A juicio del dirigente acciondemocratista el bajo éxito cualitativo del programa desplegado en las fronteras y principales estados del país, evidencia que no ataca las causa del problema, falta de producción y los elevado niveles de corrupción de las Fanb, sino las consecuencias impuestas por la subvención de los alimentos y el desplome del bolívar frente al resto de la monedas Latinoamericanas.

“Si el captahuella alimentario es la solución a la escasez de alimentos que vive el país; militares y altos jerarcas del Gobierno Nacional deben dar el ejemplo y someterse junto al ciudadano común al nuevo control alimentario, que no es más que una copia burda de la tarjeta de racionamiento cubana”, así lo dio a conocer el diputado a la Asamblea Nacional por Acción Democrática, Freddy Valera.   

Para el parlamentario el sometimiento de los representantes del Gobierno Nacional, al nuevo control alimentario no solo elevaría la moral en las filas del Partido Socialista Unido de Venezuela, Psuv, sino que evidenciaría su amplia vocación socialista e igualitaria.

“Como demócratas nos gustaría ver a Diosdado Cabello, a Nicolás Maduro, al gobernador del estado Francisco Rangel Gómez y al alcalde de Caroní José Ramón López, así como a otros tantos líderes y ministros del chavismo que hablan maravillas del captahuella alimentario, hacer sus colas para comprar dos harina Pan, papel higiénico, jabón de baño, entre otros artículos de higiene personal, como lo hacemos el grueso de los venezolanos a diario”.

Incapacidad demostrada

A juicio de Valera, la cacería de brujas iniciada por el Gobierno Nacional, bajo el velo de la guerra al contrabando, no se ha traducido en una reducción de la escasez en los anaqueles de los supermercados y abastos del país.

“El bajo éxito cualitativo del programa desplegado en las fronteras y principales estados del país, evidencia que no ataca las causa del problema: Falta de producción y elevados niveles de corrupción de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivariana, sino las consecuencias impuestas por la subvención de los alimentos y el desplome del bolívar frente al resto de la monedas Latinoamericanas”.

El dirigente político, afirmó que sólo los crédulos creen que el problema de la escasez que padecen los venezolanos se debe al contrabando de extracción y que este es liderado por la oposición venezolana, cuando en verdad se debe a la destrucción sistemática de nuestro aparato productivo del país y a la cada vez más creciente descomposición moral que enfrentan las Fanb, plagadas de corrupción y encargadas de custodiar las fronteras.

“Pretender que nuestros militares son impolutos, es considerar que el socialismo es el mejor sistema del mundo, pues no conlleva controles e impulsa el capital privado, y todos sabemos que esto no es verdad. A lo largo de nuestras fronteras no existen no menos de 400 puntos de control que son travesados a diario por los contrabandistas, con la anuencia de sus funcionarios y previo pago de sobornos, sí no cómo llega la gasolina a las minas.”

Para el parlamentario, la detención de 15 militares por el delito de contrabando, tras habilitar trochas para el paso de vehículos y alimentos es una muestra de ello.

Más producción

Valera, reveló que la salida a la crisis alimentaria que padecen los venezolanos está en el incremento de la producción nacional y la reducción de la economía de puertos, tan auspiciada desde el régimen.       

“Asfixiar el aparato productivo del país, para garantizarse grandes comisiones por la importación de productos se convirtió en el Pan nuestro de cada día, sino pregúntenselo a la señorita María Grabriela de Chávez investigada en Argentina por un hecho de corrupción vinculado a la compra de arroz o al propio Rafael Ramírez, tras la presunta importación de petróleo por parte de Petróleos de Venezuela.”

A juicio del parlamentario, este esquema económico es el principal responsable de la crisis alimentaria que padecen los venezolanos y el ejemplo más palpable de los elevados niveles de corrupción que padece el país.

“Quién haya conocido un poco de economía, conoce que un país no puede subsistir a través de la importación; las grandes potencias del mundo son el resultado del fortalecimiento de sus economías y no de las dadivas ideológicas y anacrónicas de regímenes comunistas y socialista. Venezuela requiere cuanto antes más producción y menos importación, para salir de la crisis económica que atraviesa”. 

Respuestas concretas

Valera, reveló que el Gobierno Nacional debe de una vez y por todas establecer las regulaciones que conllevará la entrada en vigencia de las nuevos captahuellas alimentarios.

“La simple aplicación el nuevo sistema, ya es una aberración para los venezolanos, pues limita el poder de compra de la mayoría de las familias; sí a eso le sumamos la falta de reglas y controles, estamos dándole al Gobierno Nacional un cheque en blanco para la aplicación discrecional y selectiva de la tarjeta electrónica de racionamiento en el país”. 

El parlamentario, aseguró que los venezolanos deben de saber que data se usará en la aplicación del mecanismo, ya que la del Consejo Nacional Electoral, CNE, no cuenta con la información necesaria sobre los adolescentes y los extranjeros legales o indocumentados, limitando así la compra de alimento solo a personas mayores de edad y nacidos en el país, pues los anuncios no contemplan el uso de pasaporte. 
“Hasta ahora los venezolanos desconocemos cuál será el número promedio de integrantes por familias, qué productos serán supervisados por este nuevo mecanismo, la cantidad mínimas de compra y el lapso para renovarlas, así como las posibles sanciones para aquellos compradores que hagan compras exorbitantes como los restaurantes y ventas de alimentos.” (Prensa AD)

Miembros del Comité Ejecutivo del Municipio Heres denunciaron la reciente implementación del Sistema Biométrico, posee un amplio vacío legal y violenta los artículos 117 y 305 de la Constitución Nacional, por lo que llaman al gobierno a asumir su responsabilidad en el fracaso de las medidas económicas y entienda que buscar solucionar la crisis originada por el excesivo intervencionismo estatal, implementando más controles, es como querer apagar el fuego regándolo con gasolina.

Representantes de Acción Democrática en el municipio Heres denunciaron la elevada escasez de alimentos y alta inflación que afecta el bolsillo de los venezolanos, producto de los desmedidos controles gubernamentales que solo buscan la sumisión del pueblo.

A juicio de los dirigentes de la tolda blanca el presidente Nicolás Maduro, intenta solo corregir las consecuencias de los problemas ignorando las causas que los originan.

Luis Silva, Secretario General de Acción  Democrática en el municipio Heres, en compañía de los miembros del Comité Ejecutivo Seccional de AD,  Saira Aguinagalde, Mily Hernández, Valentín Fuenmayor, Sixto Linarez, Frank Rojas, Ada Alvarez, Juan Montañéz, Sobella Tablante, Euclides Bravo, Ylmar Fajardo y Bladimir Galindo,  señaló que esta omisión o desconocimiento de la realidad que enfrenta el país  ha conllevado al deterioro progresivo de la calidad de vida de los venezolanos, incrementado consigo los problemas que enfrentan los ciudadanos de a pie.

“Ante la grave crisis que atraviesa el sector productivo y nuestra economía en general, la respuesta oficial ha sido incrementar los mecanismos de control, como el Sistema Biométrico de Alimentos; cuando son precisamente los excesivos controles los que entraban y reducen la producción de bienes y servicios en el país, generándose escasez, inflación y especulación.”

Controles ineficientes
Silva, reveló que al igual que muchos programas gubernamentales violenta los artículos 117 y 305 de la Constitución Nacional, y no resuelve el problema de fondo que no es otro que la baja producción de alimentos y productos que posee el país.

“En 2003 se estableció el control de precios, en 2004 el Indecu, en 2008 la Ley de Seguridad Alimentaria, en 2010 Indepabis, en 2011 la Ley de Costos y Precios Justos, todas con carácter restrictivo y punitivo, haciendo ver que los responsables de la escasez y la inflación eran los empresarios, sin embargo los problemas lejos de solucionarse se agudizaron”.

El Secretario General de AD en el municipio Heres, recordó que sumado a estos controles desde el año 2008 está vigente el SICA (Sistema Integral de Control Agroalimentario) y desde el 2012 el SICM (Sistema Integral de Control de Medicamentos) los cuales obligan a portar guías de movilización para transportar alimentos, productos agropecuarios o medicamentos, rubros que a pesar de estos controles son los más difíciles de obtener para el consumidor venezolano.

“Ni la colocación chips de control para la compra de combustible y alimentos en los estados fronterizos, ni las guías de movilización de alimentos, ni el cierre nocturno de la frontera con Colombia, han logrado reducir la escasez, ni la inflación que padecen los venezolanos”.

Sin responsabilidad

Silva, anunció que ahora el gobierno nacional pretende acusar a los consumidores de ser los responsables de los bajos inventarios y de los altos precios, razón por la cual anunció la implementación del capta huellas para controlar la compra de productos de la cesta alimentaria, no solo en los establecimientos públicos como Mercal Y Pdval, sino también en los supermercados privados y no solo en los estados fronterizos sino en todo el territorio nacional.

Ante esta imposición del gobierno nacional, el representante del Comité Ejecutivo del Municipio Heres denunció la violentando de los artículos 117 y 305 de la Constitución Nacional.

“El  artículo 117 de Carta Magna establece el derecho a las personas de disponer de bienes y servicios de calidad, así como la libertad de elección y a un trato equitativo y digno; mientras que el artículo 305 corresponde a la obligatoriedad del Estado a promover la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral, y en consecuencia garantizará la seguridad alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público consumidor, elementos que no se cumplen”.

El representante del Comité Ejecutivo del Municipio Heres, instó al Gobierno a asumir su responsabilidad en el fracaso de las medidas económicas aplicadas y solucionar la crisis originada por el excesivo intervencionismo estatal.

“Como demócratas le exigimos al gobierno nacional una mayor inversión en las áreas de producción de alimentos, menos importación y controles, ya que su exacerbada aplicación conlleva a las distorsiones económicas que hoy padecemos los venezolanos. La aplicación de controles e importaciones es como querer apagar el fuego regándolo con gasolina”.

Silva, sugirió de manera paralela el desmontaje gradual y paulatino de los mecanismos de control antes mencionados, respetando las leyes de mercado y estimulando la participación del capital privado. (Prensa AD)

     Para la concejal la aplicación del nuevo sistema conlleva a una serie de de factores sociales más complicados, que podrían acarrear no solo el racionamiento de alimentos sino a la polarización de la sociedad, entre ellas qué tipo de base de huellas dactilares se va a usar para la aplicación de la medida.

“Desde Acción Democrática comprometido con las necesidades de nuestro pueblo queremos rechazar enfáticamente la aplicación del Sistema Biométrico para compara de alimentos en Guayana, por considerar que no resuelve el problema de fondo de nuestra economía que no es otro que la falta de producción”, así lo dio a conocer la concejal de Acción Democrática ante el Concejo Municipal Socialista de Caroní, Aida González.

La representante de la tolda blanca aseveró que la medida lejos de impedir el contrabando de alimentos a otras naciones constituye la instauración en el país de la tarjeta de racionamiento cubana.

“Sistema Biométrico Alimentario no es más que la instauración electrónica de la tarjeta de racionamiento cubana, ya que no impidió la salida de alimentos a través de las fronteras, como tampoco lo han hecho los 17 mil efectivos militares desplegados durante los últimos días en la zona por el gobierno nacional”.

Anaqueles vacios

González, reveló que pese a las medidas desplegadas por el gobierno nacional los anaqueles de supermercados y comercios permanecen vacíos.

“El problema de fondo a la falta de alimentos no está en el incremento del poder adquisitivo de la población, ya que más del 70% de los venezolanos devengan un poco más del salario mínimo, menos aún en la exportación de productos, sino en la aplicación de un modelo socialista anacrónico cuyo único objetivo es al sumisión del pueblo, mediante controles”.

La concejal, cuestionó que los altos jerarcas del gobierno nacional realicen colas para la compra de alimentos o paguen sobreprecio por alimentos de la cesta básica, como lo hace la mayoría de los venezolanos que deben comprar alimentos a sobreprecio a los buhoneros o en la bodegas de la cuadra.  

“La mayoría de los guayaneses conocimos la bondades del pleno empleo, cuando estaban las empresas básicas en sus máximos niveles de producción y degustamos las más amplia variedad de productos en Koma y Friosa, empresas que a más de cuatro de su estatización se encuentran complemente quebradas, al igual que el resto de las compañías e industrias de alimentos expropiadas por el gobierno nacional bajo la consigna Hecho en socialismo”.

González, aseveró que desde los Supermercados Bicentenarios hasta los Mercal, el gobierno nacional ha implementado un cerco alimentario a la población, limitando la venta de productos a dos por personas, tras la realización de largas colas.

Vacío legal

Para la concejal la aplicación del nuevo sistema conlleva a una serie de de factores sociales más complicados, que podrían acarrear no solo el racionamiento de alimentos sino a la polarización de la sociedad.

“Como demócratas queremos alertar sobre la necesidad de definir los parámetros y normas para la aplicación del sistema biométrico, puesto que su uso inapropiado podrá acarrear nuevas formas de segregación similares a la Lista Tascón”    

González, afirmó que el gobierno nacional debe explicarle a los venezolanos que base de huellas dactilares se va a usar para la aplicación de la medida.

“Los venezolanos tenemos que saber que data se usara en la aplicación del mecanismo, ya que la del Consejo Nacional Electoral, CNE,  no cuenta con la información necesaria sobre los adolescentes y los extranjeros legales o indocumentados”.

La concejal, indicó que la incorporación de la base del CNE constituiría una violación al derecho a la alimentación de los venezolanos, limitando así la compra de alimento solo a personas mayores de edad y nacidos en el país, pues los anuncios no contemplan el uso de pasaporte.

“Hasta ahora los venezolanos desconocemos cuál será el número promedio de integrantes por familias, qué productos serán supervisados por este nuevo mecanismo, la cantidad mínimas de compra y el lapso para renovarlas, así como las posibles sanciones para aquellos compradores que hagan compras exorbitantes como los restaurantes y ventas de alimentos.” 

González, precisó que son este cumulo de interrogantes las que obligan a dirección de Acción Democrática a denunciar la inviabilidad de la medida y lo inconstitucional de su aplicación. 

“Ante la violación del derecho a la alimentación de los venezolanos, Acción Democrática continuará en la calle denunciando este tipo de arbitrariedades que representan una violación de nuestra constitución”.  (Prensa AD)

        Valera teme que esta nueva Ley se convierta en una “patente de corso”, para que grupo anárquicos tomen las pocas instalaciones productivas  que aún existen el país y conviertan a las tiendas y establecimientos comerciales en cementerios vacios de productos.

“La reciente Ley de de Ganancias, Costos y Precios Justos, aprobada por el ejecutivo nacional vía Habilitante no resuelve el problema de escasez que enfrentan los venezolanos, puesto que no incentiva la producción de alimentos y productos en el país, elemento esencial para la recuperación de la economía en Venezuela”, así lo dio a conocer el diputado a la Asamblea Nacional por Acción Democrática, Freddy Valera.

El parlamentario calificó el nuevo instrumento legal como una nueva herramienta persecutoria, pues traslada penas elevadas para las personas involucradas en contrabando y usura de alimentos y productos, limitando consigo la compra de grandes volúmenes de mercancías e impidiendo los tradicionales descuentos.

“Como demócratas estamos de acuerdo en la necesidad que tiene el Ejecutivo Nacional de resarcir el pésimo manejo económico que ha hecho, con el fin de recuperar el poder adquisitivo de los venezolanos y reducir la inflación, mediante la revisión de todo el proceso económico de producción y el establecimiento de márgenes de ganancia no mayores a 30%, pero no podemos continuar respaldando acciones que en el fondo no resuelven la crisis sino que la acentúan. En otros países del mundo las Fuerzas Armadas Nacionales confiscan armas, drogas y combaten a grupos de insurgentes que atentan contra la soberanía; sin embargo en Venezuela estas funciones se han diluido en la persecución a camioneros y empresarios acusados de acaparamiento y de ser artífices de la Guerra Económica, mediante el contrabando”

Patente de Corso

Valera teme que esta nueva Ley se convierta en una “patente de corso”, para que grupo anárquicos tomen las pocas instalaciones productivas  que aún existen el país y conviertan a las tiendas y establecimientos comerciales en cementerios vacios de productos.

“Basta con ver el daño causado por el régimen a empresas como Friosa, Komo o Traki, para darse cuenta que el único deseo que posee el régimen al idear leyes como estas, es la perpetuación del poder a toda costa y la dominación de la disidencia y la población mediante los alimentos y productos como existe en Cuba”        

El parlamentario señaló que la aplicación de la nueva Ley y el aumento de detenciones, incrementará significativamente el hacinamiento en las cárceles del país, problema que en más de 15 años ha sido incapaz de resolver el Gobierno Nacional, elemento que demuestra una vez más sus elevados niveles de ineficacia.

“Si analizamos el contexto general en que se encuentra el país desde el ascenso al poder de Hugo Chávez Frías, podemos decir sin temor a equivocarnos que estos 15 años de gobierno revolucionario han sobrepasado con creces todos los errores de la IV República, con un colofón adicional y es que en 40 años de democracia el país nunca había sido tan endeudado como ahora y nuestro parque industrial tan golpeado”

En tal sentido Valera, indicó que el pueblo no tiene nada que celebrar este domingo 2 de febrero, al menos que sea apátrida y celebre la destrucción del país en 15 años de revolución bonita. (Prensa AD)