A juicio del dirigente acciondemocratista el bajo éxito cualitativo del programa desplegado en las fronteras y principales estados del país, evidencia que no ataca las causa del problema, falta de producción y los elevado niveles de corrupción de las Fanb, sino las consecuencias impuestas por la subvención de los alimentos y el desplome del bolívar frente al resto de la monedas Latinoamericanas.

“Si el captahuella alimentario es la solución a la escasez de alimentos que vive el país; militares y altos jerarcas del Gobierno Nacional deben dar el ejemplo y someterse junto al ciudadano común al nuevo control alimentario, que no es más que una copia burda de la tarjeta de racionamiento cubana”, así lo dio a conocer el diputado a la Asamblea Nacional por Acción Democrática, Freddy Valera.   

Para el parlamentario el sometimiento de los representantes del Gobierno Nacional, al nuevo control alimentario no solo elevaría la moral en las filas del Partido Socialista Unido de Venezuela, Psuv, sino que evidenciaría su amplia vocación socialista e igualitaria.

“Como demócratas nos gustaría ver a Diosdado Cabello, a Nicolás Maduro, al gobernador del estado Francisco Rangel Gómez y al alcalde de Caroní José Ramón López, así como a otros tantos líderes y ministros del chavismo que hablan maravillas del captahuella alimentario, hacer sus colas para comprar dos harina Pan, papel higiénico, jabón de baño, entre otros artículos de higiene personal, como lo hacemos el grueso de los venezolanos a diario”.

Incapacidad demostrada

A juicio de Valera, la cacería de brujas iniciada por el Gobierno Nacional, bajo el velo de la guerra al contrabando, no se ha traducido en una reducción de la escasez en los anaqueles de los supermercados y abastos del país.

“El bajo éxito cualitativo del programa desplegado en las fronteras y principales estados del país, evidencia que no ataca las causa del problema: Falta de producción y elevados niveles de corrupción de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivariana, sino las consecuencias impuestas por la subvención de los alimentos y el desplome del bolívar frente al resto de la monedas Latinoamericanas”.

El dirigente político, afirmó que sólo los crédulos creen que el problema de la escasez que padecen los venezolanos se debe al contrabando de extracción y que este es liderado por la oposición venezolana, cuando en verdad se debe a la destrucción sistemática de nuestro aparato productivo del país y a la cada vez más creciente descomposición moral que enfrentan las Fanb, plagadas de corrupción y encargadas de custodiar las fronteras.

“Pretender que nuestros militares son impolutos, es considerar que el socialismo es el mejor sistema del mundo, pues no conlleva controles e impulsa el capital privado, y todos sabemos que esto no es verdad. A lo largo de nuestras fronteras no existen no menos de 400 puntos de control que son travesados a diario por los contrabandistas, con la anuencia de sus funcionarios y previo pago de sobornos, sí no cómo llega la gasolina a las minas.”

Para el parlamentario, la detención de 15 militares por el delito de contrabando, tras habilitar trochas para el paso de vehículos y alimentos es una muestra de ello.

Más producción

Valera, reveló que la salida a la crisis alimentaria que padecen los venezolanos está en el incremento de la producción nacional y la reducción de la economía de puertos, tan auspiciada desde el régimen.       

“Asfixiar el aparato productivo del país, para garantizarse grandes comisiones por la importación de productos se convirtió en el Pan nuestro de cada día, sino pregúntenselo a la señorita María Grabriela de Chávez investigada en Argentina por un hecho de corrupción vinculado a la compra de arroz o al propio Rafael Ramírez, tras la presunta importación de petróleo por parte de Petróleos de Venezuela.”

A juicio del parlamentario, este esquema económico es el principal responsable de la crisis alimentaria que padecen los venezolanos y el ejemplo más palpable de los elevados niveles de corrupción que padece el país.

“Quién haya conocido un poco de economía, conoce que un país no puede subsistir a través de la importación; las grandes potencias del mundo son el resultado del fortalecimiento de sus economías y no de las dadivas ideológicas y anacrónicas de regímenes comunistas y socialista. Venezuela requiere cuanto antes más producción y menos importación, para salir de la crisis económica que atraviesa”. 

Respuestas concretas

Valera, reveló que el Gobierno Nacional debe de una vez y por todas establecer las regulaciones que conllevará la entrada en vigencia de las nuevos captahuellas alimentarios.

“La simple aplicación el nuevo sistema, ya es una aberración para los venezolanos, pues limita el poder de compra de la mayoría de las familias; sí a eso le sumamos la falta de reglas y controles, estamos dándole al Gobierno Nacional un cheque en blanco para la aplicación discrecional y selectiva de la tarjeta electrónica de racionamiento en el país”. 

El parlamentario, aseguró que los venezolanos deben de saber que data se usará en la aplicación del mecanismo, ya que la del Consejo Nacional Electoral, CNE, no cuenta con la información necesaria sobre los adolescentes y los extranjeros legales o indocumentados, limitando así la compra de alimento solo a personas mayores de edad y nacidos en el país, pues los anuncios no contemplan el uso de pasaporte. 
“Hasta ahora los venezolanos desconocemos cuál será el número promedio de integrantes por familias, qué productos serán supervisados por este nuevo mecanismo, la cantidad mínimas de compra y el lapso para renovarlas, así como las posibles sanciones para aquellos compradores que hagan compras exorbitantes como los restaurantes y ventas de alimentos.” (Prensa AD)

     Para la parlamentaria, el impacto económico y el ecosidio que ha generado la minería ilegal en el estado Bolívar, ha sobrepasado el accionar y el plan de respuesta del gobierno regional, que ha sido negligente y complaciente para abordar el tema en toda sus magnitud.

“La reciente crisis aurífera que mantiene en jaque a los municipios del Sur, que ha afectado de manera directa la producción de CVG Minerven y desencadenado la muerte de al menos 35 mineros a manos de grupos armados, que disputan el control de la minas, es un tema de Estado que ha de ser analizado y discutido a profundidad por todos los sectores involucrados en el conflicto”, así lo dio a conocer la diputada al Consejo Legislativo del Estado Bolívar, Cleb, por Acción Democrática e integrante de la comisión de minas, Nelly Frederick

Para la parlamentaria, el impacto económico y el ecosidio que ha generado la minería ilegal en el estado Bolívar, ha sobrepasado el accionar y el plan de respuesta del gobierno regional, que ha sido negligente y complaciente para abordar el tema en toda sus magnitud.

“Como parlamentaria comprometida con mi estado y con esta tierra pujante debo elevar mi voz de alerta con el fin de establecer los mecanismos de control y supervisión a tiempo, con el fin de evitar nuevas masacres en nuestras minas”

Frederick reveló que el pésimo estado en que se encuentra la empresa CVG Minerven y especialmente la Planta Perú, son una evidencia de la desidia y el poco apego que mantiene el gobernador del estado y el propio presidente Nicolás Maduro por el estado.

Deterioro progresivo

“En los últimos cinco años CVG Minerven, empresa encargada del acarreo, trituración, molienda y fundición del oro pasó de producir 4.3 toneladas de oro, para convertirse en una empresa cuyo patrimonio se ha convertido en amasijo de hojalata, hierro y piezas, que constantemente son invadidas y desmanteladas por mineros ilegales y bandas armadas que buscan oro”

La parlamentaria reveló que esta situación se registra de manera paralela tanto en la empresa estatal, como en otras minas abandonadas, producto del incremento de los insumos y el control estatal.

“Hoy en día CVG Minerven sólo produce 1.6 toneladas de oro, por año en las dos plantas que aun mantiene operativas, mientras el resto de la producción del oro del estado, es sacado de manera ilegal del país por vía fluvial y área, ante la mirada indolente de los cuerpos policiales y militares de la zona”.  

Interrogantes     

Frederick, afirmó que es necesario conocer las razones por las cuales una empresa estadal cómo CVG Minerven permitió la invasión y el robo de sus equipos, por qué los reportes oficiales del Ministerio de Petróleo y Minas  año tras años presupuestan planes de adecuación tecnológica en esas plantas y más aún cómo grupos armados operan al margen de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana.

“Para los pobladores de estas zonas la ecuación es muy sencilla, más oro y menos control militar, es sinónimo de mayores ganancias para los grupos armados y mafias auríferas que operan al margen de la Ley en estos municipios, los cuales en su mayoría, tranzan con alguno funcionarios castrenses para su protección”.

En tal sentido, la parlamentaria anunció que en los próximos días la comisión de minas del Cleb, solicitará la intervención del gobernador del estado, Francisco Rangel Gómez y los funcionarios castrenses desplegados en el sur de la entidad con el fin de conocer los programas de seguridad y de resguardo de nuestros recursos auríferos. (Prensa AD)

      A juicio del parlamentario, la medida desacredita la capacidad de mediación de los cancilleres de la Unasur, al colocarlos como simples televidentes de la realidad que se vive en el país.

“La conformación de las nuevas milicias comunales, anunciadas por el presidente Nicolás Maduro, representa una violación flagrante a la constitución venezolana, que atribuye la defensa militar de la Nación solo a la Fuerzas Armadas” así lo dio conocer el diputado a la Asamblea Nacional por Acción Democrática Freddy Valera.

Para el parlamentario, la medida constituye de manera adicional una bofetada a la Mesa de Diálogo, que desde el pasado 10 de marzo se reúne con la anuencia de la Unión de Naciones Suramericanas, Unasur.

“Es imposible establecer un diálogo nacional y una salida consensuada a la situación política que enfrenta el país, si desde el mismo gobierno se torpedean las negociaciones, mediante el ataque exacerbado a nuestros estudiantes y la negativa de desarmar y perseguir a los grupos armados, que operan al margen de la Ley con el respaldo del alto gobierno”.

Patente de corso

A juicio de Valera, la conformación de la nueva milicia comunal no es más que una patente de corso del Gobierno Nacional, para continuar armando a la población civil e incentivar la confrontación violenta entre venezolanos, ante su incapacidad de resolver la crisis económica, social y política que enfrenta el país. 

“El mensaje dado por el Ejecutivo Nacional con este anuncio es muy claro, pateó la mesa de diálogo para continuar generando violencia, y así evitar brindar soluciones efectivas a los venezolanos que cada día nos encontramos más aislados del mundo y más cerca de la cubanización, ante el cierre progresivo de empresas y la falta de insumos en el país”.

El parlamentario señaló que una muestra de ello los constituye la suspensión en la venta de boletos de las aerolíneas Lufthansa, Alitalia, Air Canadá y Air France, la paralización e envíos por parte del Instituto Postal Telegráfico de Venezuela, Ipostel; y el cierre de operaciones de ensambladoras como General Motors de Venezuela y Ford de Venezuela.  

Desacreditación internacional

Valera afirmó que de manera adicional la medida desacredita la capacidad de mediación de los cancilleres de la Unasur, al colocarlos como simples televidentes de la realidad que se vive en las calles venezolanas, caracterizada por una creciente represión y violación flagrante de los derechos humanos.

“La conformación de las nuevas milicias comunales, desestima la solicitud de la Mesa de la Unidad Democrática de desarmar a los colectivos y allana el camino a una escalada de violencia, al trascender el plano de la confrontación de ideas, por el enfrentamiento armado entre vecinos, al permitir que la represión hacia la disidencia se traslade hasta las propias comunidades, edificios y urbanizaciones”.      

Valera instó nuevamente al Gobierno Nacional a sincerarse con la comunidad  internacional, ya que la creación de estas milicias representa una violación abierta a los acuerdos analizados en el seno de la Mesa de Diálogo y acerca al país a una posible  confrontación armada, que ningún beneficio traerá a los venezolanos.(Prensa AD)

     

La parlamentaria reveló que en la entidad se han documentado en la entidad 120 detenciones, que han conllevado a la privación de libertad de 14 ciudadanos y la aplicación de medidas cautelares a 73 personas

“No se puede construir democracia sin disertación, patria sin unidad y mucho menos impulsar un país por la senda del progreso con odio y agresiones, como pretende el gobierno de Nicolás Maduro para acallar a la disidencia venezolana”, así lo dio a conocer la diputada al Consejo Legislativo del Estado Bolívar por Acción Democrática, Nelly Frederick.

La parlamentaria blanca señaló que de acuerdo a cifras manejadas por organizaciones no gubernamentales, en menos de 90 días de protestas organismos policiales han detenido a 2.569 venezolanos, entre ellos a 147 menores de edad, en las diferentes protestas que se han registrado en todo el territorio nacional. 

“De acuerdo con el Foro Penal Venezolano, hasta la fecha en el estado Bolívar se han registrado 120 detenciones, que han conllevado a la privación de libertad de 14 ciudadanos y la aplicación de medidas cautelares a 73 personas, por el simple delito de pensar distinto, mientras miles de homicidas y ladrones continúan en libertad a pesar de que en su contra se hayan generado órdenes de aprehensión”

Hechos concretos

Frederick reveló que el más reciente de estos incidentes y el que ha generado mayor rechazo en la población fue la detención y presunta tortura del joven ucabista Xavier Beckler, quien padece síndrome de Asperger y fue arrestado junto a otras siete personas el pasado 2 de mayo por funcionarios policiales y de la Guardia Nacional en diferentes sectores de la ciudad.

“Es inaudito que un régimen que se haga llamar socialista, persiga, torture y prive de libertad a jóvenes con problemas de salud, menos aún que no se tomen en consideración medidas  humanitarias para garantizar sus vidas, como ha ocurrido en el caso Beckler, en el cual la jueza de la causa ordenó su detención en el  Centro de Coordinación Policial Simón Bolívar en San Félix”.

La parlamentaria señaló que de acuerdo a cifras extraoficiales 8 jóvenes especiales han sido arrestados en todo el país, sin que hasta ahora la Defensora del Pueblo o la Fiscal General del  Ministerio Público, inicie las diligencias del caso para evitar que hechos similares se registren en el futuro.

“Los venezolanos estamos acéfalos en materia de derechos humanos pues las instituciones encargadas de velar por ellos se encuentran sumisas y serviles al régimen, como lo evidencia la reciente liberación del funcionarios del Sebim Melvin Collazo, uno de los presuntos autores materiales en la muerte del joven Basil Da Costa, ultimado durante las manifestaciones del pasado 12 de febrero en Caracas”

Ante este panorama, Frederick fue enfática al señalar que en las próximas horas elevará el caso Beckler en la plenaria del Cleb, con el fin de  iniciar una investigación.

“El país requiere un cambio de rumbo, en materia de derechos humanos y civiles, razón por la cual la protesta cívica y democrática ha de mantenerse como bandera de luchar para las generaciones futuras, ya que el discernimiento, la crítica y los reclamos de una sociedad son los elementos contralores de su gobierno y en tal sentido en Acción Democrática continuamos apostando a protestas cívicas y al dialogo como herramientas de lucha en la profundización de los cambios que requiere Venezuela”(Prensa AD)