El parlamentario afirmó que todas
estas acciones iniciadas en contra de los diputados de Primero Justicia y jóvenes
arrestados tras el intento de magnicidio constituye una violación flagrante a
sus derechos humanos, algunos de los cuales hasta ahora el régimen no ha
brindado fe de vida, impidiendo que sus familias puedan verlos.
“La detención arbitraria e inconstitucional
del diputado Juan Requesens y demás jóvenes arrestados tras el ataque del 4 de
Agosto sufrido por el Presidente de la República, Nicolás Maduro en la avenida
Bolívar de Caracas, durante los actos de la salutación de los 81 de la Guardia
Nacional, es la muestra más fehaciente que el régimen usa la tesis del magnicidio
para iniciar una purga en la oposición
venezolana”, así lo dio a conocer el diputado a la Asamblea Nacional Freddy
Valera.
El parlamentario calificó de inconstitucional
el antejuicio de mérito abierto contra Juan Requesens y Julio Borges Justicia,
por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, la cual carece de legitimidad
para iniciar este tipo de procedimiento, más aun cuando este vulnera todo los
procedimientos legales existentes.
“No ha existido un
pronunciamiento por parte del Tribunal Supremo de Justicia o el juez de la
causa para exigir el antejuicio de mérito contra los parlamentarios, menos aún pruebas
contundentes que lo involucre a los hechos, ya que lo único que ha presentado hasta
ahora el régimen son las declaraciones de supuestos integrante de una célula
terroristas que han declarado bajo coacción y tortura”.
Violación flagrante
Valera afirmó que todas estas acciones
constituyen una violación flagrante a los derechos humanos de los detenidos, algunos de los cuales hasta
ahora el régimen no ha brindado fe de vida, impidiendo que sus familias puedan
verlos desde sus detenciones ocurridas entre el 4 y 6 de agosto.
“La propia presentación de Requesens
ante el país, a través de un video en el que se le ve divariante, completamente
drogado con temor a las represalias de sus captores, constituye una prueba de
la violación flagrante de sus derechos constitucionales no solo como diputado sino
como venezolano, más aún cuando no existen pruebas concretas en su
participación en los hechos que se imputan”.
El parlamentario aseguró que a
los largo de los 20 años que lleva en el poder, el régimen contantemente hace
mención a la figura del Magnicidio como herramienta para incrementar su
popularidad y acusar a sus adversarios, elemento que lo obliga a exigir una
investigación transparente y equilibrada de los hechos.
“El magnicidio como tal, es un
acto que no solo coloca en riesgo la vida de cientos de personas sino que atenta contra la institucionalidad
del Estado, elemento que nos obliga a
rechazarlo como vía para impulsar los cambios políticos y sociales que requiere
el país; sin embargo no puede ser usado como herramienta de purga por el régimen
para la persecución política y acabar con la oposición como lo ha venido
haciendo Hugo Chávez y Nicolás Maduro”.
Entradas
