El parlamentario calificó la solicitud del primer mandatario nacional como una muestra más del nerviosismo del régimen para enfrentar uno de los principales problemas del país, los elevados niveles de corrupción y la violación flagrante de los Derechos Humanos en el país     

“Nueva Ley Habilitante Antiimperialista por la paz, solicitada por el presidente Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional, solo busca ocultar  los hechos de corrupción cometidos por los altos personeros de su gobierno detrás de los símbolos patrios y nuestra soberanía”, así lo dio a conocer el diputado a la Asamblea Nacional, Freddy Valera.

Para el parlamentario más allá de garantizar la soberanía y  la protección de Venezuela ante posibles injerencias del imperio norteamericano, el nuevo instrumento legal, pretende conculcar los derechos de los venezolanos a disentir y pensar distinto. 

“La nueva Ley habilitante solo busca proteger las cuentas bancarias en el exterior y los recursos obtenidos de manera fraudulenta de los altos funcionarios del Gobierno, acusados de violación de Derechos Humanos en Venezuela, lo que para nosotros es una total inmoralidad, ya que la única Ley habilitante que requiere el Gobierno Nacional es una  la orientada a elevar la producción, reducir la inflación y garantizar la seguridad de todos los venezolanos”.

Valera, aseguró que ni Venezuela ni los venezolanos constituyen una amenaza para Estados Unidos u otras naciones del hemisferio, por lo que calificó la solicitud como una muestra más del culillismo del régimen para enfrentar uno de los principales problemas del país, los elevados niveles de corrupción.   

“Hay que ser realista, una cosa son las sanciones internacionales que Estados Unidos hace a un país y otras muy distintas las que realiza en contra de sus funcionarios, como ocurre en Venezuela”.

Aislamiento internacional

El parlamentario, reveló que las sanciones implementadas contra los funcionarios venezolanos por la violación de los Derechos Humanos, no son recientes y obedecen al irrespeto y desacato constante que ha mantenido el Gobierno de Nicolás Maduro sobre los pronunciamientos de  instancias como la Organización de Naciones Unidas (ONU), que a través de su Comité contra la Tortura y el Grupo de Trabajo contra las Detenciones Arbitrarias, ha realizado para exigir la libertad de los presos políticos  como el alcalde Metropolitano Antonio Ledezma, Leopoldo López, el alcalde, Daniel Ceballos, entre otros líderes políticos  encarcelados por el simple hecho de pensar distinto, evidencia irrefutable sobre la criminalización de la protesta en Venezuela.

“Todos y cada uno de los pronunciamientos emitidos por los organismos internacionales encargados de velar por el cumplimiento de los Derechos Humanos en el mundo ha sido desechado y descartado por el Gobierno de Nicolás Maduro, que ha colocado a Venezuela a espalda del sistema internacional de justicia, mediante el incumplimiento de los Convenios y Tratados válidamente suscritos por la República, el gobierno venezolano ha propiciado el lamentable escenario que hoy presenciamos.

Injerencia comprobada

A juicio de Valera la única injerencia comprobada que ha existido en Venezuela desde hace más de 16 años es la cubana, a través de la cual miles de isleños controlan áreas esenciales de nuestra economía, salud, deporte, seguridad y fuerzas armadas.  

“Esta es una lucha de los venezolanos por Venezuela, es por ello que como Acciondemocratista nos hubieses gustado ver a la mitad del parlamento que anoche elevó su mano para aprobar en primera discusión esta nueva Ley Habilitante, hacer lo propio para decirles a los cubanos que se vayan a su isla, ya que así como rechazamos la grosera injerencia cubana, no propiciamos ni aceptamos ninguna otra”. 

Para el parlamentario, el único responsable de coartar el derecho a los venezolanos, es el régimen de  Nicolás Maduro, que a través de sus políticas ineficientes y anacrónicas en materia económica han  hundido ala país en una de sus peores  crisis económicas y sociales de toda su historia.

“Maduro no necesita seis meses para enfrentar las sanciones aprobadas por EEUU contra funcionarios venezolanos, que han incurrido en actos de violación de DDHH, necesita es voluntad política para sacar al país del despeñadero al cual lo ha llevado, producto de su ineficacia y terquedad  para entender que la salida de a la crisis que enfrenta el país, está en el concurso de todos los venezolanos”. 

En tal sentido, Valera ratificó el compromiso de Acción de Democrática  a continuar luchando y trabajando en pro de la construcción de una mejor Venezuela con el concurso de todos los venezolanos.  

“Nuestra lucha es por la defensa de nuestra democracia a través del voto, junto a nuestro pueblo, elementos que estamos convencidos iniciaremos en las venideras elecciones parlamentarias”.(Prensa AD)

     El Secretario de Organización Juvenil AD Caroní, criticó que mientras el gobierno nacional despliega toda una red comunicacional y mediática sobre “Generación de Oro”, “Juventud Presente Perfecto” y “Juventud Bicentenaria”, los jóvenes viven en la zozobra sin saber si van a regresar a sus hogares.

Integrantes de la Juventud Acción Democrática del Municipio Caroní, (JAD-Caroní), instaron al Presidente de la República, Nicolás Maduro a parar el derramamiento de sangre de jóvenes en las barriadas del país.

La solicitud se sustenta en elevado número de jóvenes que todos los fines de semana pierden a vida a manos del hampa en el Municipio Caroní y en todo el estado, producto de la falta de planes de seguridad que prevengan el delito.

Moisés Márquez Secretario de Organización Juvenil AD Caroní, señaló que en los últimos anos el país ha sido víctima de la ola delictiva más grande de la historia, pese al despliegue de más de 17 planes de seguridad que sólo han servido para dilapidar una enorme cantidad de recursos en publicidad y propaganda, por qué en la práctica son un completo fracaso.  

“Desde la aplicación del Programa a Toda Vida Venezuela, pasando por el Plan Patria Segura y el Patrullaje Inteligente, esta revolución en 16 años ha sido incapaz de parar la delincuencia y frenar la ola de violencia que mantienen a los venezolanos tras las rejas de sus hogares”.

25 mil muertes

Márquez reveló que el año pasado más de 25 mil venezolanos perdieron la vida a manos del hampa, siendo los jóvenes el grupo etario más propenso a la violencia.

“Señor presidente su tan cacareara Generación de Oro, sucumbe ante la delincuencia desbordada que sacude el país, ya que nuestro país ocupa el tercer lugar como el país con la tasa de mortalidad juvenil más alta de Latinoamérica, Ciudad Guayana está entre la decimo segunda ciudad más violentas del planeta y la tercera de Venezuela”.

El dirigente juvenil denunció que las parroquias Unare, Vista al Sol y Simón Bolívar ocupan los primero lugares como las parroquias más violentas del municipio.

“Los jóvenes guayaneses debemos enfrentar todos los días estos problemas ya que diario somos víctimas del hampa en el barrio, urbanización, centro comercial, mercado y nuestras casas de estudios”.

Objetivo la universidad

Márquez aseguró que solo en el último mes centros de estudios como la Universidad Experimental Politécnico Antonio José de Sucre, (Unexpo) y la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho (Ugma) han sido víctimas de robo, siendo esta ultima paralizada por sus alumnos para exigir mayor seguridad.

“La Universidad Nacional Experimental de Guayana, (Uneg) fue robada en el mes de enero, al igual que el año pasado también vivió lo mismo, tanto es así que el día martes 3 de marzo de 2015 una estudiante esperando el transporte para ir a la universidad fue víctima de un robo, en el que resulto herida por un disparo y nos preguntamos qué está haciendo el alcalde José Ramón López y el gobernador Francisco Rangel Gómez para garantizar la vida de todo los guayaneses?”.

El Secretario de Organización Juvenil AD Caroní, criticó que mientras el gobierno nacional despliega toda una red comunicacional y mediática sobre “Generación de Oro”, “Juventud Presente Perfecto” y “Juventud Bicentenaria”, los jóvenes viven en la zozobra sin saber si van a regresar a sus hogares.

Dicotomía revolucionaria

“Presidente Maduro a su generación de Oro la están matando y usted no hace nada; mientras usted trata a la delincuencia con mano suave, los jóvenes venezolanos somos reprimidos y acribillados con armas de fuego, por el simple hecho de pensar distinto”.

En tal sentido, Márquez exigió la derogación inmediata de la resolución 008610 del Ministerio de la Defensa que autoriza el uso de armas de fuego a funcionarios policiales durante manifestaciones.

“Esta resolución representa una violación flagrante a la Constitución Nacional, ya que vulnera el artículo 68 de nuestra Carta Magna, que consagra el derecho a manifestar de manera pacífica que tienen todos los venezolanos. Esta es una resolución que otorga total discrecionalidad sobre el uso de las ramas de fuego a los funcionarios policiales, lo cual genera un completo limbo en materia de derechos humanos”.

Márquez, afirmó que de manera paralela, el documento vulnera la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que prohíbe al estado venezolano el uso de armas de fuego para la represión de civiles, tras los acontecimientos del Caracazo.

“Este es un gobierno sinvergüenza que por un lado exige el mayor peso de la Ley para los funcionarios que accionaros su armas de fuego durante el Caracazo y defiende a capa y espada su uso en contra de los jóvenes y disidentes, por el simple delito de pensar distinto”(Prensa AD)  

    Cientos de madres guayanesas deben enfrentar la incertidumbre de ver regresar con vida a sus hijos y seres queridos, producto de los elevados niveles de inseguridad que enfrenta el país y de los cuales no escapa el municipio Caroní; que ocupa el tercer lugar como una de las ciudades más violentas de Venezuela      

“En Venezuela no ha existido un gobierno que vilipendie y humille más a la mujer venezolana que la revolución bolivariana, la cual años tras año ha socavado las libertades de las féminas venezolanas”, así lo dio a conocer la concejal de Acción Democrática al Concejo Municipal de Caroní, Aida González.

Para la concejal acción democratista, la autoproclamación de gobierno feminista vociferada por altos personeros del régimen solo es una coraza para ocultar los constantes maltratos sicológicos y vejaciones a las que son sometidas las mujeres venezolanas en cada una de sus actividades diarias.

“Desde largas colas al frente de supermercados para comprar, azúcar, café, papel higiénico, jabón o cualquier otro producto de la cesta básicas, hasta las constantes vejaciones por partes de funcionarios policiales y de la Guardia Nacional, cada vez que elevamos nuestra voz de protesta para denunciar las arbitrariedades que se cometen en el país, las mujeres venezolanas y especialmente las guayanesas somos sometidas a una serie de descalificativos y agresiones que denigran nuestra condición de mujer y que elevan el llamado de atención  sobre  la vulneración de nuestros derechos”.

González, aseveró que la actual crisis económica que enfrenta el país y los elevados niveles de escasez, ha repercutido negativamente en la calidad de vida de la mujer venezolana, ya que además de realizar las labores del hogar, cientos de femeninas han tomado las calles para comprar el alimento para sus familias.

“Una simple compra que en el pasado se demorada solo unos minutos, ahora tarda no menos de ocho horas, incrementando el número de accidentes en los hogares, ya que muchas madres dejan a su hijos solos para poder hacer las colas a primeras horas de la mañana en los diferentes supermercados de la ciudad”.

La concejal, aseguró que ante las contantes denuncias sobre la grave crisis económica que enfrente el país, el Gobierno Nacional hace mutis, continuando con la regaladera de recursos a otras nacionales.

“Frente a la escasez de alimentos que vive el país, Nicolás Maduro continua entregando las riendas de la economía venezolana a su sequito de expertos económicos, cuyas únicas maestrías parecieran ser sacadas de Monopoly, ya que lejos de potenciar nuestro aparato productivo de la mano del empresariado privado, apuestan a la entrega de petróleo a precio regalado a los países de la Comunidad del Caribe, (Caricom) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América Alba (Alba) a cambio de arroz, granos, tubérculos y otros alimentos de los cuales hace 16 años Venezuela era exportador”.   

Espiral de violencia

González, aseveró que aunado a esta situación, cientos de madres guayanesas deben enfrentar la incertidumbre de ver regresar con vida a sus hijos y seres queridos, producto de los elevados niveles de inseguridad que enfrenta el país y de los cuales no escapa el municipio Caroní; que ocupa el tercer lugar como una de las ciudades más violentas de Venezuela      

 “La incertidumbre que noche tras noche enfrentamos las madres venezolanas, cada vez que un hijo sale de nuestro hogar no es comparable con ninguna otra, más aún cuando ni siquiera podemos confiar en los cuerpos policiales, ya que la mayoría de sus funcionarios están implicados en hechos de corrupción o en otras irregularidades”.

La concejal, indicó que esta situación se incrementa aún más, ante en el clima de conflictividad política que vive el país y la total discrecionalidad que otorga la resolución 8.610 sobre el uso de armas de fuego por parte de funcionarios policiales.

“El único objetivo de la resolución 8.610, que permite el uso de armas de fuego en manifestaciones públicas, es el de sembrar terror en la población que disiente del régimen de Nicolás Maduro y evitar que nuevos venezolanos se sumen al descontento popular que se incrementa día tras días ante el fracaso continuado del régimen para resolver los problemas de todos los venezolanos”.

González, aseguró que todas estas acciones evidencian la pérdida del estado de derecho y el deterioro progresivo de nuestro sistema democrático, el cual enfrenta una de sus peores crisis.

“Ante las pretensiones del régimen de acabar a toda costa con la disidencia venezolana, las mujeres de Acción Democrática elevamos nuestra voz de descontento e invitamos a todas las mujeres de Guayana a sumarse al cambio y la construcción de una mejor Venezuela con el concurso de todos los venezolanos”.

En tal sentido, la concejal destacó la necesidad de construir un nuevo parlamento al servicio del pueblo venezolano, por lo que invitó a toda la población a participar masivamente en las venideras elecciones parlamentarias. (Prensa AD)           

     El dirigente blanco señaló que existe en el estado Bolívar, ni en el país ningún establecimiento de Mercados de Alimentos, CA (Mercal); Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdval), y Bicentenario que no presente colas, sin que hasta ahora ninguno de sus gerentes sea detenido por propiciar la Guerra Económica o menos aún los funcionarios militares agilicen la cola para beneficiar a los consumidores de la tercera edad, que son la mayoría de clientes

“Con ocupaciones y amenazas de expropiaciones no se resuelve la grave crisis económica que enfrenta el país, producto de más de 16 años de destrucción progresiva del aparato productivo y la incompetencia manifiesta del régimen para manejar las empresas estatizadas”, así lo dio a conocer el diputado a la Asamblea Nacional por Acción Democrática, Freddy Valera.

Para el dirigente blanco, el ejemplo más palpable de esta realidad lo constituye el estado en que se encuentra el Consorcio Hermanos García; tras su ocupación la otrora principal red de distribución de alimentos en la región y propietaria de los establecimientos La Fuente, Koma y Friosa presenta hoy un déficit de alimentos superior al 90%  a manos del estado venezolano.       

“No existe en el estado Bolívar, ni en el país ningún establecimiento de Mercados de Alimentos, CA (Mercal); Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdval), y Bicentenario que no presente colas, sin que hasta ahora ninguno de sus gerentes sea detenido por propiciar la Guerra Económica o menos aún los funcionarios militares agilicen la cola para beneficiar a los consumidores de la tercera edad, que son la mayoría de clientes”.

Dicotomía revolucionaria

Valera, aseguró que las pocas sanciones emitidas contra estos establecimientos y sus representantes, permiten inferir que la Guerra Económica no es más que un “pote de humo” para tapar la improvisación, falta planificación y destrucción del aparato productivo del país, tras 16 años de aplicación de un modelo anacrónico y obsoleto como el socialismo.  

“Nadie en la oposición controla la red de distribución de alimentos en el país y menos aún posee los recursos económicos para inducir la inflación o comprar la consciencia de miles de personas que a diario hacen colas en los diferentes establecimientos comerciales del Estado, con la esperanza de comprar una leche, un kilo de azúcar, un paquete de arroz, jabón en polvo, papel toallet o simplemente pañales”.

El dirigente blanco, recordó que tres de los rubros que hoy permanecen fuera del alcance de los venezolanos forman parte de las empresas estatizadas por el Gobierno Nacional.

“Si el empresariado es el principal causante del desabastecimiento en el país, por qué no se consigue azúcar, leche o café?, cuando sus principales productor es el Estado Venezolano mediante la confiscación de Lácteos Los Andes, Los Centrales azucareros y café Madrid entre otras empresas que controlaban más del 50% del mercado”.     

Cumplimiento de leyes    

El parlamentario, afirmó que la falta de controles y elevada burocracia, son una de las principales causas del sobreprecio de productos en el país.

“Como demócratas queremos que se haga seguimiento a los bienes que se producen en el país y se sanciones a los responsables, sin importar el color que sea. Ya basta que el pueblo haga cola por horas en un establecimiento comercial y sea vejado por los funcionarios militares y policiales, quienes por debajo de cuerda sacan lo que le dé la gana como Pedro por su casa, sin que se les castigue”.

Valera, afirmó que las leyes son para cumplirse por lo que su incumplimiento solo genera anarquía e impunidad, caldeo de cultivo para un estallido social. (Prensa AD)

      Para el parlamentario esta nueva resolución evidencia el coraje y la gallardía que posee el titular del Ministerio de la Defensa para hacerle frente a la población civil y desarmada, así como su completa incapacidad y culillismo para enfrentar a la delincuencia organizada y grupos armados que mantienen en zozobra a los venezolanos.

“La reciente resolución 008610 del Ministerio de la Defensa, publicada en la Gaceta Oficial 40.589 que regula la actuación de las Fuerzas Armadas Bolivarianas durante manifestaciones, no es más que una patente de corso para masacrar a la población civil que disiente del régimen durante manifestaciones”, así lo dio conocer el diputado a la Asamblea Nacional por Acción Democrática, Freddy Valera.

Para el parlamentario el instrumento además de ser violatorio de la Constitución al desconocer el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en las manifestaciones pacíficas, le entrega la total discrecionalidad a los comandantes de operaciones de accionar su armas a discreción contra la población, lo cual constituye una violación flagrante a los Derechos Humanos. 

Adicionalmente la resolución viola el artículo 329, que delimita las funciones y responsabilidades de cada cuerpo de seguridad, al establecer que el Ejército, la Armada y la Aviación tienen como responsabilidad esencial la planificación, ejecución y control de las operaciones militares requeridas para asegurar la defensa de la Nación, mientras la Guardia Nacional cooperará en el desarrollo de dichas operaciones y tendrá como responsabilidad básica la conducción de las operaciones exigidas para el mantenimiento del orden interno del país, cuando la policía no esté en condiciones de hacerlo. 

“Los funcionarios militares del ejército, marina o aviación no están preparados para asumir el control de las manifestaciones públicas, pues su formación es para la guerra, por lo tanto sus actuaciones se no se ajustarán al cumplimiento y respeto de los derechos humanos”.

Objetivo la represión

Para el parlamentario esta nueva resolución evidencia el coraje y la gallardía que posee el titular del Ministerio de la Defensa para hacerle frente a la población civil desarmada y su completa incapacidad y culillismo para enfrentar a la delincuencia organizada y grupos armados que mantienen en zozobra a los venezolanos.

“Como demócrata nos preguntamos qué es más importante para el país, el control de las manifestaciones o la reducción de la inseguridad y la delincuencia que día tras día acaba con las vida de miles de venezolanos?, El titular de defensa lejos de presentarle al país una resolución violatoria de los Derechos Humanos debe presentar un programa para el desarme de los delincuentes y la reducción de violencia en las calles, con el fin de garantizar la seguridad de nuestro pueblo que es uno de los principales problemas del país”. 

A juicio del parlamentario, la resolución está legitimando la militarización del orden público y la creciente ola de criminalización y represión de las protestas.

“Solo el año pasado cuando se registraron más de 6.369 protestas contra el Presidente Nicolás Maduro, que desencadenaron la muerte de 43 venezolanos,  así como un sin número de violaciones a los Derechos Humanos cometidos por los excesos de los funcionarios castrenses, la mayoría de los cuales permanecen sin castigo”.    

Valera, recordó la fuerte golpiza que recibió hace casi un año Marvinia Jiménez, golpeada salvajemente por una funcionaria de la Guardia del Pueblo, la cual hasta la fecha permanece en libertad pese a que sus superiores conocen que contra ella pesa una medida de detención.

 “La nueva resolución 008610 del Ministerio de la Defensa no es más que un patente de corso otorgada a los militares para que defiendan lo indefendible, ante la incapacidad del régimen para resolver los problemas del país, como la escasez, inflación, inseguridad, pérdida del poder adquisitivo entre otros”. 

El dirigente político, aseguró solo los regímenes autoritarios y conscientes de su descalabro político frente al pueblo son capaces de accionar este tipo de resoluciones, que lo único que buscan es garantizara su permanencia en el Poder a toda costa.

“Frente a las balas y los gases lacrimógenos que ofrece el régimen, el pueblo lo que desea es alimentos para cocinar, empleos dignos y medicinas para salvar vidas”.

Inconstitucional

Valera, aseveró que la nueva resolución no posee fuerza de Ley por lo que su aplicación constituiría un delito, que sumado a la poca capacitación del componente militar para el control de orden público y materia de seguridad ciudadana, conforman el caldo de cultivo perfecto para la violación de los derechos humanos en el país y la masacre de ciudadanos.

“La sentencia de la Corte Interamericana en la demanda de las víctimas  Caracazo, un caso que es usado como bandera política por el propio oficialismo, limita a la fuerza militar en asumir funciones de seguridad ciudadana y el uso de armas de fuego en manifestaciones, lo que constituye una muestra de la dicotomía del régimen en sus actuaciones”.

El parlamentario, fue enfático al señalar que el uso indiscriminado de la armas de fuego en el país contra la manifestaciones pacificas, acarreara sanciones penales para los involucrados, pues su simple aplicación constituye una violación de los derechos humanos.(Prensa AD)