El parlamentario explicó que tanto el vídeo presentado por el ministro Jorge Rodríguez como el que circuló por las redes sociales violan flagrantemente varios artículos del Código Orgánico Procesal Penal, especialmente el número 119 el cual no sólo prohíbe la tortura sino la presentación de un procesado ante los medios de comunicación social

El diputado Edgar Zambrano, presidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la AN, dijo que el vídeo que circuló este viernes 10 de agosto sobre el diputado Juan Requesens es una muestra indiscutible de tortura, tratos crueles y degradantes, medida que no se le aplica ni siquiera a un prisionero de guerra porque hasta en esas circunstancias existen protocolos que impiden maltratar y humillar a los reos.

“Con esa imagen buscan el quiebre moral de la ciudadanía, de la clase política opositora y de las voces jóvenes y altisonantes que abundan en el país, pero esta repetida estrategia del gobierno se convierte en una operación fallida. No tengo dudas que han quedado desnudos ante el mundo, que violan los DDHH y que hay presos políticos en Venezuela”, precisó Zambrano.

Sin justificación alguna 

Insistió el parlamentario que esto no tiene justificación alguna y que ha sido una violación pública de los DDHH de un parlamentario electo democráticamente por el pueblo del estado Táchira y que por ende goza de inmunidad parlamentaria.

“El país repudia este tipo de acciones y estoy seguro que la comunidad internacional hará contundentes pronunciamientos dada la gravedad de lo sucedido”, dijo.

Violación flagrante 

Zambrano explicó que tanto el vídeo presentado por el ministro Jorge Rodríguez como el que circuló por las redes sociales violan flagrantemente varios artículos del Código Orgánico Procesal Penal, especialmente el número 119 el cual no sólo prohíbe la tortura sino la presentación de un procesado ante los medios de comunicación social.

“El procedimiento aplicado al diputado Juan Requesens es de tal ilegalidad que se le muestra en un vídeo realizando una supuesta confesión que no se sabe bajo qué circunstancias se llevó a cabo, además una confesión que no contó con la presencia de fiscales del Ministerio Público y los abogados defensores del procesado. A todas luces eso no puede ser un elemento probatorio de absolutamente nada”.

Constitución de adorno

Destacó el diputado Zambrano que en este caso también se han violado varios artículos de la CRBV, especialmente el número 26, sobre el derecho a tener acceso a los órganos de justicia y el 49, referido al debido proceso

“En este caso se han cometido delitos penados en la Declaración Universal de los DDHH, el Convenio Europeo sobre DDHH y la Convencion contra la Tortura de la ONU, es decir, tratados internacionales suscritos por el Estado venezolano.

Dejar de mirarnos el ombligo

Al ser consultado sobre qué debe hacer el sector opositor en este caso, Zambrano señaló que frente a este dramático episodio todas las fuerzas políticas, sin ferias de banalidades, deben asumir el reto ineludible de trazar una estrategia que permita hacer realidad el cambio que todo el país espera.

“Debemos actuar de inmediato, antes que sea demasiado tarde, la guerra civil, el pueblo contra pueblo está a la vuelta de la esquina, seguramente este es un peine que el régimen nos está presentando ante el evidente fracaso de sus políticas y modelo”, advirtió el parlamentario no sin antes indicar que todos deben dejar de verse el ombligo y actuar conjuntamente por el bien del país.

Para el parlamentario el tema de la inseguridad en Venezuela no es culpa del Imperio ni de Obama, menos de los paramilitares, es responsabilidad de un solo hombre Nicolás Maduros que ha sido incapaz de resolver los problemas de los venezolanos en esta materia.  

“La Operación Liberación del Pueblo que adelanta el Ejecutivo Nacional se ha convertido en le patente de corso de los organismos policiales para ultimar delincuentes y vulnerar las garantías constitucionales en Venezuela”, así lo dio a conocer el diputado a la Asamblea Nacional por Acción Democrática Freddy Valera.

Para el candidato a la reelección de la Asamblea Nacional, las recientes denuncias sobre el ajusticiamiento de cuatro presuntos delincuentes a manos de funcionarios de poli Aragua, así como el balance de 52 presuntos delincuentes abatidos durante el despliegue de la operación en varios estados del país, generan suspicacia sobre el cumplimiento de los derechos humanos y la violación del estado de derecho en los procedimientos policiales.    

“El accionar desmesurado y violento de los cuerpos policiales, en cada uno de los operativos realizados por la OLP, es consecuencia directa de la entrega del poder y el control de la barriadas a la delincuencia armada, bajo el esquema de Zonas de Paz, impuesta por Maduro y sus candidato de la ineficacia que al igual que las zonas desmilitarizadas en Colombia se convirtieron en tierras de nadie donde solo se impone la Ley de las Balas, impuestas por las banda delictivas”.

Estadísticas mortales

Valera reveló que en lo que va de años más de 100 funcionario policiales han perdido la vida en manos delincuentes que los interceptan para quitarle el arma de reglamento o simplemente sus pertenencias, mientras que 189 presuntos delincuentes fueron ejecutados presuntamente por cuerpos policiales durante el año 2014 según el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos.

“Para nadie es un secreto que nuestro país ocupe la segunda posición como una de las naciones más violentas del mundo, menos aún que nuestro municipio, se ubique en la decimosegunda posición como una de las ciudades más violentas del planeta, cuando la propia Fiscal de la República reconoció en la ONU la cifra de 65 muertos por cada 100 mil habitantes”.

El candidato a la reelección de la Asamblea Nacional, aseguró que a estas cifras hay que sumarle que en Venezuela la impunidad ronda el 98,6 %, es decir, de cada 100 crímenes, menos de 2 son los que finalmente tienen sanción.

“En un municipio como el nuestro donde se registran cerca de 600 asesinatos anualmente, esta cifra nos indica que solo 12 de ellos son resueltos en su totalidad y sus responsables privados de su libertad”.

Ineficacia

Valera afirmó que Maduro y su séquito de ineficaces son los únicos responsables de que en el país existan estos elevados niveles de impunidad y violencia, ya que no controlan el la inseguridad, ni atacan la raíz del problema.

“El tema de la inseguridad en Venezuela no es culpa del Imperio ni de Obama, menos de los paramilitares, es responsabilidad de un solo hombre Nicolás Maduros que ha sido incapaz de resolver los problemas de los venezolanos en esta materia”.  

El candidato a la reelección de la Asamblea Nacional, aseveró que la solución al problema de la inseguridad que enfrenta el país no está en la violencia con que actúen los cuerpos policiales, sino en la prevención del delito y el fortalecimiento del aparato productivo esencial para la generación de fuentes de empleo en el país.

“La violencia desmedida de los cuerpos policiales en las comunidades lesionan los derechos humanos, la integridad personal y la libertad personal de todos los habitantes de estos sectores que se ven expuestos a tratos fútiles e innobles”.

Frente a esta realidad, Valera instó a los venezolanos a aplicar este 6 de diciembre el voto castigo con el fin de impulsar desde la Asamblea Nacional, la conformación de nuevo parlamento al servicio de todos los venezolanos.

“Frente la incompetencia, el abuso de poder, la escasez de alimentos, la inseguridad y las enormes colas, la repuesta del pueblo venezolano este 6 de diciembre será el voto castigo, con el fin de construir un nuevo parlamento del pueblo y para el pueblo”. (Prensa AD)

En el país existen más de cien mil venezolanos que requieren tratamiento de enfermedades crónicas como el cáncer y el VIH, mientras el déficit de medicinas ronda el 70%

“El nuevo Sistema Integrado de Acceso a Medicamentos (Siamed), implementado por el Ministerio de Salud, no garantiza el suministro de medicamentos a los enfermos crónicos, sino por el contrario regula su venta,  constituyéndose en una nueva medida de racionamiento para la población venezolana”, así lo informó la diputada de Acción Democrática al Consejo Legislativo del Estado Bolívar (Cleb), Nelly Frederick.

Para la parlamentaria la nueva medida vulnera el derecho a la salud de los venezolanos, consagrado en el artículo 83 de le Constitución Nacional al impedir de manera abierta la compra de medicamentos por parte de los enfermos y obligarlos de manera tacita a inscribirse en un nuevo registro.

Recalcó que el texto constitucional es muy claro al señalar que la salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida; “el Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios”.

Frederick aseguró que el artículo también contempla que todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de conformidad con los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República.

“Siamed no es más que otra tarjeta de racionamiento que aumenta aun más el control que el Estado ejerce sobre los venezolanos, otorgando discrecionalidad y el sectarismo en la entrega de medicinas”.

La parlamentaria reveló que hasta ahora se desconoce ¿En qué forma se priorizarán las entregas de las medicinas?, ¿Cómo estás serán repuestas? y lo más grave aún como se realizará su suministro en caso de una emergencia. 

“Lo único que nos deja claro el Siamed es que pronto existirá un nuevo mercado negro de fármacos, ya que los controles y prohibiciones solo generan contrabando y escasez”.

Más de 100 mil pacientes afectados

Frederick informó que solo en el área de medicamento la escasez de insumos ronda el 70%, afectando de manera directa a más de cien mil venezolanos que requieren tratamiento de enfermedades crónicas como el cáncer y el VIH.

“Estos pacientes requieren dosis concretas de medicamentos específicos, que el Estado no está cumpliendo, ya que los enfermos no son prioridad para el   Presidente Nicolás Maduro, que prefiere invertir miles de millones de dólares en publicidad para revertir el concepto que el mundo entero posee de su gobierno autoritario que en la salud de los venezolanos”. 

La parlamentaria aseveró que cada día aumenta el número de pacientes que deben recurrir a programas de radio, páginas web y redes sociales en búsqueda de medicamentos que en el pasado se encontraban en los anaqueles de cualquier farmacia del país como el ácido fólico, Atamel, hasta tratamientos más complejos. 

"Desde las gasas hasta las inyectadoras, que incluso son vendidas por los comerciantes informales, en los centros de salud del Estado los pacientes ni siquiera se pueden efectuar exámenes de laboratorio porque los reactivos no llegan con regularidad”.

Lesa Humanidad

Frederick fue enfática al señalar que la salud no puede racionarse, pues de hacerse se colocaría en riesgo la vida de los pacientes, acción que constituiría un crimen de Lesa Humanidad.

“Si el Gobierno Nacional continua en su pretensiones de racionar los medicamentos, estaría incurriendo en el delito de homicidio culposo de miles de venezolanos, que pudiesen morir al no obtener sus medicamentos a tiempo. Más allá de criminalizar a los pacientes con enfermedades crónicas, es necesario resolver el déficit de producción de medicamentos en el país, para así garantizar el acceso a la salud oportuna de todos los venezolanos”.

La parlamentaria teme que la ola de violencia que se ha desatado en torno a la escasez de insumos y alimentos se traslade al área de la salud afectando de manera directa al sector.

“Bastante tenemos los venezolanos para hacerle frente a un nuevo control del régimen que lo único que busca es solapar la falta de divisas y su incapacidad para resolver el grave problema de escasez que enfrentan los venezolanos”.
En tal sentido, Frederick informó que solicitará en los próximos días ante el Cleb la revisión de la medida y la solicitud de su derogación, por vulnerar el derecho a la salud que poseen los venezolanos para accesar a sus medicamentos.  (Prensa AD). 

   El artículo 191 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) se ordena que cuando los acuerdos internacionales suscritos por Venezuela requieran un proceso electoral para elegir representantes a organismos deliberantes de competencia internacional, los mismos serán organizados, supervisados y dirigidos por el CNE y el proceso

“El creciente aumento de controles por parte del Gobierno Nacional sobre la libertades individuales de los venezolanos y especialmente sobre la clase media venezolana ha conllevado que el país se convierta en la nueva Habana de Suramérica”, así lo dio conocer la diputada ante del Consejo Legislativo del Estado Bolívar por Acción Democrática, Nelly Frederick.     

La parlamentaria criticó el aislamiento progresivo que ha sufrido el país, durante los últimos años, producto del aumento de las medidas restrictivas implantadas desde Miraflores, cuyo único objetivo es socavar las bases de la democracia venezolana.

“El aumento en los controles de cambio, la  reducción en la asignación de divisas, así como la intervención progresiva al aparato productivo y los medios de comunicación, no es más que la implantación concreta de una dictadura”.

Bofetada a la democracia

Frederick aseveró que la decisión de los diputados oficialistas que integran la Asamblea Nacional  de eliminar las elecciones directas al Parlamento Latinoamericano, constituye una bofetada a la democracia  participativa venezolana y evidencia el carácter despótico de un régimen en decadencia.

“El anuncio sobre el nuevo sistema de elección para los diputados al Parlamento Nacional a través de la plenaria del parlamento y no  por la vía del sufragio, como lo establece el reglamento, constituye una violación de las libertades políticas de los venezolanos, quienes tenemos el derecho de elegir a través de nuestros votos a nuestras autoridades”.   

La parlamentaria aseguró que la modificación de la norma constituye una violación al estado de derecho y a la Constitución Nacional que establece los procedimientos para la elección de los Poderes Públicos y cuerpos colegiados.

“La única forma de eliminar la elección directa al Parlatino sería hacer una nueva Constitución y la modificación de  la Ley Orgánica del Proceso electoral, acciones que no se pueden realizar con un simple exhorto, ya que este no posee fuerza de Ley”.

Frederick precisó que el ejercicio del sufragio universal, directo y secreto por parte de los ciudadanos venezolanos, está consagrado en el artículo 19 de la Constitución Nacional y el artículo 191 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) se ordena que cuando los acuerdos internacionales suscritos por Venezuela requieran un proceso electoral para elegir representantes a organismos deliberantes de competencia internacional, los mismos serán organizados, supervisados y dirigidos por el CNE y el proceso se realizará en forma simultánea con la elección de diputados a la Asamblea Nacional.

“El derecho que poseemos todos los venezolanos de elegir a nuestra autoridades, forman parte del principio de progresividad de nuestros  derechos y no podrán ser conculcados por ninguna autoridad o Poder Público”.

Desespero revolucionario

Frederick, precisó que al igual que Cuba cada una de las acciones implantadas en contra del pueblo venezolano, responde a los lineamientos de los hermanos Castro, quienes por más de 40 años han gobernado a su antojo la isla.

“Frente a la caída abrupta de su popularidad, tras la ineficacia para resolver los problemas del país, el  primer mandatario nacional y sus asesores cubanos, apuestan a la confrontación y polarización del país, con el fin de desencadenar una estallido social que les impida realizar las elecciones parlamentarias, las cuales saben perderán ante el descontento popular”.

La parlamentaria afirmó que tras más de 16 años de revolución, entrega de nuestros recursos naturales y minerales a potencias extranjeras como Rusia y China, elevados niveles de corrupción e inseguridad, así como la destrucción del aparato productivo del país,  el discurso revolucionario se encuentra desgastado por lo que no cala en la población venezolana.

“El rechazo a la revolución venezolana es exponencial al aumento de los problemas que enfrentamos los venezolanos, es por ello que desde la alternativa democrática  invitamos a todos los venezolanos a  participar activamente en los venideros comicios parlamentarios. Frente a  los atropellos y el atropello  del Gobierno Nacional, los venezolanos debemos ejercer el voto castigo e implantar un nuevo esquema de protesta que garantice el rescate de la democracia venezolana” (Prensa AD)   

   El parlamentario aseguró que la tendencia de querer achacar los responsabilidades personales a los pueblo o a un tercero, es propia de los regímenes autoritarios, situación que afecta a todos los venezolanos.

“El presidente de la Corporación Venezolana de Guayana General Justo Noguera Pietri, debería renunciar a su cargo al frente del organismo y sus pretensiones a ser postulado gobernador del estado Bolívar, para explicarle al país y especialmente a los guayaneses el por qué su nombre aparece en la lista del Departamento de Estado Norteamericano por el presunto cargo de violación de Derechos Humanos y corrupción”, así lo dio a conocer el diputado a la Asamblea Nacional por Acción Democrática, Freddy Valera.

El parlamentario, desestimó las declaraciones efectuadas por el alto funcionario a un diario de circulación nacional, a través de las cuales pretendía evadir su presunta responsabilidad en los hechos de los cuales se le acusa y transferírsela a los venezolanos.

“General Justo Noguera Pietri, usted como militar más que nadie sabe que los crímenes de lesa humanidad son cometidos por funcionarios públicos en representación del Estado y no por los pueblos, que los hechos de corrupción son responsabilidad de las personas que lo cometen y no de sus allegados; como demócratas no entendemos por qué se escuda en el noble pueblo de Venezuela y en condecoraciones para ocultar su presunta participación en los hechos que se le acusa, dé la cara y refute con gallardía, pruebas en las manos todas las acusaciones que sobre usted pesan”.

Tendencia autoritaria

Valera, afirmó que esta tendencia de querer achacar los responsabilidades personales a los pueblo o a un tercero es propia de los regímenes autoritarios, situación que afecta a todos los venezolanos.

“Es irrisorio que luego de 16 años en el poder, la destrucción de nuestro aparato productivo, una inflación galopante, la merma progresiva de nuestro poder adquisitivo producto de la devaluación más grande de nuestra historia política, la muerte de 24 mil compatriotas anual, el Gobierno y sus funcionarios, continúen achancando la responsabilidad de sus acciones a terceros y especialmente al pueblo venezolano”.                

El parlamentario, recordó a Pietri que las violaciones de lesa Humanidad no prescriben, por lo que lo que más temprano que tarde deberá aclararle al país los motivos que condujeron a esta calificación por parte del Departamento de Estado Norteamericano.

“Ni Venezuela ni los venezolanos constituyen una amenaza para Estados Unidos u otras naciones del hemisferio; hay que ser realista, una cosa son las sanciones internacionales que el Departamento de Estado Norteamericano hace a un país y otra muy distintas las que realiza en contra de sus funcionarios, como ocurre en Venezuela, la cual está basada en los elevados niveles de corrupción y la constante violación de los derechos humanos”.     

Aislamiento internacional

El parlamentario, reveló que las sanciones implementadas contra los funcionarios venezolanos por la violación de los Derechos Humanos, no son recientes y obedecen al irrespeto y desacato constante que ha mantenido el Gobierno de Nicolás Maduro sobre los pronunciamientos de  instancias como la Organización de Naciones Unidas (ONU), que a través de su Comité contra la Tortura y el Grupo de Trabajo contra las Detenciones Arbitrarias, ha realizado para exigir la libertad de los presos políticos  como el alcalde Metropolitano Antonio Ledezma,  Leopoldo López, el alcalde, Daniel Ceballos, entre otros líderes políticos  encarcelados por el simple hecho de pensar distinto, evidencia irrefutable sobre la criminalización de la protesta en Venezuela.

“Todos y cada uno de los pronunciamientos emitidos por los organismos internacionales encargados de velar por el cumplimiento de los Derechos Humanos en el mundo ha sido desechado y descartado por el Gobierno de Nicolás Maduro, que ha colocado a Venezuela a espalda del sistema internacional de justicia, mediante el incumplimiento de los Convenios y Tratados válidamente suscritos por la República, el gobierno venezolano ha propiciado el lamentable escenario que hoy presenciamos.” (Prensa AD)

   El parlamentario calificó la solicitud del primer mandatario nacional como una muestra más del nerviosismo del régimen para enfrentar uno de los principales problemas del país, los elevados niveles de corrupción y la violación flagrante de los Derechos Humanos en el país     

“Nueva Ley Habilitante Antiimperialista por la paz, solicitada por el presidente Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional, solo busca ocultar  los hechos de corrupción cometidos por los altos personeros de su gobierno detrás de los símbolos patrios y nuestra soberanía”, así lo dio a conocer el diputado a la Asamblea Nacional, Freddy Valera.

Para el parlamentario más allá de garantizar la soberanía y  la protección de Venezuela ante posibles injerencias del imperio norteamericano, el nuevo instrumento legal, pretende conculcar los derechos de los venezolanos a disentir y pensar distinto. 

“La nueva Ley habilitante solo busca proteger las cuentas bancarias en el exterior y los recursos obtenidos de manera fraudulenta de los altos funcionarios del Gobierno, acusados de violación de Derechos Humanos en Venezuela, lo que para nosotros es una total inmoralidad, ya que la única Ley habilitante que requiere el Gobierno Nacional es una  la orientada a elevar la producción, reducir la inflación y garantizar la seguridad de todos los venezolanos”.

Valera, aseguró que ni Venezuela ni los venezolanos constituyen una amenaza para Estados Unidos u otras naciones del hemisferio, por lo que calificó la solicitud como una muestra más del culillismo del régimen para enfrentar uno de los principales problemas del país, los elevados niveles de corrupción.   

“Hay que ser realista, una cosa son las sanciones internacionales que Estados Unidos hace a un país y otras muy distintas las que realiza en contra de sus funcionarios, como ocurre en Venezuela”.

Aislamiento internacional

El parlamentario, reveló que las sanciones implementadas contra los funcionarios venezolanos por la violación de los Derechos Humanos, no son recientes y obedecen al irrespeto y desacato constante que ha mantenido el Gobierno de Nicolás Maduro sobre los pronunciamientos de  instancias como la Organización de Naciones Unidas (ONU), que a través de su Comité contra la Tortura y el Grupo de Trabajo contra las Detenciones Arbitrarias, ha realizado para exigir la libertad de los presos políticos  como el alcalde Metropolitano Antonio Ledezma, Leopoldo López, el alcalde, Daniel Ceballos, entre otros líderes políticos  encarcelados por el simple hecho de pensar distinto, evidencia irrefutable sobre la criminalización de la protesta en Venezuela.

“Todos y cada uno de los pronunciamientos emitidos por los organismos internacionales encargados de velar por el cumplimiento de los Derechos Humanos en el mundo ha sido desechado y descartado por el Gobierno de Nicolás Maduro, que ha colocado a Venezuela a espalda del sistema internacional de justicia, mediante el incumplimiento de los Convenios y Tratados válidamente suscritos por la República, el gobierno venezolano ha propiciado el lamentable escenario que hoy presenciamos.

Injerencia comprobada

A juicio de Valera la única injerencia comprobada que ha existido en Venezuela desde hace más de 16 años es la cubana, a través de la cual miles de isleños controlan áreas esenciales de nuestra economía, salud, deporte, seguridad y fuerzas armadas.  

“Esta es una lucha de los venezolanos por Venezuela, es por ello que como Acciondemocratista nos hubieses gustado ver a la mitad del parlamento que anoche elevó su mano para aprobar en primera discusión esta nueva Ley Habilitante, hacer lo propio para decirles a los cubanos que se vayan a su isla, ya que así como rechazamos la grosera injerencia cubana, no propiciamos ni aceptamos ninguna otra”. 

Para el parlamentario, el único responsable de coartar el derecho a los venezolanos, es el régimen de  Nicolás Maduro, que a través de sus políticas ineficientes y anacrónicas en materia económica han  hundido ala país en una de sus peores  crisis económicas y sociales de toda su historia.

“Maduro no necesita seis meses para enfrentar las sanciones aprobadas por EEUU contra funcionarios venezolanos, que han incurrido en actos de violación de DDHH, necesita es voluntad política para sacar al país del despeñadero al cual lo ha llevado, producto de su ineficacia y terquedad  para entender que la salida de a la crisis que enfrenta el país, está en el concurso de todos los venezolanos”. 

En tal sentido, Valera ratificó el compromiso de Acción de Democrática  a continuar luchando y trabajando en pro de la construcción de una mejor Venezuela con el concurso de todos los venezolanos.  

“Nuestra lucha es por la defensa de nuestra democracia a través del voto, junto a nuestro pueblo, elementos que estamos convencidos iniciaremos en las venideras elecciones parlamentarias”.(Prensa AD)

  

     La concejal reveló que mientras cuerpos policiales reprimen a tiros a manif

estantes desarmados, hacen mutis ante el hampa, lo que evidencia la falta de compromiso y voluntad política para hacerle frente a la delincuencia, evidenciando el temor que mantienen frente a los delincuentes

“La falta de compromiso de las autoridades policiales y del propio alcalde de Caroní para combatir la inseguridad en la entidad, han permitido que en más de 6 años de gobierno revolucionario 5 mil guayaneses perdieran la vida a manos del hampa”, así lo dio a conocer la concejal de Acción Democrática ante el Concejo Municipal de Caroní, Aida González.

La concejal, reveló que estas cifras han convertido al municipio Caroní en la decimo segunda ciudad más violenta del mundo, obligando a los guayaneses a permanecer encerrados en sus hogares, por miedo a la violencia que se registra en las calles.   

“Solo el año pasado, se registraron en el municipio Caroní más de 530  asesinatos, los cuales en su mayoría permanecen impune; según fuentes policiales solo 48  homicidios fueron resueltos”.  

Falta de voluntad

González, aseguró que este elemento evidencia la falta de voluntad política por parte de las autoridades policiales y de gobierno para hacerle frente a uno de los principales problemas de la ciudadanía, la inseguridad. 

“Mientras los cuerpos policiales continúen siendo usados como guardias pretorianos de comerciantes asiáticos y árabes, para cuidarles sus negocios, el pueblo de a pie debe enfrentar completamente desasistido a los delincuentes que hacen de las suyas producto del halo de impunidad y la anuencia de funcionarios policiales y de seguridad”

La concejal, afirmó que en solo 55 días que han transcurrido del año 2015, se han registrado en el municipio 93 homicidios, promediando un asesinato cada 12  horas, cifra que es elevada, si se toma en cuenta el bajo nivel poblacional del municipio, unos 1.5 millones de habitantes.       

“De acuerdo a la Asociación Civil Mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, en la Guayana se registran 61,33 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo cual es comparable solo con regiones que enfrentan conflictos armados”.

Fracaso progresivo

“En aumento progresivo de homicidios y su correspondiente impunidad demuestran el fracaso de los 16 planes de seguridad implantados por el Gobierno Nacional entre ellos A Toda Vida Venezuela, Patria Segura, Patrullaje Inteligente”.

La concejal, aseveró que en más de 15 años de revolución el hampa se ha apoderado del estado Bolívar para imponer por la vía de la violencia su agenda de terror y muerte, ante la anuencia de los cuerpos policiales.   

“Mientras los cuerpos policiales reprimen a tiros a manifestantes desarmados, hacen mutis ante el hampa, ya sea por el temor que mantienen de hacerle frente o la complicidad que algunos funcionaros poseen con delincuentes”.

González, precisó que la construcción de una policía al servicio de los bolivarenses y que no esté al servicio del mejor postor, pasa por la recuperación del sistema democrático en el país, mediante el triunfo avasallador de a alternativa democrática en las elecciones de la Asamblea Nacional.

“Los cambios que requiere el país han de ser impulsado por vía democrática y para ellos es imperioso postular a los mejores hombres y mujeres, que legislen con el pueblo y para el pueblo y no al servicio de un modelo socialista en decadencia”.(Prensa AD).    

    Detención del Alcalde Metropolitano de Caracas, que se suma al arresto de más de 98 presos políticos, no acallará las voces de miles de venezolanos que exigen un cambio de rumbo en el país y el rescate del hilo constitucional

“La detención arbitraria del alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) es un golpe al estado de derecho por parte del Gobierno Nacional, para propiciar la insurrección popular para ocultar su inoperancia y no medirse en elecciones”, así lo dio a conocer el diputado a la Asamblea Nacional por Acción Democrática, Freddy Valera.

El parlamentario, señaló que la detención del alcalde Metropolitano es una muestra más de que el país escasea todo, menos la violación constante a la Constitución Nacional. 

“Hoy más que nunca los factores que integramos la alternativa democrática en el estado Bolívar estamos consolidados en un solo bloque a favor de la defensa de la democracia venezolana y en defensa de todos y cada uno de los presos políticos que inundan las cárceles del país, es por ello que nos solidarizamos en nombre de los miles de guayaneses que respaldarán la democracia venezolana como la familia del alcalde metropolitano”.

Casería de brujas

Valera, aseveró que no solo se trata de la detención de Leopoldo López, Daniel Ceballos, Enzo Scarrano y Antonio Ledezma, sino del incremento de la criminalización de la disidencia por parte del régimen.

“Ayer fue la detención de Ledezma hoy puede ser el arresto de Julio Borges, acusado de participar en décimo sexto intento de magnicidio contra el Presidente Nicolás Maduro, y mañana puede ser María Corina Machado, algún estudiante o cualquiera de nosotros, gracias a la nueva figura de patriota cooperante que establece la nueva reforma de la Ley de Inteligencia venezolana”.      

Para el líder blanco la detención de más de 98 presos políticos no acallará las voces de miles de venezolanos que exigen un cambio de rumbo en el país y el rescate del hilo constitucional.

“Ni apresando a todos los dirigentes opositores, ni allanándoles inmunidad a los diputados electos por el pueblo o iniciando una casería de brujas mediante la conformación de expedientes ficticios   podrán evitar su derrota en las elecciones parlamentarias”.

Calma y cordura 

Valera, instó a la ciudadanía a mantener la calma y no dejarse influenciar por las acciones realizadas por el oficialismo, ya que lo único que buscan es propiciar un clima de intolerancia y violencia que les permita instaurar un Estado de Excepción y con ello la consolidación de su modelo anacrónico de socialismo cubano.

“El régimen es el único beneficiado con la violencia, es por ello, que desde la alternativa democrática alertamos a la población a no caer en el peine del Gobierno que busca propiciar las guarimbas, con el fin de instaura de una vez y por todas de manera arada su tan ansiada revolución ante el creciente descontento de la población venezolana”.(Prensa AD)

      Para el parlamentario esta nueva resolución evidencia el coraje y la gallardía que posee el titular del Ministerio de la Defensa para hacerle frente a la población civil y desarmada, así como su completa incapacidad y culillismo para enfrentar a la delincuencia organizada y grupos armados que mantienen en zozobra a los venezolanos.

“La reciente resolución 008610 del Ministerio de la Defensa, publicada en la Gaceta Oficial 40.589 que regula la actuación de las Fuerzas Armadas Bolivarianas durante manifestaciones, no es más que una patente de corso para masacrar a la población civil que disiente del régimen durante manifestaciones”, así lo dio conocer el diputado a la Asamblea Nacional por Acción Democrática, Freddy Valera.

Para el parlamentario el instrumento además de ser violatorio de la Constitución al desconocer el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en las manifestaciones pacíficas, le entrega la total discrecionalidad a los comandantes de operaciones de accionar su armas a discreción contra la población, lo cual constituye una violación flagrante a los Derechos Humanos. 

Adicionalmente la resolución viola el artículo 329, que delimita las funciones y responsabilidades de cada cuerpo de seguridad, al establecer que el Ejército, la Armada y la Aviación tienen como responsabilidad esencial la planificación, ejecución y control de las operaciones militares requeridas para asegurar la defensa de la Nación, mientras la Guardia Nacional cooperará en el desarrollo de dichas operaciones y tendrá como responsabilidad básica la conducción de las operaciones exigidas para el mantenimiento del orden interno del país, cuando la policía no esté en condiciones de hacerlo. 

“Los funcionarios militares del ejército, marina o aviación no están preparados para asumir el control de las manifestaciones públicas, pues su formación es para la guerra, por lo tanto sus actuaciones se no se ajustarán al cumplimiento y respeto de los derechos humanos”.

Objetivo la represión

Para el parlamentario esta nueva resolución evidencia el coraje y la gallardía que posee el titular del Ministerio de la Defensa para hacerle frente a la población civil desarmada y su completa incapacidad y culillismo para enfrentar a la delincuencia organizada y grupos armados que mantienen en zozobra a los venezolanos.

“Como demócrata nos preguntamos qué es más importante para el país, el control de las manifestaciones o la reducción de la inseguridad y la delincuencia que día tras día acaba con las vida de miles de venezolanos?, El titular de defensa lejos de presentarle al país una resolución violatoria de los Derechos Humanos debe presentar un programa para el desarme de los delincuentes y la reducción de violencia en las calles, con el fin de garantizar la seguridad de nuestro pueblo que es uno de los principales problemas del país”. 

A juicio del parlamentario, la resolución está legitimando la militarización del orden público y la creciente ola de criminalización y represión de las protestas.

“Solo el año pasado cuando se registraron más de 6.369 protestas contra el Presidente Nicolás Maduro, que desencadenaron la muerte de 43 venezolanos,  así como un sin número de violaciones a los Derechos Humanos cometidos por los excesos de los funcionarios castrenses, la mayoría de los cuales permanecen sin castigo”.    

Valera, recordó la fuerte golpiza que recibió hace casi un año Marvinia Jiménez, golpeada salvajemente por una funcionaria de la Guardia del Pueblo, la cual hasta la fecha permanece en libertad pese a que sus superiores conocen que contra ella pesa una medida de detención.

 “La nueva resolución 008610 del Ministerio de la Defensa no es más que un patente de corso otorgada a los militares para que defiendan lo indefendible, ante la incapacidad del régimen para resolver los problemas del país, como la escasez, inflación, inseguridad, pérdida del poder adquisitivo entre otros”. 

El dirigente político, aseguró solo los regímenes autoritarios y conscientes de su descalabro político frente al pueblo son capaces de accionar este tipo de resoluciones, que lo único que buscan es garantizara su permanencia en el Poder a toda costa.

“Frente a las balas y los gases lacrimógenos que ofrece el régimen, el pueblo lo que desea es alimentos para cocinar, empleos dignos y medicinas para salvar vidas”.

Inconstitucional

Valera, aseveró que la nueva resolución no posee fuerza de Ley por lo que su aplicación constituiría un delito, que sumado a la poca capacitación del componente militar para el control de orden público y materia de seguridad ciudadana, conforman el caldo de cultivo perfecto para la violación de los derechos humanos en el país y la masacre de ciudadanos.

“La sentencia de la Corte Interamericana en la demanda de las víctimas  Caracazo, un caso que es usado como bandera política por el propio oficialismo, limita a la fuerza militar en asumir funciones de seguridad ciudadana y el uso de armas de fuego en manifestaciones, lo que constituye una muestra de la dicotomía del régimen en sus actuaciones”.

El parlamentario, fue enfático al señalar que el uso indiscriminado de la armas de fuego en el país contra la manifestaciones pacificas, acarreara sanciones penales para los involucrados, pues su simple aplicación constituye una violación de los derechos humanos.(Prensa AD)