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       Más que soluciones la gira internacional trajo consigo una serie de interrogantes, sobre el número de activos petroleros y minerales hipotecados por Maduro y su comitiva durante su visita presidencial.


“Pocos fueron los avances alcanzados en materia económica y muchas las hipotecas realizadas en el área energética por el Presidente Nicolás Maduro, durante la última gira internacional, la cual más que una visita de Estado se convirtió en un tours vacacional”, así lo dio a conocer el diputado a la Asamblea Nacional por Acción Democrática, Freddy Valera.
El dirigente blanco, aseveró que más que soluciones la gira internacional trajo consigo una serie de interrogantes, sobre el número de activos petroleros y minerales hipotecados por Maduro y su comitiva durante su visita presidencial.
“Cómo demócratas no entendemos, ¿Por qué en medio de una crisis política, económica y alimentaria como la que vive el país, el Presidente de la República continúa despilfarrando los recursos de los venezolanos, al viajar con toda su familia y una extensa comitiva, por más de dos semanas a lo largo del mundo?”.      
Para el parlamentario acción democratista, “más fue la bulla que la cabuya”, ya que hasta la fecha la mayoría de los venezolanos desconocen la magnitud y las condiciones establecidas en los acuerdos bilaterales.
“Cómo venezolanos en Acción Democrática exigimos conocer ¿Cuáles fueron las garantías de las nuevas hipotecas firmadas por Maduro a China y Rusia?, ¿Qué campos petroleros fueron vendidos a precio de gallina flaca? Y ¿Cómo serán invertidos los recursos obtenidos?, con el fin de que no ocurra lo que paso, con los 150 mil millones de dólares que se perdieron en el Fondo de Estabilización Macroeconómica (FONDEN), Fondo Chino y otros proyectos que solo quedaron en anuncios”.

Más acciones que anuncios
En tal sentido, Valera aseguró que los venezolanos requieren más acciones que anuncios, ya que la situación del país no permite “medias tintas”, sino soluciones concretas para salir del abismo en el cual se encuentra sumergido, tras más de 15 años de revolución y corrupción, que han conllevado a una inflación del 246%, una de las más alta del mundo. 
“Desde Acción Democrática queremos que los recursos que ingresen al país sean usado para su recuperación y la eliminación de la pobreza, y que no se despilfarren en mafias de enchufados o amiguitos del Gobierno, que en los últimos 15 años acabaron con más de un millón de millones de dólares, sólo por concepto de ingresos petroleros; 300% más que el presupuesto manejado por los gobiernos en 40 años de democracia”.       
Valera, indicó que los venezolanos necesitan conocer ¿Cuáles serán las medidas económicas a aplicar en los próximos días? , a ¿Cuánto quedará la tasa Sicad?, entre otras interrogantes esenciales para la recuperación del país y la reducción de la inflación.
“En Acción Democrática exigimos respuesta concretas, sobre las acciones que se tomarán para recuperar la economía y potenciar el aparato productivo del país, con el fin de evitar que nuestra gente continúe denigrándose en una cola y sometiéndose al abuso de los funcionarios militares, quienes paradójicamente siempre son los primeros en comprar alimentos”.

Un único responsable
A juicio del parlamentario acción democratista, el pueblo venezolano no se come el cuento de la “Guerra Económica”, ya que está consciente de que el Gobierno controla toda la cadena de producción e importación de productos básicos, mediante las guías de distribución.
“La Guerra Económica no es más que una falacia del Gobierno Nacional para tapar su incapacidad y la destrucción del aparato productivo del país, que ellos mismos impulsaron, ya que las empresas estatizadas, solo producen a una fracción de su capacidad instalada, lo cual nos permite inferir que de ser cierta esta teoría (Guerra Económica), los grandes responsables estarían en el Gobierno Nacional, ya que en sus cadenas de distribución como Mercal, PDVAL y Bicentenario la escasez es brutal y las colas son interminables”.
Frente a esta situación, Valera, instó al pueblo a no quedarse de brazos cruzados y pasarle factura al Gobierno Nacional, impulsando desde las comunidades el cambio político y social que requiere el país, a través del voto.
“En los próximos meses los venezolanos tendremos una oportunidad de oro para impulsar estos cambios, mediante la elección de una nueva Asamblea Nacional, orientada a fortalecer los valores democráticos y legislar a favor del pueblo y para ello debemos estar preparados, con el fin de obtener la mayoría parlamentaria”.(Prensa AD)          


      El dirigente blanco reveló que mientras el Gobierno malgasta los recursos de la Nación con una gira mundial para fortalecer los precios del petróleo y dar oxígeno a la economía, el ciudadano de a pie sigue sufriendo en las calles la falta de alimentos, escasez e inflación, que representan el legado de la revolución.    


“Las constantes colas para la compra de alimentos en los diferentes comercios, el pésimo estado de las empresas básicas y los elevados niveles de inseguridad que se respira en las calles de Ciudad Guayana, en la que cada día al menos dos personas pierden la vida a manos del hampa, son un reflejo del divorcio del régimen con su pueblo”, así lo dio a conocer el Secretario de Organización del partido Acción Democrática en el Municipio Caroní, Ramón Zacarías.
Para el representante blanco, a las autoridades regionales del Partido Socialista Unido de Venezuela poco les importa las penurias por la que atraviesan los guayaneses para comprar un paquete de pañales, un kilo de azúcar o una lata de margarina, pues su único objetivo es mantenerse en el poder a como dé lugar.
“En 15 años de gobierno, la revolución para lo único para lo que ha servido es para hipotecar el país a China, destruir la calidad de vida del venezolano y acusar a la oposición del fracaso de sus políticas gubernamentales, situación que hoy queda al descubierto ante la crisis alimentaria que enfrenta el país”.
A juicio de Zacarías, la crisis que padece el país en materia alimentaria no se resuelve con nuevas expropiaciones o la toma arbitraria de empresas como ocurrió en el pasado con Koma,  Friosa o La Fuente las cuales están completamente quebradas, sino a través  del trabajo conjunto con el empresariado y el aumento de la producción nacional.
“El gobierno ahora pretende tapar 15 años de despilfarro, regaladera a otras Naciones y la destrucción del aparato productivo acusando a Raimundo y todo el mundo de especulador, cuando la realidad es que toda la crisis que padecemos los venezolanos es producto de la destrucción de nuestro aparato productivo a manos del Gobierno Nacional, a través de expropiaciones y confiscaciones”. 
El Secretario de Organización del partido Acción Democrática en el Municipio Caroní, indicó que la mayoría de las empresas expropiadas solo producen a una fracción de su capacidad instalada.

Legado revolucionario
Zacarías, reveló que mientras el Gobierno malgasta los recursos de la Nación con una gira mundial para fortalecer los precios del petróleo y dar oxígeno a la economía, el ciudadano de a pie sigue sufriendo en las calles la falta de alimentos, escasez e inflación, que representan el legado de la revolución.    
“Los últimos 15 años de gobierno revolucionario, solo han servido para incrementar el culto personalista a Chávez, sus gobernadores y alcaldes, que se han valido de la maquinaría del Estado para desplegar un sin número de vallas publicitarias que no resuelven los problemas del pueblo”.
El Secretario de Organización del partido Acción Democrática en el Municipio Caroní, afirmó que solo en la avenida de los trabajadores (antigua Angosturita), existen no menos de 15 vallas del Gobernador, cuatro de las cuales hacen referencia al tema del agua, mientras en las comunidades, el pueblo carece del servicio.
“Un ciudadano debe cancelar un tambor de agua, en no menos de 50 bolívares, monto que para algunas familias es imposible de costear, mientras el Gobernador forra toda la ciudad con vallas”.
Zacarías, indicó que solo el costo de una valla publicitaria, hubiese servido para mejorar un tramo de tubería de agua potable en cualquier comunidad del municipio o colocarle aire acondicionado tres salones de una escuela pública.
Para el dirigente blanco, estas conductas evidencian el poco apego que mantienen las autoridades de Gobierno para con su pueblo, el cual solo recibe dadivas durante la época electoral.
 “Cada día que pasa son más los guayaneses que se distancian del Gobierno, producto de su incapacidad para resolver los problemas que enfrenta el país, que en los últimos años se han triplicado”.
Zacarías, aseveró que en los últimos años el número de homicidios en la región se ha duplicado, producto de la falta de políticas concretas en materia de seguridad y el uso de la policía del estado como guardia pretoriana de comerciantes árabes y asiáticos.
“Todos y cada uno de estos problemas, deben de servir de precursores de los cambios políticos que requiere el país en las mesas de votación con el fin de obtener una mayoría parlamentaria de legisle en pro del pueblo y para el pueblo, con el fin de que Guayana salga del abismo en el que se encuentra”. (Prensa AD).

 
El parlamentario, aseveró que un gobierno que es incapaz de hacer productivas las empresas que controla no tiene moral para impulsar por la fuerza la producción de las empresas privadas.


“La escasez de alimentos en el estado no se resuelve con la conformación de la Sala Situacional del Estado Mayor Contra el Contrabando no resolverá escasez de alimentos en la región”, así lo dio a conocer el diputado por Acción Democrática a la Asamblea Nacional, Freddy Valera.
Para el parlamentario, la salida a la crisis alimentaria y de productos que vive el país no se resuelve con la militarización de las fronteras y los espacios públicos, sino a través del fortalecimiento de la producción y la empresa privada.
“Un Estado que ejerce todo el control sobre el aparato productivo de un país, que no genera oportunidades económicas, no puede pretender por obra de magia incrementar la producción, más aún cuando a lo largo de 15 de años solo se encargo de impulsar una economía de puertos, subyugada a la Comisión de Administración de Divisas, Cadivi”.

Casería de brujas
Valera, indicó que impulsar una casería de brujas mediante la incorporación de los consejos comunales a la guerra económica no resolverá la crisis alimentaria que enfrentan los venezolanos, como tampoco lo ha hecho la militarización de la frontera, más aún cuando son los propios militares y algunos personeros del gobierno quienes controlan la frontera y la distribución de alimentos en el país, mediante las diferentes guías de distribución de alimentos.
“La falta de alimentos en el país, tiene un solo culpable: El ataque constante por más de 15 años al aparato productivo del país, calificado de apátrida y de genuflexo al imperio norteamericano”.
El parlamentario, aseveró que el Ejecutivo Nacional debe reconciliarse con el empresariado privado, si desea garantizar la verdadera soberanía alimentaria a los venezolanos, ya que como empresario esta tarea le ha quedado grande.   
“No existe ninguna empresa estatizada, expropiada o intervenida que esté produciendo al 100% de su capacidad instalada; basta con buscar cemento, café, azúcar, leche u otro alimento o producto hecho en socialismo para comprobar que se encuentran desaparecidos de los anaqueles”.

Diatriba revolucionaria
A juicio de Valera, este tipo de hechos evidencian el fracaso del modelo revolucionario en el país, el cual es incapaz de presentar respuestas y soluciones a los problemas de los venezolanos.
“Un gobierno que es incapaz de hacer productivas las empresas que controla no tiene moral para impulsar por la fuerza la producción de las empresas privadas”.
El parlamentario indicó que las fracciones que integran el bloque democrático en la Asamblea Nacional promoverán la Ley de impulso a la producción nacional, la cual busca fortalecer el aparato productivo venezolano y reducir la dependencia económica de otras naciones.   
“Si el gobierno pretende convertir a Venezuela en un país soberano y económicamente independiente debe fortalecer e impulsar el aparato productivo nacional y la única manera de hacerlo es a través del fortalecimiento de la economía nacional, con lo cual se combatirán otras distorsiones económicas que enfrenta el país, entre ellas la inflación”.
Valera afirmó que de no aplicarse estos correctivos la económica venezolana continuará a la deriva, facilitando el incremento indiscriminado de los precios de los productos, que en los últimos meses se han disparado en más de un 200%”. 
Miembros del Comité Ejecutivo del Municipio Heres denunciaron la reciente implementación del Sistema Biométrico, posee un amplio vacío legal y violenta los artículos 117 y 305 de la Constitución Nacional, por lo que llaman al gobierno a asumir su responsabilidad en el fracaso de las medidas económicas y entienda que buscar solucionar la crisis originada por el excesivo intervencionismo estatal, implementando más controles, es como querer apagar el fuego regándolo con gasolina.


Representantes de Acción Democrática en el municipio Heres denunciaron la elevada escasez de alimentos y alta inflación que afecta el bolsillo de los venezolanos, producto de los desmedidos controles gubernamentales que solo buscan la sumisión del pueblo.
A juicio de los dirigentes de la tolda blanca el presidente Nicolás Maduro, intenta solo corregir las consecuencias de los problemas ignorando las causas que los originan.
Luis Silva, Secretario General de Acción  Democrática en el municipio Heres, en compañía de los miembros del Comité Ejecutivo Seccional de AD,  Saira Aguinagalde, Mily Hernández, Valentín Fuenmayor, Sixto Linarez, Frank Rojas, Ada Alvarez, Juan Montañéz, Sobella Tablante, Euclides Bravo, Ylmar Fajardo y Bladimir Galindo,  señaló que esta omisión o desconocimiento de la realidad que enfrenta el país  ha conllevado al deterioro progresivo de la calidad de vida de los venezolanos, incrementado consigo los problemas que enfrentan los ciudadanos de a pie.
“Ante la grave crisis que atraviesa el sector productivo y nuestra economía en general, la respuesta oficial ha sido incrementar los mecanismos de control, como el Sistema Biométrico de Alimentos; cuando son precisamente los excesivos controles los que entraban y reducen la producción de bienes y servicios en el país, generándose escasez, inflación y especulación.”

Controles ineficientes
Silva, reveló que al igual que muchos programas gubernamentales violenta los artículos 117 y 305 de la Constitución Nacional, y no resuelve el problema de fondo que no es otro que la baja producción de alimentos y productos que posee el país.
“En 2003 se estableció el control de precios, en 2004 el Indecu, en 2008 la Ley de Seguridad Alimentaria, en 2010 Indepabis, en 2011 la Ley de Costos y Precios Justos, todas con carácter restrictivo y punitivo, haciendo ver que los responsables de la escasez y la inflación eran los empresarios, sin embargo los problemas lejos de solucionarse se agudizaron”.
El Secretario General de AD en el municipio Heres, recordó que sumado a estos controles desde el año 2008 está vigente el SICA (Sistema Integral de Control Agroalimentario) y desde el 2012 el SICM (Sistema Integral de Control de Medicamentos) los cuales obligan a portar guías de movilización para transportar alimentos, productos agropecuarios o medicamentos, rubros que a pesar de estos controles son los más difíciles de obtener para el consumidor venezolano.
“Ni la colocación chips de control para la compra de combustible y alimentos en los estados fronterizos, ni las guías de movilización de alimentos, ni el cierre nocturno de la frontera con Colombia, han logrado reducir la escasez, ni la inflación que padecen los venezolanos”.

Sin responsabilidad
Silva, anunció que ahora el gobierno nacional pretende acusar a los consumidores de ser los responsables de los bajos inventarios y de los altos precios, razón por la cual anunció la implementación del capta huellas para controlar la compra de productos de la cesta alimentaria, no solo en los establecimientos públicos como Mercal Y Pdval, sino también en los supermercados privados y no solo en los estados fronterizos sino en todo el territorio nacional.
Ante esta imposición del gobierno nacional, el representante del Comité Ejecutivo del Municipio Heres denunció la violentando de los artículos 117 y 305 de la Constitución Nacional.
“El  artículo 117 de Carta Magna establece el derecho a las personas de disponer de bienes y servicios de calidad, así como la libertad de elección y a un trato equitativo y digno; mientras que el artículo 305 corresponde a la obligatoriedad del Estado a promover la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral, y en consecuencia garantizará la seguridad alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público consumidor, elementos que no se cumplen”.
El representante del Comité Ejecutivo del Municipio Heres, instó al Gobierno a asumir su responsabilidad en el fracaso de las medidas económicas aplicadas y solucionar la crisis originada por el excesivo intervencionismo estatal.
“Como demócratas le exigimos al gobierno nacional una mayor inversión en las áreas de producción de alimentos, menos importación y controles, ya que su exacerbada aplicación conlleva a las distorsiones económicas que hoy padecemos los venezolanos. La aplicación de controles e importaciones es como querer apagar el fuego regándolo con gasolina”.
Silva, sugirió de manera paralela el desmontaje gradual y paulatino de los mecanismos de control antes mencionados, respetando las leyes de mercado y estimulando la participación del capital privado. (Prensa AD)
     Para la concejal la aplicación del nuevo sistema conlleva a una serie de de factores sociales más complicados, que podrían acarrear no solo el racionamiento de alimentos sino a la polarización de la sociedad, entre ellas qué tipo de base de huellas dactilares se va a usar para la aplicación de la medida.


“Desde Acción Democrática comprometido con las necesidades de nuestro pueblo queremos rechazar enfáticamente la aplicación del Sistema Biométrico para compara de alimentos en Guayana, por considerar que no resuelve el problema de fondo de nuestra economía que no es otro que la falta de producción”, así lo dio a conocer la concejal de Acción Democrática ante el Concejo Municipal Socialista de Caroní, Aida González.
La representante de la tolda blanca aseveró que la medida lejos de impedir el contrabando de alimentos a otras naciones constituye la instauración en el país de la tarjeta de racionamiento cubana.
“Sistema Biométrico Alimentario no es más que la instauración electrónica de la tarjeta de racionamiento cubana, ya que no impidió la salida de alimentos a través de las fronteras, como tampoco lo han hecho los 17 mil efectivos militares desplegados durante los últimos días en la zona por el gobierno nacional”.

Anaqueles vacios
González, reveló que pese a las medidas desplegadas por el gobierno nacional los anaqueles de supermercados y comercios permanecen vacíos.
“El problema de fondo a la falta de alimentos no está en el incremento del poder adquisitivo de la población, ya que más del 70% de los venezolanos devengan un poco más del salario mínimo, menos aún en la exportación de productos, sino en la aplicación de un modelo socialista anacrónico cuyo único objetivo es al sumisión del pueblo, mediante controles”.
La concejal, cuestionó que los altos jerarcas del gobierno nacional realicen colas para la compra de alimentos o paguen sobreprecio por alimentos de la cesta básica, como lo hace la mayoría de los venezolanos que deben comprar alimentos a sobreprecio a los buhoneros o en la bodegas de la cuadra.  
“La mayoría de los guayaneses conocimos la bondades del pleno empleo, cuando estaban las empresas básicas en sus máximos niveles de producción y degustamos las más amplia variedad de productos en Koma y Friosa, empresas que a más de cuatro de su estatización se encuentran complemente quebradas, al igual que el resto de las compañías e industrias de alimentos expropiadas por el gobierno nacional bajo la consigna Hecho en socialismo”.
González, aseveró que desde los Supermercados Bicentenarios hasta los Mercal, el gobierno nacional ha implementado un cerco alimentario a la población, limitando la venta de productos a dos por personas, tras la realización de largas colas.

Vacío legal
Para la concejal la aplicación del nuevo sistema conlleva a una serie de de factores sociales más complicados, que podrían acarrear no solo el racionamiento de alimentos sino a la polarización de la sociedad.
“Como demócratas queremos alertar sobre la necesidad de definir los parámetros y normas para la aplicación del sistema biométrico, puesto que su uso inapropiado podrá acarrear nuevas formas de segregación similares a la Lista Tascón”    
González, afirmó que el gobierno nacional debe explicarle a los venezolanos que base de huellas dactilares se va a usar para la aplicación de la medida.
“Los venezolanos tenemos que saber que data se usara en la aplicación del mecanismo, ya que la del Consejo Nacional Electoral, CNE,  no cuenta con la información necesaria sobre los adolescentes y los extranjeros legales o indocumentados”.
La concejal, indicó que la incorporación de la base del CNE constituiría una violación al derecho a la alimentación de los venezolanos, limitando así la compra de alimento solo a personas mayores de edad y nacidos en el país, pues los anuncios no contemplan el uso de pasaporte.
“Hasta ahora los venezolanos desconocemos cuál será el número promedio de integrantes por familias, qué productos serán supervisados por este nuevo mecanismo, la cantidad mínimas de compra y el lapso para renovarlas, así como las posibles sanciones para aquellos compradores que hagan compras exorbitantes como los restaurantes y ventas de alimentos.” 
González, precisó que son este cumulo de interrogantes las que obligan a dirección de Acción Democrática a denunciar la inviabilidad de la medida y lo inconstitucional de su aplicación. 
“Ante la violación del derecho a la alimentación de los venezolanos, Acción Democrática continuará en la calle denunciando este tipo de arbitrariedades que representan una violación de nuestra constitución”.  (Prensa AD)

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