De acuerdo al
artículo 337 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de
1999, que establece el Estado de Excepción, Maduro y su séquito de candidatos
de la ineficacia deberían diseñar en un tiempo no mayor de 60 días políticas
integrales para resolver el contrabando de gasolina y la extracción de
productos venezolanos al vecino país, con los mismos funcionarios encargados
durante los últimos años de velar por el
respeto de nuestra soberanía y el combate al contrabando, algo paradójicamente
ilógico, ya que quiénes permiten que esos alimentos pasen la frontera, son los
mismos quiénes deben vigilarla
“El Estado de
Excepción aplicado en los municipios fronterizos de Bolívar, Ureña, Junín,
Capacho-Libertad y Capacho-Independencia limítrofes con Colombia, no es más de que
una patraña de Maduro y sus candidatos de las ineficacia, para meterle miedo a
la población venezolana y desmotivarla de la salida electoral que se llevará a
cabo en poco menos de 110 días, este 6 de diciembre, en todo el país con la
participación masiva de todo el pueblo en las urnas de votación”, así lo dio a
conocer el diputado a la Asamblea Nacional por Acción Democrática Freddy
Valera.
Para el candidato al
parlamento nacional por la Mesa de la Unidad Democrática en el circuito 2 del
estado Bolívar, en 16 años de gobierno revolucionario, el presidente Hugo Chávez
nunca se había dictado un Estado de Excepción pese a las graves situaciones
registradas en el país, tras el paro petrolero y el Golpe de Estado del año
2002, las guarimbas del año 2013 y el deslave de Vargas, elementos que
mantuvieron el país en vilo durante varios meses y que se resolvieron
progresivamente, pese a la conmoción causada.
El miedo como objetivo
A juicio de Valera, el
anuncio efectuado por el primer mandatario nacional el pasado viernes, el cual
deberá ser presentado, dentro de los ocho días siguientes a la Asamblea
Nacional y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que
se pronuncie sobre su constitucionalidad, más allá de una medida dictada para
restablecer el orden social, económico, político, natural o ecológico del país
y sus ciudadanos antes acciones que afecten gravemente la seguridad de la
Nación y las instituciones, constituye un globo de ensayo del régimen para
intentar suspender las elecciones parlamentarias del 6-D ante su aplastante
derrota.
“De acuerdo al artículo 337 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, que establece el Estado de
Excepción, Maduro y su séquito de candidatos de la ineficacia deberían diseñar
en un tiempo no mayor de 60 días políticas integrales para resolver el
contrabando de gasolina y la extracción de productos venezolanos al vecino
país, con los mismos funcionarios encargados durante los últimos años de velar por el respeto de nuestra soberanía
y el combate al contrabando, algo paradójicamente ilógico, ya que quiénes
permiten que esos alimentos pasen la frontera, son los mismos quiénes deben
vigilarla”
Otro libreto mismos autores
Para el candidato al
parlamento nacional por la Mesa de la Unidad Democrática en el circuito 2 del
estado Bolívar, más allá de aplicar el Estado de Excepción, Maduro y sus
candidatos de la ineficacia, deberían generar políticas orientadas a resolver
el problema de fondo que no es otro que la baja productividad de alimentos en
Venezuela, auspiciada por la monstruosa economía de puertos, que se instauró en
el país tras el arribo de la revolución hace 17 años.
“El gran problema
que tenemos los venezolanos, es que los hechos de corrupción que se vienen
presentando en la frontera colombo venezolana y en todo el país no se han
atacado en más de 17 años de revolución, generando una total impunidad que ante
la eventual pérdida del poder adquisitivo de los venezolanos se ha traducido en
un fructífero negocio para las partes involucradas, ante el fracaso de una
política económica fracasada”.
Garantías consagradas
Valera afirmó que a diferencia
de la constituciones anteriores, el Estado de Excepción consagrado en el artículo
337 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, es
tajante al garantizar el cumplimiento de las garantías constitucionales
referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el
derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos
humanos intangibles.
“Durante la
aplicación del Estado de Excepción el Gobierno Nacional debe garantizar el
derecho a la vida, reconocer la personalidad Jurídica, la protección de la
familia, la igualdad ante la Ley, la nacionalidad, la libertad personal y la
prohibición de práctica de desaparición forzada de personas, la integridad
personal, física, psíquica y moral, el derecho a no ser sometido a esclavitud o
servidumbre, la libertad de pensamiento, conciencia y religión, la legalidad y
la rretroactividad de las leyes, especialmente de las leyes penales, el
derecho al debido proceso, el amparo constitucional y la participación, el sufragio y el acceso a la
función pública, entre otros”.
Vigilancia internacional
En tal sentido, el
candidato al parlamento nacional por la Mesa de la Unidad Democrática en el
circuito 2 del estado Bolívar, instó al Gobierno Nacional y a los organismos
internacionales a garantizar la defensa de los Derechos Humanos y el cumplimiento de las obligaciones que debe
garantizar el Estado venezolano frente a un Estado de Excepción, con el fin de
evitar los abusos y la violación de Derechos Humanos que se han registrados en el marco de la
llamada “guerra económica” o de las “operaciones de liberación del pueblo”
(OLP) que ha ordenado el Presidente de la República.
“Como demócratas creemos importante alertar a la
comunidad internacional para que el Estado de Excepción no sea utilizado como
una herramienta para vulnerar los derechos humanos de los venezolanos que habitan nuestra
frontera por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y la Fuerza Armada
Nacional, a través de prácticas de confiscación, detenciones arbitrarias sin el
debido proceso que violenten el derecho a la presunción de inocencia, así como
las que atenten en contra la protección de la integridad, física, psíquica y
moral de las personas y especialmente la inviolabilidad del hogar doméstico,
bajo la premisa del paramilitarismo y la delincuencia
organizada”. (Prensa AD)
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