Para la
parlamentaria es lamentable que a 26 años de los hechos del Caracazo, el
gobierno de Nicolás Maduro continúe con la dicotomía revolucionaria de
solicitar la investigación y el encarcelamiento de los culpables de la muertes
y el uso excesivo de la fuerza de esos hechos y mande a los funcionarios
policiales y militares pistola en mano a reprimir a nuestros jóvenes en universidades
y casa de estudios.
“Es inaudito que un
gobierno que se haga llamar humanista y que haya criticado el uso de armas de
fuego durante los trágicos acontecimientos del 27 y 28 de febrero, conocidos
como El Caracazo, hoy pretenda desconocer la decisión de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, (Cidh), para auspiciar el uso de armas de
fuego en manifestaciones públicas”, así lo dio conocer la diputada al Consejo
Legislativo del Estado Bolívar por Acción Democrática, Nelly Frederick.
La diputada blanca
señaló que la violación a la sentencia del organismo internacional pro defensa
de los Derechos Humanos, que prohíbe al Gobierno Nacional el uso de armas de
fuego durante manifestaciones y protestas públicas, solo busca atornillar al
Presidente de la República en el poder, ante el creciente descontento popular
por su incapacidad como mandatario.
“El único objetivo
que busca el Gobierno Nacional tras la aplicación de la Resolución 8.610, que
permite el uso de armas de fuego en manifestaciones públicas, es el de generar
terror dentro de la población y evitar que nuevos venezolanos se sumen al
descontento popular que se incrementa día tras días ante el fracaso continuado
del régimen para resolver los problemas de todos los venezolanos”.
Cerco jurídico
Frederick, denunció
que aunado al accionar violento de los funcionarios policiales de “disparar a
discreción” contra manifestantes, el Gobierno Nacional pretende crear un cerco jurídico
que permita reinterpretar la legislación a sus necesidades y coartar el
legitimo derecho a la protesta y a la manifestación pacífica de todos los
venezolanos.
“La aplicación de la
resolución 8.610 aunada a la sentencia del
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que proscribió las protestas espontáneas,
solo busca coartar el derecho a manifestar de los venezolanos consagrado en el
artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que
establece que los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar,
pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establece la
ley(…)Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de
manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos
policiales y de seguridad en el control del orden público”.
Convictos y confesos
Para la
parlamentaria la aplicación de políticas orientadas a incitar el odio y la
violencia entre los venezolanos por parte del Gobierno Nacional no es nueva, mucho
antes del ascenso del presidente Hugo Chávez al poder, los principales
ministros del régimen fueron los que propiciaron el rompimiento del hilo
constitucional en el país mediante dos intentonas golpistas.
“Nadie que empuñe un
arma de fuego para matar compatriotas y hacerse del poder con la anuencia y el
respaldo de un gobierno extranjero como el de Cuba puede hablar hoy en día de
injerencia o magnicidio, ya que sus
manos siempre han estado manchadas de sangre”.
Frederick, aseveró
que en el país no solo está en juego el estado de derecho, sino la continuidad
del sistema democrático tan vapuleado durante 16 años de régimen
revolucionario.
“Es lamentable que a
26 años de los hechos del Caracazo, el gobierno de Nicolás Maduro continúe con
la dicotomía revolucionaria de solicitar la investigación y el encarcelamiento
de los culpables de la muertes y el uso excesivo de la fuerza de esos hechos y
mande a los funcionarios policiales y militares pistola en mano a reprimir a
nuestros jóvenes en universidades y casa de estudios”.
Salida electoral
La parlamentaria
reveló que solo la tarde de este viernes cinco jóvenes fueron heridos de
gravedad por acciones de protestas registradas en el núcleo Táchira de la
Universidad de los Andes, que sumado a los deceso del joven de bachillerato
evidencia el clima de violencia e ingobernabilidad que propicia el Gobierno
Nacional.
“Como demócrata y
madre de familia le exijo al estado la derogación de la resolución 8.610, para
evitar que nuestros estudiantes y jóvenes continúen siendo asesinados a
mansalva por los funcionarios policiales”.
La parlamentaria
cree que la salida a la crisis que enfrentan los venezolanos no está en la
violencia sino en las urnas de votación, de allí la importancia de cada uno de los
ciudadanos aplique el voto castigo en las próximas elecciones parlamentarias.
“Si la familia organizada no sale a votar
masivamente en las próximas elecciones son pocos o avances que en materia
democrática mantendremos los venezolanos, de allí la importancia de elegir
hombres y mujeres comprometidos con el país que legislen por el pueblo y para
el pueblo venezolanos” (Prensa AD)
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