El parlamentario aseveró que el incremento en los precios, no se ha traducido en una mayor presencia de productos en los anaqueles de los diferentes supermercados, menos aún en una reducción de la escasez, entre otras razones por qué la mayoría de ellos requiere de dólares para la compra de materias primas, esenciales para la producción final.

 “La única Guerra Económica que libra el Gobierno Nacional es la orientada a destruir el poder adquisitivo de los venezolanos, al aumentar en menos de una semana ocho productos del aseo personal”, así lo dio a conocer el  diputado a la Asamblea Nacional por Acción Democrática Freddy Valera.   Para el dirigente de la tolda blanca, el incremento de los productos de limpieza y aseo personal, no se traducirá en una mayor producción, sino en un deterioro abrupto del poder adquisitivo de los venezolanos, quienes deberán destinar mayor cantidad de dinero para la compra de estos productos.“Desde el aumento en el precio de los pañales y el shampoo el pasado martes, pasando por el incremento en los precios del cloro, lavaplatos y detergentes el día jueves, hasta el aumento de las afeitadoras, toallas sanitarias y desodorantes, cada una de las medidas implantadas por el Gobierno Nacional para el combate de su Guerra Económica, no resuelve las causas de la escasez: La falta de producción”.  Valera, aseveró que el incremento en los precios, no se ha traducido en una mayor presencia de productos en los anaqueles de los diferentes supermercados, menos aún en una reducción de la escasez, entre otras razones por qué la mayoría de ellos requiere de dólares para la compra de materias primas, esenciales para la producción final.      “El único perjudicado con el aumento de los productos es el pueblo que ahora deberá estirar aún más sus quincenas para comprar menos productos, ya que las colas para la compra de alimentos se mantienen en todo el país”   

Propuesta reiterativa
A juicio del parlamentario, ni el aumento de los precios, ni la conformación de  la nueva corporación de alimentos, Corpo-pdv-mercal, anunciada este fin de semana por el Presidente de la República, Nicolás Maduro conllevarán al aumento de la producción, sino se articulan políticas públicas con el empresariado venezolano.Valera, reveló que el ejemplo más palpable de esta realidad, esta en el cemento y cabillas, productos que a pesar de ser elaborados por el gobierno nacional no se encuentran a disposición del pueblo.     “La conformación de un Conglomerado de Empresas Productivas del Campo Venezolano, el desembolso de 2.4 millones de bolívares para el plan de producción Zamora 2014, así como el sistema único de emisión de guías de movilización de animales y vegetales, productos y subproductos de ambos orígenes a cargo de Sada que incluye la autorización previa de salud agrícola integral, entre otros anuncios para el combate la escasez no son medidas novedosas, sino la reafirmación del fracaso del modelo socialista ”.A juicio de Valera ni la conformación de guías únicas para el traslado de alimentos ni las inversiones millonarias en empresas socialistas han impedido el contrabando de alimentos, ni el aumento de la producción.“Desde el año 2008 el gobierno nacional implanto el Sistema Integral de Control Agroalimentario, (SICA), y desde el 2012 el Sistema Integral de Control de Medicamentos, (SICM) los cuales obligan a portar guías de movilización para transportar alimentos, productos agropecuarios o medicamentos, rubros que a pesar de estos controles son los más difíciles de obtener para el consumidor venezolano”  (Prensa AD) 

        A juicio del dirigente acciondemocratista el bajo éxito cualitativo del programa desplegado en las fronteras y principales estados del país, evidencia que no ataca las causa del problema, falta de producción y los elevado niveles de corrupción de las Fanb, sino las consecuencias impuestas por la subvención de los alimentos y el desplome del bolívar frente al resto de la monedas Latinoamericanas.

“Si el captahuella alimentario es la solución a la escasez de alimentos que vive el país; militares y altos jerarcas del Gobierno Nacional deben dar el ejemplo y someterse junto al ciudadano común al nuevo control alimentario, que no es más que una copia burda de la tarjeta de racionamiento cubana”, así lo dio a conocer el diputado a la Asamblea Nacional por Acción Democrática, Freddy Valera.   

Para el parlamentario el sometimiento de los representantes del Gobierno Nacional, al nuevo control alimentario no solo elevaría la moral en las filas del Partido Socialista Unido de Venezuela, Psuv, sino que evidenciaría su amplia vocación socialista e igualitaria.

“Como demócratas nos gustaría ver a Diosdado Cabello, a Nicolás Maduro, al gobernador del estado Francisco Rangel Gómez y al alcalde de Caroní José Ramón López, así como a otros tantos líderes y ministros del chavismo que hablan maravillas del captahuella alimentario, hacer sus colas para comprar dos harina Pan, papel higiénico, jabón de baño, entre otros artículos de higiene personal, como lo hacemos el grueso de los venezolanos a diario”.

Incapacidad demostrada

A juicio de Valera, la cacería de brujas iniciada por el Gobierno Nacional, bajo el velo de la guerra al contrabando, no se ha traducido en una reducción de la escasez en los anaqueles de los supermercados y abastos del país.

“El bajo éxito cualitativo del programa desplegado en las fronteras y principales estados del país, evidencia que no ataca las causa del problema: Falta de producción y elevados niveles de corrupción de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivariana, sino las consecuencias impuestas por la subvención de los alimentos y el desplome del bolívar frente al resto de la monedas Latinoamericanas”.

El dirigente político, afirmó que sólo los crédulos creen que el problema de la escasez que padecen los venezolanos se debe al contrabando de extracción y que este es liderado por la oposición venezolana, cuando en verdad se debe a la destrucción sistemática de nuestro aparato productivo del país y a la cada vez más creciente descomposición moral que enfrentan las Fanb, plagadas de corrupción y encargadas de custodiar las fronteras.

“Pretender que nuestros militares son impolutos, es considerar que el socialismo es el mejor sistema del mundo, pues no conlleva controles e impulsa el capital privado, y todos sabemos que esto no es verdad. A lo largo de nuestras fronteras no existen no menos de 400 puntos de control que son travesados a diario por los contrabandistas, con la anuencia de sus funcionarios y previo pago de sobornos, sí no cómo llega la gasolina a las minas.”

Para el parlamentario, la detención de 15 militares por el delito de contrabando, tras habilitar trochas para el paso de vehículos y alimentos es una muestra de ello.

Más producción

Valera, reveló que la salida a la crisis alimentaria que padecen los venezolanos está en el incremento de la producción nacional y la reducción de la economía de puertos, tan auspiciada desde el régimen.       

“Asfixiar el aparato productivo del país, para garantizarse grandes comisiones por la importación de productos se convirtió en el Pan nuestro de cada día, sino pregúntenselo a la señorita María Grabriela de Chávez investigada en Argentina por un hecho de corrupción vinculado a la compra de arroz o al propio Rafael Ramírez, tras la presunta importación de petróleo por parte de Petróleos de Venezuela.”

A juicio del parlamentario, este esquema económico es el principal responsable de la crisis alimentaria que padecen los venezolanos y el ejemplo más palpable de los elevados niveles de corrupción que padece el país.

“Quién haya conocido un poco de economía, conoce que un país no puede subsistir a través de la importación; las grandes potencias del mundo son el resultado del fortalecimiento de sus economías y no de las dadivas ideológicas y anacrónicas de regímenes comunistas y socialista. Venezuela requiere cuanto antes más producción y menos importación, para salir de la crisis económica que atraviesa”. 

Respuestas concretas

Valera, reveló que el Gobierno Nacional debe de una vez y por todas establecer las regulaciones que conllevará la entrada en vigencia de las nuevos captahuellas alimentarios.

“La simple aplicación el nuevo sistema, ya es una aberración para los venezolanos, pues limita el poder de compra de la mayoría de las familias; sí a eso le sumamos la falta de reglas y controles, estamos dándole al Gobierno Nacional un cheque en blanco para la aplicación discrecional y selectiva de la tarjeta electrónica de racionamiento en el país”. 

El parlamentario, aseguró que los venezolanos deben de saber que data se usará en la aplicación del mecanismo, ya que la del Consejo Nacional Electoral, CNE, no cuenta con la información necesaria sobre los adolescentes y los extranjeros legales o indocumentados, limitando así la compra de alimento solo a personas mayores de edad y nacidos en el país, pues los anuncios no contemplan el uso de pasaporte. 
“Hasta ahora los venezolanos desconocemos cuál será el número promedio de integrantes por familias, qué productos serán supervisados por este nuevo mecanismo, la cantidad mínimas de compra y el lapso para renovarlas, así como las posibles sanciones para aquellos compradores que hagan compras exorbitantes como los restaurantes y ventas de alimentos.” (Prensa AD)

Miembros del Comité Ejecutivo del Municipio Heres denunciaron la reciente implementación del Sistema Biométrico, posee un amplio vacío legal y violenta los artículos 117 y 305 de la Constitución Nacional, por lo que llaman al gobierno a asumir su responsabilidad en el fracaso de las medidas económicas y entienda que buscar solucionar la crisis originada por el excesivo intervencionismo estatal, implementando más controles, es como querer apagar el fuego regándolo con gasolina.

Representantes de Acción Democrática en el municipio Heres denunciaron la elevada escasez de alimentos y alta inflación que afecta el bolsillo de los venezolanos, producto de los desmedidos controles gubernamentales que solo buscan la sumisión del pueblo.

A juicio de los dirigentes de la tolda blanca el presidente Nicolás Maduro, intenta solo corregir las consecuencias de los problemas ignorando las causas que los originan.

Luis Silva, Secretario General de Acción  Democrática en el municipio Heres, en compañía de los miembros del Comité Ejecutivo Seccional de AD,  Saira Aguinagalde, Mily Hernández, Valentín Fuenmayor, Sixto Linarez, Frank Rojas, Ada Alvarez, Juan Montañéz, Sobella Tablante, Euclides Bravo, Ylmar Fajardo y Bladimir Galindo,  señaló que esta omisión o desconocimiento de la realidad que enfrenta el país  ha conllevado al deterioro progresivo de la calidad de vida de los venezolanos, incrementado consigo los problemas que enfrentan los ciudadanos de a pie.

“Ante la grave crisis que atraviesa el sector productivo y nuestra economía en general, la respuesta oficial ha sido incrementar los mecanismos de control, como el Sistema Biométrico de Alimentos; cuando son precisamente los excesivos controles los que entraban y reducen la producción de bienes y servicios en el país, generándose escasez, inflación y especulación.”

Controles ineficientes
Silva, reveló que al igual que muchos programas gubernamentales violenta los artículos 117 y 305 de la Constitución Nacional, y no resuelve el problema de fondo que no es otro que la baja producción de alimentos y productos que posee el país.

“En 2003 se estableció el control de precios, en 2004 el Indecu, en 2008 la Ley de Seguridad Alimentaria, en 2010 Indepabis, en 2011 la Ley de Costos y Precios Justos, todas con carácter restrictivo y punitivo, haciendo ver que los responsables de la escasez y la inflación eran los empresarios, sin embargo los problemas lejos de solucionarse se agudizaron”.

El Secretario General de AD en el municipio Heres, recordó que sumado a estos controles desde el año 2008 está vigente el SICA (Sistema Integral de Control Agroalimentario) y desde el 2012 el SICM (Sistema Integral de Control de Medicamentos) los cuales obligan a portar guías de movilización para transportar alimentos, productos agropecuarios o medicamentos, rubros que a pesar de estos controles son los más difíciles de obtener para el consumidor venezolano.

“Ni la colocación chips de control para la compra de combustible y alimentos en los estados fronterizos, ni las guías de movilización de alimentos, ni el cierre nocturno de la frontera con Colombia, han logrado reducir la escasez, ni la inflación que padecen los venezolanos”.

Sin responsabilidad

Silva, anunció que ahora el gobierno nacional pretende acusar a los consumidores de ser los responsables de los bajos inventarios y de los altos precios, razón por la cual anunció la implementación del capta huellas para controlar la compra de productos de la cesta alimentaria, no solo en los establecimientos públicos como Mercal Y Pdval, sino también en los supermercados privados y no solo en los estados fronterizos sino en todo el territorio nacional.

Ante esta imposición del gobierno nacional, el representante del Comité Ejecutivo del Municipio Heres denunció la violentando de los artículos 117 y 305 de la Constitución Nacional.

“El  artículo 117 de Carta Magna establece el derecho a las personas de disponer de bienes y servicios de calidad, así como la libertad de elección y a un trato equitativo y digno; mientras que el artículo 305 corresponde a la obligatoriedad del Estado a promover la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral, y en consecuencia garantizará la seguridad alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público consumidor, elementos que no se cumplen”.

El representante del Comité Ejecutivo del Municipio Heres, instó al Gobierno a asumir su responsabilidad en el fracaso de las medidas económicas aplicadas y solucionar la crisis originada por el excesivo intervencionismo estatal.

“Como demócratas le exigimos al gobierno nacional una mayor inversión en las áreas de producción de alimentos, menos importación y controles, ya que su exacerbada aplicación conlleva a las distorsiones económicas que hoy padecemos los venezolanos. La aplicación de controles e importaciones es como querer apagar el fuego regándolo con gasolina”.

Silva, sugirió de manera paralela el desmontaje gradual y paulatino de los mecanismos de control antes mencionados, respetando las leyes de mercado y estimulando la participación del capital privado. (Prensa AD)

     Para la concejal la aplicación del nuevo sistema conlleva a una serie de de factores sociales más complicados, que podrían acarrear no solo el racionamiento de alimentos sino a la polarización de la sociedad, entre ellas qué tipo de base de huellas dactilares se va a usar para la aplicación de la medida.

“Desde Acción Democrática comprometido con las necesidades de nuestro pueblo queremos rechazar enfáticamente la aplicación del Sistema Biométrico para compara de alimentos en Guayana, por considerar que no resuelve el problema de fondo de nuestra economía que no es otro que la falta de producción”, así lo dio a conocer la concejal de Acción Democrática ante el Concejo Municipal Socialista de Caroní, Aida González.

La representante de la tolda blanca aseveró que la medida lejos de impedir el contrabando de alimentos a otras naciones constituye la instauración en el país de la tarjeta de racionamiento cubana.

“Sistema Biométrico Alimentario no es más que la instauración electrónica de la tarjeta de racionamiento cubana, ya que no impidió la salida de alimentos a través de las fronteras, como tampoco lo han hecho los 17 mil efectivos militares desplegados durante los últimos días en la zona por el gobierno nacional”.

Anaqueles vacios

González, reveló que pese a las medidas desplegadas por el gobierno nacional los anaqueles de supermercados y comercios permanecen vacíos.

“El problema de fondo a la falta de alimentos no está en el incremento del poder adquisitivo de la población, ya que más del 70% de los venezolanos devengan un poco más del salario mínimo, menos aún en la exportación de productos, sino en la aplicación de un modelo socialista anacrónico cuyo único objetivo es al sumisión del pueblo, mediante controles”.

La concejal, cuestionó que los altos jerarcas del gobierno nacional realicen colas para la compra de alimentos o paguen sobreprecio por alimentos de la cesta básica, como lo hace la mayoría de los venezolanos que deben comprar alimentos a sobreprecio a los buhoneros o en la bodegas de la cuadra.  

“La mayoría de los guayaneses conocimos la bondades del pleno empleo, cuando estaban las empresas básicas en sus máximos niveles de producción y degustamos las más amplia variedad de productos en Koma y Friosa, empresas que a más de cuatro de su estatización se encuentran complemente quebradas, al igual que el resto de las compañías e industrias de alimentos expropiadas por el gobierno nacional bajo la consigna Hecho en socialismo”.

González, aseveró que desde los Supermercados Bicentenarios hasta los Mercal, el gobierno nacional ha implementado un cerco alimentario a la población, limitando la venta de productos a dos por personas, tras la realización de largas colas.

Vacío legal

Para la concejal la aplicación del nuevo sistema conlleva a una serie de de factores sociales más complicados, que podrían acarrear no solo el racionamiento de alimentos sino a la polarización de la sociedad.

“Como demócratas queremos alertar sobre la necesidad de definir los parámetros y normas para la aplicación del sistema biométrico, puesto que su uso inapropiado podrá acarrear nuevas formas de segregación similares a la Lista Tascón”    

González, afirmó que el gobierno nacional debe explicarle a los venezolanos que base de huellas dactilares se va a usar para la aplicación de la medida.

“Los venezolanos tenemos que saber que data se usara en la aplicación del mecanismo, ya que la del Consejo Nacional Electoral, CNE,  no cuenta con la información necesaria sobre los adolescentes y los extranjeros legales o indocumentados”.

La concejal, indicó que la incorporación de la base del CNE constituiría una violación al derecho a la alimentación de los venezolanos, limitando así la compra de alimento solo a personas mayores de edad y nacidos en el país, pues los anuncios no contemplan el uso de pasaporte.

“Hasta ahora los venezolanos desconocemos cuál será el número promedio de integrantes por familias, qué productos serán supervisados por este nuevo mecanismo, la cantidad mínimas de compra y el lapso para renovarlas, así como las posibles sanciones para aquellos compradores que hagan compras exorbitantes como los restaurantes y ventas de alimentos.” 

González, precisó que son este cumulo de interrogantes las que obligan a dirección de Acción Democrática a denunciar la inviabilidad de la medida y lo inconstitucional de su aplicación. 

“Ante la violación del derecho a la alimentación de los venezolanos, Acción Democrática continuará en la calle denunciando este tipo de arbitrariedades que representan una violación de nuestra constitución”.  (Prensa AD)

    El parlamentario reveló que mientras la escasez de alimentos ronda el 90% y la inflación anualizada el 60%, la única repuesta del ejecutivo nacional es la implementación del nuevo sistema biométrico, que no garantiza ni impide el tráfico de alimentos a otros países, pues quienes hoy controlan las fronteras para impedir el contrabando, son los mismos que la custodiaban desde hace quince años, convirtiendo el combate al contrabando en una gran falacia.

 

“Considerar que el nuevo sistema de biométrico para la compra de alimentos en el país impedirá el contrabando de alimentos, es afirmar que el usos de las captahuellas por parte del Consejo Nacional Electoral impide el fraude electoral y eso no es cierto”, así lo dio a conocer el diputado a la Asamblea Nacional por Acción Democrática, Freddy Valera.

Para el parlamentario, la implementación del nuevo sistema vulnera de manare flagrante el derecho a la alimentación de todos los venezolanos, al limitar el poder de comprar e impedir el libre acceso a los alimentos e insumos.

“En un país dónde la frase cotidiana más común es no hay?, es imposible que los alimentos y productos lleguen a los anaqueles por obra divina, tras la simple utilización del sistema biométrico, ya que en los estados donde ha sido aplicado no ha reducido las colas o ni los enfrentamientos por alimentos.”

Al borde del abismo

Valera, indicó que mientras los niveles de producción no se incrementen y los productos no lleguen mensualmente a los anaqueles, y no cada seis meses como ocurre en la actualidad, la situación alimentaria y de medicamentos en el país será una bomba de tiempo y el caldo de cultivo propicio para un estallido social.

“Mientras la escasez de alimentos, medicina, repuestos y electrodomésticos se agudizan en el país, y nuestros hermanos mueren de mengua en los hospitales ante la falta de insumos; el gobierno no termina de anunciar medidas económicas concretas para superar la crisis”.

El parlamentario, aseveró que hasta ahora ninguno de los venezolanos sabe con certeza si hemos llegado al fondo del precipicio o estamos en el umbral del abismo, lo cierto es que la situación actual ha incrementado la conflictividad social.

“Pelearse en las colas, madrugar a las 2 de la mañana para estar entre los primeros de la fila, dejarse marcar el número en el brazo como si fuera ganado o revender el puesto para los que no quieren perder 4 ó 6 horas en la cola esperando bajo un sol inclemente o solicitar un día de permiso en el trabajo para comprar dos alimentos por personas, se han vuelto en elementos cotidianos en las diferentes colas de los supermercados”.  

Valera, afirmó que mientras la escasez de alimentos ronda el 90%, la única repuesta del Ejecutivo Nacional es la implementación del nuevo sistema biométrico, que no garantiza ni impide el tráfico de alimentos a otros países, pues quienes hoy controlan las fronteras para impedir el contrabando, son los mismos que la custodiaban desde hace quince años, convirtiendo el combate al contrabando en una gran falacia.     

Realidad social

Para Valera el nuevo sistema biométrico no es más que una vil copia electrónica de la tarjeta de racionamiento cubana, la cual lleva años aplicándose desde hace años en la isla caribeña para el control de la población.

“Este mecanismo no sólo busca impedir la salida de alimentos de nuestro país sino el control y sumisión de la población, mediante la comida, ya que a través de estas captahuellas permiten conocer y restringir lo que los ciudadanos compran y dónde compran sus alimentos, permitiendo mantener un estrecho control social de la población ya que estos datos son los mismos que el CNE usa durante las elecciones para conocer para verificar la identidad de los electores en las mesas de votación”.

El parlamentario, aseguró que la salida a la crisis económica que enfrenta el país está en el incremento de la producción nacional mediante el incentivo y la apertura del capital privado.  

“La estatización de nuestra industria y campo han conllevado a una caída dramática en las actividades productivas entre un 45 y 60%, incrementado los niveles de desempleo que superan el 10%, con informalidad de más del 50% y los niveles de pobreza en sus zonas rurales son los mayores del país con más del 60%”.

Valera, reveló que la mayoría de las empresas estatizadas se encuentran produciendo por debajo del 50% de su capacidad instalada pese a que la inversión realizada por el Gobierno Nacional es tres veces mayor a la del sector privado.

“El 80% de los alimentos que no se importan en el país son producidos por el sector privado, que a pesar de las trabas, la falta de insumos y dólares para la compra de materia prima han logrado mantenerse operativas”.

A juicio del parlamentario, es a través de este trabajo coordinado del sector privado que se puede lograr el combate efectivo de la escasez y garantizar la alimentación de los venezolanos. (Prensa AD)         

    A juicio de la parlamentaria el gobierno nacional y regional debe entender que la crisis económica y social que enfrenta el país no se debe a una guerra alimentaria, sino a su incompetencia e intolerancia para trabajar de la mano del capital privado y garantizar la producción de alimentos, producto de su aversión imaginaria y su discurso anacrónico de que el capitalismo es malo.

“Mientras el gobierno regala alimentos a otras naciones, los guayaneses debemos realizar grandes colas por más de 8 horas para comprar a precios regulados alimentos y productos de la cesta básica”, así lo dio conocer la diputada al Consejo Legislativo del Estado Bolívar, Nelly Frederick.  

A juicio de la parlamentaria la solución al problema no está en la aplicación de un plan de racionamiento disfrazado, como el que desde hace varios meses se aplica a través de captahuellas o terminales de números de cédula de identidad en la frontera colombo-venezolana, sino a través del fortalecimiento de la producción nacional y el impulso al capital privado, elementos que desde hace quince el régimen a tacado con vehemencia desmedida.

“El gobierno nacional y regional debe entender que la crisis económica y social que enfrenta el país no se debe a una guerra alimentaria, sino a su incompetencia e intolerancia para trabajar de la mano del capital privado, producto de su aversión imaginaria y su discurso anacrónico de que el capitalismo es malo. Si el capitalismo fuera malo desde el gobernador hasta los concejales del Partido Socialista Unido de Venezuela, no ostentarían relojes de miles de dólares que sobrepasan con creces el mísero cupo de dólares electrónico que recibimos los venezolanos”.

Involución revolucionaria

Frederick, destacó que el reciente anuncio sobre la instalación de un sistema biométrico de abastecimiento en las redes de alimentación públicas y privadas de todo el país, con el fin de reducir las compras masivas de productos, el posible contrabando y la sobreventa de alimentos, por parte del Jefe de la Superintendencia de Costos y Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, no es más que un reflejo de la incompetencia del régimen.

“Cómo demócratas estamos convencidos que este nuevo sistema no es para establecer parámetros sobre los hábitos alimenticios del venezolano o garantizar la devaluada soberanía alimentaria, sino para ocultar el bajo poder compra de alimentos del Estado, producto de la caídas de las reservas internacionales”.

La parlamentaria, reiteró que desde Acción Democrática advirtieron hace años sobre el grave daño que le ocasionaba al país la economía de puertos y la estatización de las empresas, producto de los elevados niveles de corrupción y la ineficiencia comprobada de los funcionarios públicos.

Respuestas necesarias

“Queremos que el ejecutivo nacional y el gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, le expliquen a los guayaneses el estado en que se encuentran las compañías de alimentos estatizadas y los niveles de producción que ostentan”.

Frederick, reveló que los bolivarenses requieren saber el destino de los recursos invertidos en proyectos alimenticios emblemáticos para el estado cómo la planta procesadora de yuca del municipio Sucre, el Centro Piscícola, dedicado a la cría de Cachamas y Morocotos, y Lácteos Bolívar la cual nunca entro en producción, pese a la elevada inversión realizada por el gobernador.      

“En Acción Democrática estamos convencidos que si no se castiga la corrupción y no se crean líneas de crédito que potencien la producción, estaremos transitando el lúgubre camino del Caracazo, pues la escasez, la inflación y el ineptitud del régimen mantienen al pueblo con el estomago vacío. Mientras Cuba se lleva el lomito de nuestro petróleo, el pueblo chavista y demócrata viven de dádivas haciendo maromas para alimentar a su familia, llevando a la paciencia a una difusa línea que separa la irracionalidad del raciocinio, es por ello que los conatos de saqueos y robos de alimentos son cada día más frecuentes”.(Prensa AD)