordó que sumado a estos controles desde
el año 2008 está vigente el SICA (Sistema Integral de Control Agroalimentario)
y desde el 2012 el SICM (Sistema Integral de Control de Medicamentos) los
cuales obligan a portar guías de movilización para transportar alimentos,
productos agropecuarios o medicamentos, rubros que a pesar de estos controles
son los más difíciles de obtener para el consumidor venezolano.
“Ni la
colocación chips de control para la compra de combustible y alimentos en los
estados fronterizos, ni las guías de movilización de alimentos, ni el cierre
nocturno de la frontera con Colombia, han logrado reducir la escasez, ni la
inflación que padecen los venezolanos”.
Sin responsabilidad
Silva, anunció
que ahora el gobierno nacional pretende acusar a los consumidores de ser los
responsables de los bajos inventarios y de los altos precios, razón por la cual
anunció la implementación del capta huellas para controlar la compra de
productos de la cesta alimentaria, no solo en los establecimientos públicos
como Mercal Y Pdval, sino también en los supermercados privados y no solo en
los estados fronterizos sino en todo el territorio nacional.
Ante esta imposición
del gobierno nacional, el representante del Comité Ejecutivo del Municipio
Heres denunció la violentando de los artículos 117 y 305 de la Constitución
Nacional.
“El artículo 117 de Carta Magna establece el
derecho a las personas de disponer
de bienes y servicios de calidad, así como la libertad de elección y a un trato
equitativo y digno; mientras que el artículo 305 corresponde a la
obligatoriedad del Estado a promover la agricultura sustentable como base
estratégica del desarrollo rural integral, y en consecuencia garantizará la
seguridad alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad
suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y
permanente a éstos por parte del público consumidor, elementos que no se
cumplen”.
El representante
del Comité Ejecutivo del Municipio Heres, instó al Gobierno a asumir su
responsabilidad en el fracaso de las medidas económicas aplicadas y solucionar la
crisis originada por el excesivo intervencionismo estatal.
“Como demócratas
le exigimos al gobierno nacional una mayor inversión en las áreas de producción
de alimentos, menos importación y controles, ya que su exacerbada aplicación
conlleva a las distorsiones económicas que hoy padecemos los venezolanos. La
aplicación de controles e importaciones es como querer apagar el fuego
regándolo con gasolina”.
Silva, sugirió
de manera paralela el desmontaje gradual y paulatino de los mecanismos de
control antes mencionados, respetando las leyes de mercado y estimulando la
participación del capital privado. (Prensa
AD)
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